España vive este miércoles su primera huelga general en 14 años con dos relatos opuestos y un termómetro que no da la razón del todo a ninguno. La convocan CCOO y UGT, que no respaldaban un paro de este tipo desde 2012, y llega a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. El motivo principal es la vivienda: los sindicatos registraron la convocatoria en el Ministerio de Trabajo el 19 de octubre con el lema ‘Salarios, vivienda y precios’.
La única medida de la incidencia real que no depende de las partes es la demanda de electricidad, y no es la de una huelga masiva. Pasadas las 8.00 horas, la demanda había bajado alrededor de un 10 %, menos que en huelgas anteriores, en las que superó el 14 %. A media mañana la caída fue a menos.
El punto más bajo llegó a las 10.05 horas, casi un 9 % por debajo de la media del último mes, y a las 12.00 horas el consumo estaba un 6,19 % por debajo de lo habitual, según Red Eléctrica. Si se compara con el día anterior, el descenso es todavía menor: un 2,6 % a las 12.00 horas, un 5,34 % por debajo de la previsión del operador.
En 2012 la caída fue del 19,98 %. Aun así, este dato mide sobre todo la actividad industrial. No indica cuántos trabajadores han parado en comercio, servicios o en la Administración.
Las fábricas son precisamente donde más se ha notado el paro. CCOO y UGT sitúan el seguimiento en la automoción en el 90 %, con la producción parada en plantas como Volkswagen Navarra y Seat Barcelona. También dan un 90 % en los puertos, un 85 % en la industria cárnica, un 82 % en la recogida de basuras y un 75 % en energía.
En el ámbito sociosanitario la cifra baja al 38 % y en Correos al 35,04 %. En la estiba de Algeciras, CCOO habla de un seguimiento total y las terminales de contenedores están paralizadas.
El mapa territorial es muy irregular, y los propios convocantes lo admiten. CCOO y UGT reconocen un seguimiento «dispar», que va del 75 % en Andalucía y Aragón al 41 % en Extremadura y Castilla-La Mancha. En Cataluña, CCOO lo eleva al 84 %, ya descontados los servicios mínimos. UGT y CCOO dicen que se han adherido unos 2.500 comités de empresa.
La patronal da una versión muy distinta. CEOE habla de diferencias entre sectores y territorios, con «un bajo seguimiento en la mayoría de ellos», aunque reconoce que es algo más alto donde hay más presencia sindical. Garamendi ha ido más allá: ha acusado al Gobierno de apoyar la huelga, a la que ha llamado «oficial», «atípica» y «preventiva», y ha dicho que apenas ha afectado a autónomos, comercio y municipios.
Las patronales territoriales rebajan aún más las cifras. En Castilla-La Mancha los sindicatos hablan del 60 % y la patronal del 5 %. En las grandes empresas de Zamora, CEOE calcula un 0,53 %. Los hoteleros de Cehat dicen que en sus establecimientos el seguimiento es nulo.
En el transporte el efecto ha sido limitado. Renfe calcula que ha parado el 6,83 % de su plantilla sumando los turnos de noche y mañana. Se ha suprimido el 24 % de los AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, y los mayores problemas están en Cercanías de Madrid y Rodalies.
En Madrid, los servicios mínimos acabaron en los tribunales: el TSJ suspendió de forma cautelarísima los que había fijado el Gobierno de Ayuso en Justicia, Educación y Transportes, salvo en Metro.
La jornada también ha estado tensa en la calle. A primera hora había ya al menos 27 detenidos, y CEOE denuncia que los piquetes han dificultado el acceso a polígonos, a ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla y al puerto de Algeciras. Los sindicatos responden con sus propias quejas. Pepe Álvarez ha acusado a la Policía Nacional de impedir el derecho de huelga y de «arrinconar» al piquete informativo de Mercamadrid.
Cuando falta medio día, el resultado provisional es una huelga fuerte en las fábricas, en la logística y donde los sindicatos tienen más afiliados, pero débil en los servicios, el comercio y la hostelería.
Lo que pase con el consumo eléctrico por la tarde y el tamaño de las manifestaciones decidirán cuál de los dos relatos se impone de aquí al 29 de noviembre.