El PP impulsa una ley para vetar el burka con sanciones de hasta 600 euros

La iniciativa plantea regular la ocultación del rostro en espacios públicos con multas progresivas y excepciones por motivos médicos, laborales o climáticos

El Partido Popular ha registrado en el Congreso y en el Senado una proposición de Ley Orgánica destinada a regular el uso de prendas que oculten el rostro en espacios públicos. La iniciativa contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los 600 euros, aunque incluye excepciones específicas, entre ellas las derivadas de condiciones meteorológicas adversas.

La propuesta llega pocos días después de que el Pleno del Congreso rechazara una iniciativa similar presentada por Vox. En este caso, el texto del PP no menciona exclusivamente el burka o el nicab, sino que plantea una regulación más amplia sobre cualquier elemento que “oculte total o parcialmente el rostro” e impida o dificulte la identificación de la persona.

Según el planteamiento del grupo popular, la norma tiene como objetivo garantizar la convivencia democrática, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. La infracción se consideraría leve, con una multa inicial de 100 euros, que podría incrementarse hasta 600 euros en caso de reincidencia. También se prevé sanción para quienes inciten al incumplimiento de la ley, según Europa Press.

Como alternativa a la multa, la autoridad competente podría ofrecer la participación voluntaria en programas de sensibilización, formación o integración social, una medida que el PP enmarca en una estrategia más amplia de cohesión.

Excepciones y debate político

La proposición establece una serie de excepciones claras. No se aplicaría la prohibición cuando la ocultación del rostro responda a razones médicas o sanitarias, exigencias laborales, actividades culturales o deportivas autorizadas, ni cuando esté motivada por condiciones climáticas como frío extremo. También quedarían fuera los supuestos expresamente contemplados por otras leyes.

El texto señala que la norma tendría aplicación en todo el territorio nacional, aunque respeta las competencias autonómicas y municipales siempre que estas se ajusten al marco general establecido por la ley estatal.

La iniciativa ha reavivado el debate político. Mientras el PP defiende que se trata de una regulación basada en la identificación y la seguridad, otras formaciones consideran que la medida puede abrir un conflicto en torno a la libertad religiosa y la diversidad cultural. La reciente votación sobre la propuesta de Vox mostró una clara división en el hemiciclo, con el apoyo de PP y UPN, la abstención de Coalición Canaria y el rechazo del resto de grupos.

Más allá del recorrido parlamentario que pueda tener la proposición, el anuncio vuelve a situar en el centro del debate cuestiones como la integración, la seguridad y los límites entre derechos individuales y normas de convivencia. La discusión no solo será jurídica, sino también social, en un contexto en el que las políticas de identidad y los modelos de integración continúan generando intensas posiciones enfrentadas.