¿Gobiernan los tribunales? «El camionero en ruta». Opinión

¿Gobiernan los tribunales? Me pregunto muchas veces a tenor de que en el transporte de mercancías por carretera y de viajeros en España, parece que siempre tienen la última palabra los tribunales, más concretamente el Tribunal Supremo, si tenemos en cuenta las sentencias más recientes, no solo en el transporte, también en el problema de las estaciones de ITV.

Basta únicamente con hacer un poco de memoria, sin irse muy lejos, con repasar algunos titulares de noticias: «El Tribunal Supremo elimina la antigüedad de los vehículos para acceder al transporte». «Las ITV solicitan al Supremo paralizar el Auto que prohíbe recortar la vigencia de las revisiones». «El Tribunal Supremo da la razón a FEAT sobre las caducidades de las ITV», «El Tribunal Supremo reconoce el desplazamiento como tiempo de trabajo», «El Tribunal Supremo declara nulo el convenio colectivo del transporte de mercancías de Granada», «El BOE publica la sentencia del T.S. que anula las bonificaciones para camiones en la AP-68». ¿Sigo?

Ante esto, me surge la duda de si los legisladores realmente conocen las leyes o, por el contrario, les va la marcha y prefieren que sean los jueces quienes se encarguen de poner orden en este desmadre de leyes y contra-leyes que no hacen otra cosa que confundir al personal, provocando toda una riada de demandas y contrademandas en manos de bufetes de abogados.

No se comprende que siempre que se dicta una ley, quede la duda si será recurrible y sentenciada por el alto tribunal. Tal vez sea porque en esta España nuestra parece que ya nos estamos acostumbrando a que sean el Tribunal Supremo o el Constitucional los que tengan la última palabra en los acuerdos legislativos del Congreso y el Senado, junto con las resoluciones de otros organismos de la Administración o de los ministerios.

Claro, que siempre terminan pagando las consecuencias los mismos de siempre, en las sentencias del alto tribunal sobre las estaciones de ITV, a callar y a pasar por caja, perjudicando a los bolsillos de los españoles por igual, con injusticias tan sonadas como las que se han vivido y se están viviendo, de tener que pasar dos inspecciones en apenas poco menos que dos meses, y como si nada, a protestar y a llenar el bolsillo de las empresas concesionarias, junto con la consiguiente recaudación vía impuestos del Estado, ese que dicen que somos todos, pero que nos hace padecer las injusticias.

Tres cuartos de lo mismo sucede con el resto, con resoluciones que no se comprenden, que confunden al personal. Por un lado vemos como desde Europa se nos dice que hay que renovar las flotas con vehículos más ecológicos para descarbonizar el transporte de mercancías y de viajeros por carretera para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, mientras que por otro lado se elimina la antigüedad de los vehículos para acceder al transporte, con el consiguiente riesgo de que se llenen las carreteras de vehículos que contaminan mucho.

Por supuesto que respeto y acato las decisiones judiciales, pero confunde mucho que constantemente se esté recurriendo a los distintos tribunales ordenes ministeriales, dictámenes y reales decretos, para que terminen siendo los jueces los que pongan cierto orden en el confuso panorama jurídico español.