La asociación mayoritaria de jueces rechaza la ley de amnistía

Imagen de la mano de un juez con la toga negra que visten en las vistas orales. | Fuente: Eduardo Parra / Europa Press.

La APM considera «inaceptable e inasumible para una democracia plena» que se impulse dicha medida

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de los jueces, ha manifestado su «más firme rechazo» a una futura ley de amnistía que «tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial». Además, ha advertido de que esta medida supone «el principio del fin» de la democracia española.

«Se pretende dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho», ha criticado la APM en un comunicado en el que ha recordado que lleva mucho tiempo alertando «sobre el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho».

La asociación considera «inaceptable e inasumible para una democracia plena» que se impulse una norma legal que «exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar formalmente en un nuevo proceso constituyente».

«Vulnera el principio de igualdad»

Asimismo, la APM ha alertado de que la ley de amnistía «vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones».

De este modo, ha expresado su rechazo a una ley de amnistía que «tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial», el «último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política».

En este sentido, ha censurado que la norma se impulse «para tener los votos necesarios para una investidura», si bien ha señalado que no se pronunciará sobre el hecho de que esta norma se esté pactando por el PSOE «con los máximos responsables» de los delitos «graves» del 1 de octubre. «No nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos», ha zanjado.