Es el Tribunal Constitucional y no el Consejo General del Poder Judicial ¡estúpido!

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha abandonado Madrid después de su visita de dos días, el 29 y 30 de septiembre, y la pregunta es: ¿ha logrado hacerse una idea sobre las razones que llevan al Partido Popular y al sector más recalcitrante del grupo conservador de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a bloquear, al menos desde el 13 de septiembre pasado, el nombramiento de dos magistrados en el Tribunal Constitucional para sustituir a Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, cuyos mandatos de nueve años vencieron el 12 de junio de 2022?

El pasado jueves, mientras Reynders empezaba su agenda de encuentros, el CGPJ fracasó, una vez más por la resistencia de los vocales conservadores, a hacer esos nombramientos.

¿Preguntó Reynders por qué el PP, aparte del bloqueo a la renovación del CGPJ, y los vocales conservadores, a pesar de la presión de quien fuera “uno de los suyos”, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, siguen poniendo excusas para no realizar los nombramientos?

Porque aquí está el quid de la cuestión.

El citado día jueves 29, mientras se dirimía en el Pleno ordinario del CGPJ, los once magistrados del TC celebraban el último día de su propio Pleno convocado la semana pasada para dar salida a asuntos de trámite. 

Porque el TC sigue colgado de la brocha.

Precisamente, esa mañana del jueves, según pudo saber El Periódico, los magistrados comentaron informalmente, antes de empezar la sesión en la madrileña calle de Doménico Scarlatti, que esta podría ser la última del actual TC y que ya no volverían a verse en un Pleno, aunque sí en los actos protocolarios de toma de posesión de los nuevos magistrados.

Pedro González-Trevijano, en contacto con Lesmes, ¿tenía expectativas en que podrían producirse los nombramientos este jueves pasado? 

Fuentes consultadas la noche del miércoles por El Periódico dijeron que Lesmes iba a “apretar” todo lo posible para sacar esas designaciones adelante el jueves, una manera de exhibir el trofeo ante Reynders.

Es más: dicha versión estaba aderezada por otra. Y es que el sector conservador quería aparte de nombrar un candidato “pata negra”, del Supremo, y miembro de la Asociación Profesional de la Legislatura (APM), ayudar con sus votos y el de Lesmes a nombrar al otro magistrado del sector llamado pogresista.

“No sería una novedad. La derecha se lo trabaja muy bien. Como nosotros incluimos magistrados conservadores civilizados en nuestra propuesta si ellos escogen a alguien que irá bien con sus planes, pues se pueden presentar como tolerantes” explica una vocal del sector llamado progresista que junto con el vocal elegido por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Enrique Lucas, suman ocho.

El hecho es que el punto de los nombramientos del orden del día, el jueves pasado, comenzó a tratarse sobre las 11:40, aproximadamente, en la madrileña calle del Marqués de la Ensenada, sede del CGPJ. Y enseguida, tras los pretextos ofrecidos por uno de los negociadores del sector conservador, José Antonio Ballestero, increpado por Lesmes, quedó en evidencia que no habría fumata blanca.

Y cuando el reloj daba las doce, en Doménico Scarlatti los magistrados del TC entraban en el receso de media hora del Pleno para tomar el refrigerio. Y, claro, para actualizarse a través de los teléfonos móviles. 

Al confirmar, por tanto, que los nombramientos no salían el jueves, se intercambiaron entre ellos que la idea de primera hora de la mañana no se había concretado, que este del jueves no iba a ser el último Pleno y que ya se vería si se convocaba el siguiente.

¿Tampoco el magistrado Enrique Arnaldo estaba al loro de que no saldrían esos nombramientos para el TC? Es que Arnaldo se ha convertido, según noticias recogidas por este diario, en el hombre orquesta para el PP.

Según una de las grabaciones con autorización judicial en el caso Lezo, Arnaldo aparece en conversaciones con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado por corrupción.

Arnaldo le explica: “Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno”. Se refería a Consuelo Madrigal, que no fue reelegida fiscal general del Estado.

González en una conversación grabada con el ex ministro Eduardo Zaplana señala: “Y yo le digo a estos: Oye, joder, es que antes de poner a estos hijos de puta que tenemos es mejor poner a [Manuel] Marchena. Y me dice Enrique Arnaldo: Pues no estaría mal”.

Las dotes para maniobrar y hacer encajes de bolillos aproximaron a Arnaldo y a Pablo Casado. Y, según parece, este magistrado tiene sintonía con Alberto Nuñez Feijóo.

Aunque el foco está puesto en si se nombran o no los dos magistrados, lo que sería la “primera derivada”, fuentes judiciales apuntan que Arnaldo se ocupa de lo que sería la “segunda derivada”. Y esa es la Presidencia del TC. Porque según la ley orgánica del TC tras la cobertura de las cuatro plazas (las dos del CGPJ y las dos del Gobierno) el Pleno procederá a nombrar ​al nuevo presidente o presidenta.

Y aunque parece una obviedad que el sector progresista contará con una mayoría formal de 7 a 4 magistrados, y, por tanto, podrá elegir, por fin, a un presidente o presidenta de su grupo sin votos conservadores, tanto el presidente saliente Pedro González-Trevijano  primero como Arnaldo después han intentado persuadir a María Luisa Balaguer, del grupo progresista, para que ella sea presidenta. 

No sería sino una reedición de la operación de la derecha que “cooptó” para sus posiciones a la magistrada Encarna Roca, que formaba parte del grupo progresista, con el ofrecimiento del puesto de vicepresidenta en julio de 2012.  

El objetivo sería impedir que el magistrado Cándido Conde-Pumpido sea el presidente, puesto al que llegaría con los votos exclusivos de la nueva mayoría de votos del sector progresista (teóricamente serían siete ya que a los cuatro actuales se sumarán uno de los dos que debe nombrar el CGPJ y los dos que nombrará el Gobierno).

Por eso, claro, es relevante conocer el nombre del candidato que escogerá el CGPJ, es decir, si estará, cuando llegue el momento de la “segunda derivada” por la labor de votar a favor de Conde-Pumpido. 

La magistrada Balaguer, que ha coqueteado con la posibilidad de ser presidenta en numerosas entrevistas, precisamente durante este interregno en el que el TC ha rebajado notablemente su actividad, ha dicho la semana pasada que votará, si se da el caso, por Conde-Pumpido para la presidencia.

Conclusión: detrás de los bastidores de la resucitada presunta disposición del PP a sentarse a negociar la renovación del CGPJ está el interés de retrasar al máximo los nombramientos en el TC, la formación de la nueva mayoría progresista y la presidencia de Conde-Pumpido. 

Ya lo planteó explícitamente Esteban González Pons en julio pasado antes de que el Congreso y el Senado aprobase la modificación de la ley orgánica de 2021 para devolver al CGPJ la facultad de nombrar a los magistrados del TC. “Es la única línea roja”, declaró en rueda de prensa. “Si esta tarde dicen que aceptan, nosotros esta tarde nos sentamos con ellos”, añadió el pasado 11 de julio.

Y el sistema de elección tampoco es una condición. ¿Por qué? Porque, sencillamente, en el plan entregado al Gobierno en julio el PP aceptaba que se renovara el CGPJ con la legislación vigente -elaborada por el Gobierno de Aznar y continuada con cambios por el de Rajoy- y que una comisión estudiara una propuesta “que asegure un cambio del sistema de elección del CGPJ por consenso”.

Al presentar el punto del orden del día de los nombramientos, Lesmes urgió a cumplir el pasado jueves 29 la Constitución y la ley Orgánica del Poder Judicial. Y dijo algo más: que de lo contrario se estaba atacando a la democracia. 

Y así es.