Aunque la causa sobre la presunta financiación ilegal del PSOE se halla secreta desde hace meses, entre las diligencias se halla documentación que le ha enviado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acredita que existen y hay pruebas de que el PSOE se ha financiado ilegalmente durante la etapa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y máximo responsable del partido.
Aunque fue el Caso Mascarillas y ese el objeto del juicio contra Koldo, Aldama y José Luis Ábalos (exnúmero dos del PSOE y condenado a 24 años de cárcel por el caso de la adjudicación de mascarillas durante la pandemia), en la vista oral los magistrados apreciaron claramente que hubo financiación ilegal.
Por eso, tras el juicio, los magistrados del Supremo extrajeron de la causa diligencias y testimonios de los propios encausados en los que se observan con claridad, según entendieron entonced los altos magistrados, los amaños financieros socialistas.
La causa de la financiación la lleva en secreto el juez central de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
A once días de las elecciones
Y es que, a once días de las elecciones generales del 29 de noviembre, las cuentas del PSOE están bajo dos lupas judiciales en la Audiencia Nacional. La más delicada para el partido la sostiene el juez Ismael Moreno, que investiga en una pieza separada y secreta del caso Koldo si Ferraz se financió de forma irregular.
La última diligencia conocida se practicó el jueves 12 de noviembre: agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a la sede del Tribunal de Cuentas, acompañados de una letrada de la Administración de Justicia, para reclamar documentación sobre las donaciones recibidas por el partido.
El magistrado dio al órgano fiscalizador diez días para entregarla.
El motivo es que las cuentas no cuadran. Antes del verano, Moreno pidió al Tribunal de Cuentas toda la contabilidad que el PSOE le había remitido, incluidas las aportaciones privadas. Al cruzar esos datos con la documentación entregada por el propio partido y con la información de los bancos, los investigadores detectaron discrepancias en las donaciones del periodo 2017-2024 y consideran incompleta parte de la información recibida. Una parte del requerimiento afecta a 2017, el año en que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General tras ganar las primarias.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción trabajan con dos hipótesis. La primera, que el partido pudiera haber utilizado pequeñas donaciones fraccionadas, lo que en la jerga policial se conoce como pitufeo, para introducir fondos de origen irregular en su contabilidad oficial. La segunda, que algunas de esas aportaciones encubrieran supuestas comisiones de constructoras que obtuvieron grandes contratos de obra pública.
Ninguna de las dos está acreditada. Los descuadres contables no prueban por sí mismos una financiación ilegal, y la investigación trata precisamente de determinar su origen y si tienen relevancia penal. El Tribunal de Cuentas, además, solo fiscaliza la contabilidad oficial de los partidos, la que estos declaran.
La causa nació de los sobres. En octubre de 2025, un informe patrimonial de la UCO sobre José Luis Ábalos detectó pagos en efectivo del PSOE al exministro y a su asesor, Koldo García, que no casaban, ni por fechas ni por importes, con la documentación que el partido había entregado al Tribunal Supremo. Los agentes situaron en torno a 32.000 euros el dinero en metálico recibido en sobres, que, según conversaciones intervenidas, recogía en Ferraz la entonces esposa de Koldo, Patricia Úriz.
El magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, concluyó que ni el partido ni su exgerente explicaban el origen de ese efectivo y remitió los indicios a la Audiencia Nacional. Allí, Moreno abrió la pieza a finales de octubre de 2025 por posibles delitos de blanqueo, un eventual desfalco al propio partido y otras irregularidades.
El 26 de noviembre de 2025, el juez ordenó al PSOE entregar todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, con sus justificantes y sin distinguir destinatario.
Ferraz aportó en diciembre un pendrive con ocho años de pagos: sus libros cifran el efectivo en 940.388 euros. El partido atribuye la práctica totalidad a retiradas de su cuenta bancaria y sostiene que solo 7.283 euros fueron ingresos atípicos. En febrero de 2026, Moreno declaró secreta la pieza por la gravedad de los hechos.
Por el juzgado han pasado como testigos el exgerente Mariano Moreno Pavón y la empresaria Carmen Pano. Moreno Pavón ocupó el cargo entre 2017 y 2021 y admitió que Ábalos se autorizaba sus propios gastos y que el control era meramente visual.
Pano, junto a su chófer, relató dos entregas de 45.000 euros en la sede socialista en octubre de 2020, algo que Víctor de Aldama niega. Una auditoría encargada por el partido descartó la existencia de una caja b, aunque describió una gestión del efectivo laxa, con recibos dudosos y gastos elevados.
El segundo frente lo instruye el juez Santiago Pedraz en el caso Leire Díez, la supuesta trama organizada para desactivar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.
El 27 de mayo, la UCO pasó más de doce horas en Ferraz para cumplir un requerimiento judicial. Se llevó, entre otro material, el ordenador de Santos Cerdán y siete cajas de documentación guardadas en el sótano. Ese mismo día, Pedraz imputó a Cerdán, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset.
En julio, el juez abrió una pieza económica para averiguar si el PSOE puso su estructura financiera al servicio de Díez. La UCO ha rastreado 43.225 euros de origen socialista que llegaron a la exmilitante: 27.225 a través de la sociedad del abogado Ismael Oliver y 16.000 en cuatro nóminas de Zaño, la consultora vinculada a Zarrías, que facturaba al partido 7.500 euros más IVA al mes.
El letrado Jacobo Teijelo facturó otros 125.000 euros. Los investigadores sospechan que parte de esas facturas eran mendaces y servían para pagar de forma encubierta los servicios de Díez. Pedraz ha autorizado además el análisis de seis cuentas bancarias del partido.
El PP, personado como acusación popular, pidió en octubre la imputación del PSOE como persona jurídica por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación.
El 9 de octubre, Pedraz rechazó la petición «de momento», en línea con Anticorrupción, porque aún faltan diligencias por practicar, pero dejó la puerta abierta. Después, el PSOE pidió más tiempo para entregar sus contratos con abogados y consultores alegando que estaba volcado en la campaña. El juez le dio quince días para hacerlo «sin más demora».
Las investigaciones judiciales no se ha detenido en plena campaña. El 5 de noviembre, Ismael Moreno ordenó seis detenciones en otra pieza secreta del caso Koldo, por supuestos delitos de blanqueo, tráfico de influencias y organización criminal. Entre los detenidos estaban la pareja de Ábalos y Cristian Corvillo, chófer de Sánchez durante las primarias de 2017. La UCO registró la vivienda del exministro en Valencia y pidió documentación a Adif y a la constructora Azvi. Todos quedaron en libertad tras declarar.
El PSOE niega cualquier financiación ilegal. La dirección sostiene que todos los pagos investigados están justificados, auditados y comunicados al Tribunal de Cuentas. Recuerda también que ningún juez ha imputado al partido ni ha declarado la existencia de una caja b.
Lo que está en juego no es menor. El Código Penal castiga la financiación ilegal de partidos con multas del triple al quíntuplo de lo recibido y, en los casos más graves, con prisión de hasta cuatro años.
El precedente está cerca. En 2013, el juez Pablo Ruz envió a la UDEF a la sede del PP en Génova con un requerimiento de documentación. En 2018, la Audiencia Nacional condenó a ese partido como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel. Fue esta sentencia la que costó a Mariano Rajoy la presidencia del Gobierno.