Feijóo duda pactar con Sánchez el fin de Conde-Pumpido ante las críticas de Vox en las autonómicas por negociar con el PSOE

El líder del PP sabe que no podrá alterar la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional en una negociación para renovar a 4 magistrados en diciembre

Feijóo tiene declarado enemigo número uno -después de Sánchez – al presidente del Constitucional, pero si quiere quitarle en diciembre tendrá que pactar con los socialistas sin alterar la mayoría progresista, sabiendo la campaña que Vox va a impulsar contra el bipartidismo en plena precampaña de las elecciones en Castilla León y Andalucía.

Alberto Núñez Feijóo deshoja la margarita. ¿Acabamos con la bestia negra llamada Cándido Conde-Pumpido el día 17 de diciembre?

¿O esperamos a hacerlo más tarde, después de las elecciones autonómicas de Castilla y León y Andalucía?

Lo que le pide el cuerpo es una cosa y lo que más le conviene, según escucha decir a asesores -lo que hemos dado en llamar el sindicato mediático-judicial y ciertos magistrados-, todos ellos consultados regularmente, son diferentes cosas.

Acabar con la presidencia de Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (TC) desde 2023 pero en el TC desde el 2017, es muy sencillo.

Su mandato vence formalmente el 17 de diciembre de 2025, fecha en la que fue nombrado por el Senado a propuesta de la Comunidad de Madrid -con retraso de tres meses- por un mandato de nueve años.

Y junto con él vencen otros tres mandatos seleccionados por el Senado: María Luisa Balaguer (progresista), Ricardo Enríquez (conservador) y José María Macías (conservador, que completa el mandato incompleto del magistrado Alfredo Montoya).

Es fácil porque requiere el acuerdo con el PSOE.

Y con el nombramiento de dos conservadores y dos progresistas está hecho.

Problema: la mayoría del Tribunal Constitucional seguiría siendo progresista.

Y su presidente o presidenta para sustituir a Conde-Pumpido debe salir, como es norma, de la terna que fue elegida en 2021.

Por tanto, la presidencia de Conde-Pumpido recaería en los progresistas Inmaculada Montalbán, actual vicepresidenta, o Ramón Sáez.

Las negociaciones deberían empezar poco antes de diciembre, ya que los magistrados, que son elegidos por el Senado, tienen que ser propuestos por las Comunidades Autónomas.

Conde-Pumpido fue acordado entre el PSOE y PP para que fuera candidato de consenso por la Comunidad Autónoma de Madrid para que lo propusiera en 2017, cuando era presidenta Cristina Cifuentes, y presidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy; María Luisa Balaguer, por Andalucía; Enríquez por varias autonomías; y Macías por La Rioja.

El PSOE, desde luego, no tiene prisa. Sea con la prórroga del mandato de Conde-Pumpido en la presidencia del TC o con su sustitución por Inmaculada Montalbán o Ramón Sáez, seguirá con la mayoría de siete magistrados progresistas contra cinco conservadores.

El PP retrasó la renovación del TC en 2022 y finalmente accedió a pactarlo en 2023 a través de una jugada en la que creía frustrar esa mayoría con la propuesta de magistrada María Luisa Segoviano, que el PP y “sus” magistrados en el TC concibieron como una iniciativa que el PSOE rechazaría.

No fue así –Macías, quien hizo la propuesta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se equivocó- y la magistrada Segoviano fue aceptada por el PSOE en el pacto y pasó a formar parte de la mayoría progresista.

El estímulo de que se vaya Conde Pumpido en diciembre rivaliza ahora con la ilusión de aguantar hasta después de las elecciones autonómicas para que las críticas de Vox no quiten votos a un PP que ve como las encuestas dan cuenta de un sostenido crecimiento del partido de Abascal.

También están quienes aconsejan a Feijóo esperar hasta las elecciones generales.

Especulan con obtener los 3/5 de la Cámara y en tal caso nombrar a 4 magistrados conservadores en el Senado y alterar la mayoría en el Tribunal Constitucional a su favor.

Parece muy difícil habida cuenta de que Vox está subiendo; resulta muy difícil que las provincias pequeñas vayan a dar al PP más de lo que ya han obtenido.

El dilema: o bien aceptar la renovación en diciembre. O dejar que los magistrados sigan prorrogados

El PSOE solo pactaría una sustitución de 2 y 2, dos progresistas por dos conservadores. El PP de aceptar esto se encontrará con la crítica. Diciembre es el momento inicial de la negociación y se podría alcanzado un acuerdo para renovar en marzo, en la precampaña de las elecciones de Castilla-León y Andalucía.

Pero después de las elecciones autonómicas, cuando la amnistía ya será historia y posiblemente Puigdemont haya regresado, parece una opción sensata.

No hay, por otra parte, urgencia en terminar la etapa Conde-Pumpido.

Puede ser que en realidad el que más ganas tenga de marcharse sea el propio Conde-Pumpido, para no seguir soportando la campaña de acoso contra él y contra su esposa, la magistrada del Tribunal Supremo Clara Careaga.

En cuanto a la sustitución interna del presidente, según se ha apuntado, tanto Inmaculada Montalbán como Ramón Sáez, son los candidatos de aquella terna a la que le tocaría elegir presidente.

No le va mal al PSOE que se postergue el nombramiento. Les permitiría a ambos magistrados adquirir más experiencia.

En el posible caso de esperar a las próximas elecciones y conseguir los 3/5 soñados sería una anomalía dar el golpe de elegir 4 magistrados de sesgo conservador.

PP y PSOE pactaron para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2024. Pero El sector más ultra de los conservadores les impulsa por esa hoja de ruta.

Hay otra cuestión.

La fecha de nueve años que establece la Constitución vence para Conde-Pumpido y los otros tres magistrados en marzo de 2026, es la fecha en la que cumplirán su mandato. Pero hay una norma según la cual cuando la renovación se retrasa (en el caso de los cuatro que vencerán próximamente, la renovación debía haberse realizado el 17 de diciembre de 2016, pero se hizo en marzo de 2017).

Entonces, según la norma, se les resta a los magistrados nombrados el tiempo del retraso. Se ha considerado una norma absurda, carece de sentido si la Constitución dice que el mandato es de nueve años que quiten de tu tiempo tres meses porque, en este caso, el Senado tardó ese tiempo en hacer la renovación.

Y aunque la norma está vigente no se ha aplicado nunca, jamás se hizo una renovación que no haya respetado el mandato de nueve años efectivo.

El magistrado conservador Andrés Ollero amenazó con que si le sustituían quitándole un año de mandato presentaría recurso de inconstitucionalidad.

Pero no se le aplicó porque el y el resto de la terna cumplieron los nueve años en noviembre de 2021, cuando en rigor debía marcharse en noviembre de 2019.

A partir del 17 de diciembre próximo, pues, pueden renovarse los cargos en cualquier momento. Hay que votar los candidatos previamente, según se ha apuntado, en las comunidades autónomas.

Aunque alguna pueda empezar a poner en marcha el proceso ya mismo, las cúpulas de los partidos no quieren que las autonomías lo hagan hasta que se llegue un acuerdo entre PP y PSOE.

Y en realidad las autonomías proponen a quienes las direcciones de los partidos sugieren.