La Asociación de Fiscales lleva a España ante la Justicia europea por los nombramientos ‘a dedo’ del Constitucional

La organización alerta de que el sistema de designación compromete la apariencia de independencia de la Fiscalía y erosiona la confianza ciudadana

La Asociación de Fiscales (AF) ha decidido demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a raíz de dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional. A juicio de la organización representativa, las resoluciones del tribunal de garantías amparan una política de nombramientos discrecionales en la cúpula de la Fiscalía General del Estado, consolidando un modelo de designaciones basadas en la afinidad ideológica.

La demanda se fundamenta de forma directa en el fallo dictado por el Constitucional el pasado 15 de enero, el cual otorgó el amparo al fiscal Eduardo Esteban. Dicho nombramiento, promovido originalmente por la exfiscal general Dolores Delgado, había sido anulado previamente por el Tribunal Supremo al considerar que carecía de la motivación necesaria y que vulneraba los principios exigidos en la carrera judicial.

Desde la asociación denuncian que la doctrina establecida por el Constitucional desdeña la obligatoriedad de acreditar méritos técnicos y de especialización específicos para el desempeño de los cargos de alta responsabilidad. La AF advierte de una «clara vulneración» del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al validarse formalmente que criterios ajenos a la capacidad puedan resultar determinantes en la justicia.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha alertado de que esta postura del tribunal legítima que el sesgo político se imponga sobre la preparación técnica, revistiéndose de argumentación jurídica formal. Sostienen que esta práctica trasciende el caso concreto de Esteban, debilita las garantías del ejercicio público y compromete de forma grave la credibilidad de la Fiscalía ante los ciudadanos.

Por su parte, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional —que contó en su día con la abstención de su presidente, Cándido Conde-Pumpido— justificó el amparo al estimar que el Tribunal Supremo no razonó adecuadamente la prohibición de valorar de forma conjunta otros criterios normativos más allá de la estricta especialización del candidato.