Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez instructor del caso Koldo de no devolverle para su uso la motocicleta de la marca Suzuki y el vehículo propiedad de su esposa, un crossover modelo Kia Niro.
Según un documento presentado por su defensa, al que Europa Press ha tenido acceso, fue en febrero de 2024 cuando el Juzgado Central de Instrucción número 2 determinó «la prohibición absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar» ciertos vehículos de la pareja».
Ahora, en un intento por hacer que la Sala de lo Penal revoque esta decisión del juez, se destaca que estos vehículos «son los medios de transporte que tienen a su disposición para su vida diaria, tanto para desplazarse a sus trabajos como para llevar y recoger a su hija de cuatro años del colegio».
«No podemos compartir la extrema dureza que supone para nuestros representados privarles de todo medio de transporte para su quehacer diario y poder continuar con sus labores profesionales, y, sobre todo, para permitir que la hija de mis patrocinados pueda seguir acudiendo al colegio y a sus actividades extraescolares», apunta el escrito.
En este sentido, entiende la defensa que se puede mantener la prohibición de vender o enajenar esos bienes pero al mismo tiempo permitir la utilización de los mismos. Esto, a su juicio no supone «sino respetar la finalidad que se persigue con la medida cautelar, pues existiendo el bien, siempre podrá responder a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran en el futuro recaer».
Ante esta pretensión del que es uno de los principales investigados de la causa y de su mujer, el Ministerio Público señala que debe desestimarse dado que ambos vehículos fueron utilizados para asistir a reuniones y encuentros relacionados con los hechos investigados, tal y como consta en seguimientos y vigilancias realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Koldo García «ha utilizado el referido vehículo la Suzuki para asistir a las reuniones y encuentros con otros de los investigados, que integran la trama criminal investigada, así como con terceros que pudieran tener relación con los hechos investigados», señala el informe del fiscal Luis Pastor, al que también ha tenido acceso Europa Press.
Además, el fiscal anticorrupción señala que esta circunstancia también se aplica al vehículo de la esposa del exasesor, Patricia Uriz, y recuerda que no se puede olvidar que ambos «adquirieron los vehículos con posterioridad a los contratos investigados y al mismo tiempo que se produjo un notable aumento patrimonial por parte del investigado y su entorno familiar, como resultado de las dádivas recibidas por su intervención en la adjudicación de los contratos investigados a Soluciones de Gestión».
La Fiscalía Anticorrupción les atribuye a todos presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. En total, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.