El juez Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, regresó de vacaciones y se encontró sobre su mesa con dos oficios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Su fecha es el 2 de septiembre de 2025. Allí se proponían diligencias para “profundizar en los informes relativos a la situación económico-patrimonial de los investigados que les fueron encomendados por el instructor”.
En el primero de los oficios se apunta que existen “frecuentes vínculos entre los patrimonios de uno y otro”.
También se hace referencia en los oficios que Koldo García habría recibido determinados ingresos, que aparentemente proceden del PSOE sin que se conozca en este momento la naturaleza y extensión de estos pagos.
“Se trata, en concreto, de sendos abonos de 1.4345,40 euros y 2.542,46 euros, del 28 de mayo de 2018 y 5 de septiembre de 2019. La UCO quiere aclarar si estos ingresos se destinaban u obedecían a gastos o servicios generados o desarrollados por José Luis Ábalos. También conciernen las diligencias a realizar a la Patricia Uriz, esposa de Koldo, y a su hermano Joseba, “ya que pudieran tener alguna intervención en pagos o cobros efectuados por cuenta u orden de Koldo García”.
También se pide solicitar al PSOE que informe de manera detallada de todas las operaciones relativas a cuotas, donaciones, liquidaciones de gastos, pagos de servicios, retribuciones y otros abonos a Koldo, Uriz y Joseba.
Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar cuando fue citado por el juez Puente en calidad de imputado. Nunca se pronunció en sede judicial sobre las grabaciones que se le incautaron durante la entrada y registro en su domicilio, a las ocho de la mañana del 20 de febrero de 2024. Esto es: no adveró que fuese él quien es la persona que habla en ellas ni que las realizó.
En cambio, ha negado que él grabara los audios conocidos en el programa Mañaneros 360º a finales de julio pasado.
Pero ni Koldo García ni Ábalos, que fueron citados el 23 de junio de 2025, ingresaron en prisión.
Por tanto, es la situación de Santos Cerdán la que, por ser causa con preso, requería celeridad. Una celeridad que no ha existido durante los meses de julio y agosto. La prueba es que la UCO se lo ha tomado con calma: sus oficios al juez Puente son del 2 de septiembre.
Sin duda, lo primero que han hecho, solo que, claro, después de volver de vacaciones. Tras sesenta y dos días en Soto del Real, la UCO señala que el juez Puente solicitó un informe sobre los bienes de toda índole de los que Cerdán pudiera ser titular como también su participación en sociedades con el fin de conocer su situación económica y financiera. Para ello se han librado diversos mandamientos a la Agencia Tributaria, Hacienda Foral de Navarra y a distintas entidades bancarias. También al Congreso de Diputados. Y al Ayuntamiento de Milagro (Navarra) donde ha regresado a vivir la familia de Cerdán, tras abandonar la vivienda que alquilaba en Madrid.
No parece que esta hoja de ruta conduzca al “botín”, juez Puente dixit en su extenso auto preelaborado del 30 de junio de 2025 que dictó para enviar a Cerdán a la cárcel. Se trata de información que consta en los registros institucionales. Y, tampoco parece que las cantidades puedan acercarse a los 5 millones de euros, juez Puente calculus, también en el citado auto.
A este ritmo, ¿llegarán los informes patrimoniales a la mesa del juez Puente antes de los seis meses que está legalmente permitido mantener a Cerdán en prisión preventiva para impedir que destruya pruebas, causa invocada por el instructor, y que vencerán el 31 de diciembre de 2025?
Porque, aquí, de momento, que se sepa, no hay comisiones rogatorias a otros países ni cuentas bancarias en el extranjero. No parece que haga falta enviar una solicitud de ayuda judicial al ayuntamiento de Milagro para pedir que confirme el estado del abono a la piscina municipal del pueblo por parte del exsecretario de Organización del PSOE.
Hay una fecha que a uno le resulta difícil quitarse de la cabeza. Si la UCO accedió a las grabaciones en el domicilio de Koldo -que Koldo no ha adverado, insistimos- el 20 de febrero de 2024, ¿qué hizo con ellas hasta el 5 de junio de 2025, cuando envió el atestado al juez Puente?
Cuando uno ve como se están arrastrando los pies y advierte que precisamente ahora se han enviado los oficios de los que hemos dados cuenta suena como si se trata de prevenir la lógica solicitud de libertad -se puede plantear en cualquier momento del procedimiento cuantas veces se quiera- que hará la defensa de Santos Cerdán después de más de dos meses a la sombra. Es decir: usar el argumento de que hasta que no terminen estos informes, Cerdán seguirá, como mínimo, en Soto del Real.