La Audiencia Nacional investiga un recorte de casi 100.000 euros en la obra de emergencia de ADIF adjudicada a Levantina Ingeniería y Construcción

El juez Ismael Moreno traslada al fiscal la petición del investigado Joseba Antxon Alonso Egurrola para examinar su móvil intervenido, mientras la UCO remite a la Oficina Antifraude de Hacienda las diligencias sobre el contrato de refuerzo de taludes en la línea Gijón-Pravia

La Sección de Instrucción de la Plaza número 2 del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado-juez Ismael Moreno Chamarro, ha dictado una nueva providencia en el marco de la Pieza Separada 65/2023-0008-P, derivada de las Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 65/2023, instruidas por un presunto delito de estafa relacionado con contratos de obra pública.

La resolución, fechada el 15 de septiembre de 2026, da cuenta de dos actuaciones paralelas: la petición de la defensa del investigado Joseba Antxon Alonso Egurrola para acceder a su terminal telefónico intervenido, y el resultado de las gestiones de la Guardia Civil sobre el contrato de emergencia adjudicado por ADIF a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LLIC) para reparar los taludes de la línea férrea Gijón-Pravia, en Asturias.

La petición sobre el móvil intervenido

El procurador Antonio Ortega Fuentes, en representación de Alonso Egurrola, solicitó al juzgado autorización para que su cliente y su representación procesal puedan realizar una comprobación visual del terminal telefónico y la tarjeta SIM que le fueron intervenidos, tras haber recibido un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de fecha 7 de septiembre, sobre el estado y la custodia de dicho dispositivo. El juez ha acordado dar traslado de la petición al Ministerio Fiscal para que informe antes de resolver, y ha señalado que la comprobación deberá producirse en las dependencias donde se custodia el terminal y en presencia del agente responsable.

El contrato de ADIF, bajo la lupa

La providencia también incorpora a la causa dos oficios remitidos por la UCO, adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. El primero, de 10 de septiembre, informa de que un mandamiento judicial dirigido a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria fue efectivamente remitido a ese organismo el día 8 de septiembre.

El segundo, de 14 de septiembre, detalla el cumplimiento de un requerimiento de información a ADIF sobre los trabajos ejecutados por Levantina Ingeniería y Construcción en el expediente 3.20/27507.0207. Según el oficio, agentes de la UCO se personaron el 11 de septiembre en la sede de ADIF, en la calle Sor Ángela de la Cruz de Madrid, y entregaron el requerimiento al director de Coordinación de la Dirección General Financiera de Compras y Contratación, Jesús María Campo Campo. Ese mismo día, la secretaria general de ADIF, Irene Bonet Tous, remitió por correo electrónico el informe de revisión de la certificación final del contrato.

Un desprendimiento con heridos y una obra rebajada un 20%
El contrato investigado, adjudicado al amparo de la Ley 9/2017, tiene su origen en el desprendimiento de tierras que el 14 de octubre de 2020 se produjo en el talud de la línea 750 Gijón Sanz Crespo-Pravia, en el tramo asturiano de la red de ancho métrico de ADIF. El deslizamiento provocó el descarrilamiento de un tren de viajeros, con heridos de carácter leve, y llevó a declarar la emergencia para reforzar los taludes mediante mallas, bulones y geomallas en dos trincheras cercanas.

El presupuesto inicial de adjudicación ascendía a 489.300 euros (antes de IVA). Sin embargo, el informe de revisión firmado por el subdirector de Análisis de Actuaciones y Control Interno de ADIF, Luis Monereo Vaquerizo, certifica un importe final de 373.405,45 euros, lo que supone una reducción de 97.224,28 euros, un 19,87% menos que lo adjudicado. La obra fue recepcionada el 3 de marzo de 2022.

El desglose final por capítulos certifica 13.893,89 euros en tratamiento de vegetación, 325.087,41 euros en refuerzo de talud —la partida principal, que incluye mallas metálicas, geomallas y bulones autoperforantes—, 5.718,27 euros en seguridad y salud, y 28.705,88 euros en la partida de «varios», que incluye 24.473,28 euros por 624 horas de piloto de vía. El informe de ADIF concluye que las mediciones certificadas «se corresponden con los trabajos ejecutados durante la obra de emergencia» y son coherentes con la documentación justificativa aportada por los responsables del contrato, por lo que recomienda continuar con los trámites administrativos ordinarios.

La causa, calificada como estafa «en todos los supuestos», permanece abierta a la espera del informe del Ministerio Fiscal sobre el acceso al terminal del investigado y del resultado de las gestiones derivadas del mandamiento remitido a la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria.