El juez Aguirre rechaza amnistiar a los investigados del ‘caso Volhov’ y desestima la recusación de Puigdemont

La defensa asegura que no se ha demostrado qué operaciones de malversación han realizado los acusados para financiar el procès

El juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, ha decidido no aplicar la amnistía a los investigados en el caso Volhov. Además, ha inadmitido las recusaciones solicitadas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, entre otros, para que el magistrado se apartara de esta causa que investiga la presunta trama rusa vinculada al procés.

En uno de los cuatro autos consultados por Europa Press, el juez se niega a amnistiar los hechos objeto de investigación que dieron lugar a la primera pieza, en que se incoaron diligencias por «la concesión presuntamente irregular de subvenciones públicas otorgadas por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona (DIBA)».

Aguirre sostiene que en la investigación han ido apareciendo indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, los cuales «dieron lugar a la apertura de diferentes piezas separadas», entre ellas a la número 2, bautizada como Volhov.

En esta segunda pieza separada, en la que se investiga, entre otros, al empresario y exdirigente de ERC, Xavier Vendrell, el juez asegura que se produjeron presuntos desvíos de dinero público mediante concesiones de subvenciones irregulares a entidades deportivas.

Aguirre destaca la falta de pruebas sobre malversación y nexo con el independentismo en el caso

La defensa asegura que no se ha demostrado «qué operaciones de malversación han realizado los acusados y han servido para financiar el procès, qué cantidades utilizaron, a quién las dieron o de quiénes las obtuvieron», por lo que a su juicio tampoco serían hechos amnistiables.

En 2020 Aguirre abrió otra pieza separada, CATmón-Igman, en la que se amplió la investigación sobre las subvenciones concedidas y tramitadas, presuntamente de forma irregular, también por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya a la Fundació CATmón y a la  Associació Acció Solidaria Igman.

De esta forma en el transcurso de la instrucción de la pieza CATmón-Igman se evidencia, según el instructor, que algunos de los investigados utilizaron el dinero recibido por la concesión de subvenciones, presuntamente irregulares, mediante su extracción en efectivo y sin que haya podido acreditarse el fin último de dichas retiradas de dinero, por lo que estas conductas tampoco quedarían amparada bajo la ley de amnistía.