PSOE, BNG y Sumar pactan impulsar la transferencia de la AP-9 a Galicia

El acuerdo contempla que la Xunta pueda asumir funciones como la supervisión de la autopista, la autorización de nuevos tramos o reformas y la capacidad de actuar sobre el sistema de peajes y descuentos

El Congreso de los Diputados se prepara para dar un nuevo paso en la histórica reclamación sobre la AP-9, después de que PSOE, BNG y Sumar hayan alcanzado un acuerdo para impulsar la transferencia tanto de la gestión como de la titularidad de la autopista a la Xunta de Galicia. El pacto llega tras semanas de negociaciones y se alinea con la demanda aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego.

El nuevo texto pactado establece como objetivo principal que Galicia asuma las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios relacionados con la conocida como Autopista del Atlántico. La propuesta seguirá ahora su tramitación parlamentaria antes de que pueda formalizarse mediante una comisión bilateral entre el Gobierno central y la Xunta.

La AP-9 es considerada una infraestructura estratégica para Galicia por conectar las principales ciudades y áreas económicas de la comunidad. Por ello, el debate sobre su control y gestión ha sido una reivindicación política y social durante años, especialmente en relación con los peajes y el funcionamiento de la concesión.

Cómo se repartirán las competencias y responsabilidades

El acuerdo contempla que la Xunta pueda asumir funciones como la supervisión de la autopista, la autorización de nuevos tramos o reformas y la capacidad de actuar sobre el sistema de peajes y descuentos. También tendría competencias para controlar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa concesionaria.

Sin embargo, el texto también deja claro que el Estado mantendrá las obligaciones económicas derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia. Por su parte, la Xunta deberá asumir los costes económicos de cualquier modificación futura que impulse una vez se haga efectivo el traspaso.

El pacto supone un avance político importante en una cuestión que ha generado debate durante años en Galicia. Ahora, todas las miradas están puestas en la tramitación parlamentaria y en las futuras negociaciones entre administraciones para concretar cómo se aplicará finalmente la transferencia de una de las infraestructuras más relevantes del noroeste español.