Hoy: 23 de noviembre de 2024
El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, encargado de investigar el ‘caso Negreira’, ha imputado a todos los involucrados en el hecho, incluyendo al FC Barcelona como entidad jurídica, por un presunto delito de cohecho, según se desprende del auto consultado por Europa Press. En este sentido, el juez alerta que el supuesto soborno “se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la existencia de una corrupción sistémica”.
La investigación en curso gira en torno a los pagos realizados por el FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, a través de sus empresas. Los investigados incluyen al propio Negreira, su hijo Javier, el FC Barcelona como entidad legal, los expresidentes del club Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler, y la empresa de Negreira, DASNIL 95 SL.
El El organismo judicial atribuye a Negreira un presunto delito continuado de cohecho pasivo en calidad de autor, considerando a su hijo como cooperador necesario. Por otro lado, al FC Barcelona y a los exdirectivos investigados se les imputa un presunto delito de cohecho activo.
El juez también plantea como alternativa al cargo de cohecho la posibilidad de que los pagos, que ascienden a 7,5 millones de euros desde 2001 hasta 2018, constituyan un presunto delito de corrupción deportiva. Este último delito fue el fundamento de las querellas presentadas por la Fiscalía y el árbitro Xavier Estrada Fernández que dieron inicio al caso.
Los implicados fueron notificados de esta resolución el mismo jueves, coincidiendo con registros efectuados por la Guardia Civil en la sede del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), siguiendo la orden del juez instructor.
Según la información obtenida hasta el momento, el juez ha constatado que los pagos se mantuvieron durante aproximadamente 18 años, incrementándose desde los 70,000 euros anuales hasta alcanzar los 700,000 euros anuales. El juez concluye que “los pagos efectuados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club, dado su prolongado período y el aumento anual”.
Además, el juez infiere que estos pagos lograron los resultados deseados por el FC Barcelona en el ámbito arbitral, lo que sugiere una posible desigualdad en el tratamiento dado a otros equipos y una supuesta corrupción sistémica en el arbitraje español en su conjunto.
El FC Barcelona dejó de utilizar los servicios de Negreira tan pronto como este dejó su cargo en la vicepresidencia del CTA. En respuesta, Negreira envió una carta amenazante al expresidente del FC Barcelona, Bartomeu, insinuando que si no se le seguían efectuando pagos, revelaría información que podría perjudicar gravemente al club. El juez interpreta que esta carta evidencia que Enríquez Negreira era consciente de la presunta comisión de actos ilícitos en beneficio del FC Barcelona, de considerable gravedad.
En su auto, el juez Joaquín Aguirre establece que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la cual forma parte el Comité Arbitral, posee, a efectos legales penales, la condición de entidad jurídico-pública. Por tanto, los directivos de la RFEF deben considerarse funcionarios a efectos penales.
El juez también hace referencia a la jurisprudencia relacionada con el delito de cohecho, que se aplica a los funcionarios públicos cuando reciben pagos de parte de particulares, es decir, un soborno.
Con respecto a este delito, el El organismo encargado del caso advierte que el cohecho “se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos”.