Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid

Los dos delitos fiscales siguen sin ser elevados a los juzgados de lo penal donde se fija la fecha de enjuiciamiento porque las defensas de los acusados no han recibido los escritos de acusación para presentar sus alegaciones. Y la pieza de corrupción en los negocios está empantanada tras la declaración de la imputada Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, en junio de 2025, y la petición de informe a la UCO

ERNESTO EKAIZER/El Periódico

Sin novedad en el frente en el juzgado de instrucción de Madrid número 19. La causa de Alberto González Amador -Maxwell Cremona- duerme lo que suele denominarse el sueño de los justos.

La jueza Inmaculada Iglesias se jubiló en la segunda quincena de julio de 2025. Dictó antes de dejar el juzgado el auto de procesamiento del grupo de Alberto González Amador contra él y sus cuatro colaboradores en la emisión de facturas que la Agencia Tributaria consideró falsas por valor de 1,7 millones de euros). La defraudación alcanzó los 350.951 euros en los ejercicios 2020 y 2021.

Y comenzó la magistrada Iglesias a instruir la pieza separada contra González Amador por presunta corrupción en lo negocios con personas del grupo sanitario Quirón. Fue esa relación la que le permitió hacer de intermediario en un contrato de venta de mascarillas por dos millones de euros durante la pandemia (covid 19), un dinero por el que evadió los 350.951 de euros apuntados.

El 22 de septiembre de 2025, la jueza que se hizo cargo temporalmente del juzgado 19, Carmen Rodríguez-Medel, dictó, a su vez, el auto de apertura de juicio oral contra la pareja de Ayuso y sus cinco colaboradores en la elaboración de las facturas falsas.

Desde que a continuación se hizo cargo del juzgado el nuevo titular, magistrado Antonio Viejo, las investigaciones han quedado a la espera de diligencias. Una de ellas es muy sencilla: dar traslado a las defensas de González Amador y de los cuatro acusados de los escritos del Ministerio Fiscal y las acusaciones populares (PSOE y Más Madrid) para que eleven sus alegaciones. Solo así, cumplimentado este paso, se podrá elevar la causa al Decanato de los Juzgados de lo Penal de Madrid para que designa por reparto al juez de lo Penal que se hará cargo del juicio y fijará la fecha para el mismo.

El abogado Ricardo Corzo defiende a tres acusados domiciliados en la Arahal, situada en la comarca de la Campiña de Moron y Marchena, en la provincia de Sevilla. Sus clientes emitieron decenas de facturas por 178.000 euros aproximadamente.

Corzo señaló a El Periódico que no ha tenido acceso a los escritos de acusación. «Sigo sin recibir esos escritos y por tanto no he podido presentar mi escrito de defensa», señaló.

Las acusaciones populares en la causa, del partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Más Madrid, han elevado esta semana, el 26 de enero, un escrito al juez Viejo en el que urge desatascar el procedimiento de los dos delitos fiscales dando traslado de los escritos a las defensas.

«Esta situación está produciendo una gran dilación al procedimiento en su tramitación, por ello, en el ejercicio del derecho de defensa de la posición de acusación popular de esta parte, y conforme al impulso procesal que asiste a las partes, mediante el presente escrito vengo a solicitar que, por parte de ese órgano judicial, se adopten las resoluciones que correspondan para la correcta continuación del procedimiento», señala.

El escrito, advierte sobre posibles dilaciones indebidas.

«En el supuesto de que existan incidencias procesales que hayan causado la paralización o demora no justificada del procedimiento desde el dictado del auto de transformación y de juicio oral – que desconocemos – , y la presentación de los escritos de acusación, se solicita expresamente que se subsanen a la mayor brevedad, en aras a salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas», señala.

Por ello pide al juez que «acuerde dar el impulso procesal correspondiente al presente procedimiento, actuando conforme al artículo 784.5 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, presentados los escritos de defensa, en su caso, o transcurrido ampliamente el plazo para hacerlo sin haberlo hecho, remitiendo lo actuado al órgano competente para el enjuiciamiento a la mayor brevedad».

La acusación popular del PSOE y Mas Madrud piden en un segundo escrito desatascar, asimismo, la pieza separada del delito de corrupción en los negocios de González Amador. Señala que en julio se 2025 presentó un escrito con diversas diligencias, pero advierte que el mismo ni siquiera ha sido «proveido» (no existe providencia en la que conste la presentación del escrito).

En dicha pieza, prestó declaración, en calidad de imputada, Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención el 19 de junio de 2025. La jueza Iglesias, antes de jubilarse, solicitó la colaboración de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO), el 27 de junio de 2025, la investigación de los hechos.

La acusación popular deja constancia de que no se ha recibido informes de la UCO y pide, asimismo, al juez que se haga llegar a dicha policía judicial informaciones según las cuales la pareja de Ayuso opera en el grupo Quirón, en calidad de director de proyectos, con el nombre de Alberto Burnet González.

Burnet es uno de los nombres de la sociedad creada por la pareja de Ayuso en Miami, Florida, Estados Unidos Burnet & Brown.

Entre las diligencias que solicitaron las acusaciones populares estaba la de citar a declarar como imputado a Fernando Camino, quien es una pieza fundamental en la relación de la pareja de Ayuso con el grupo Quirón, que es uno de los principales grupos sanitarios adjudicatarios de proyectos por parte de la Comunidad de Madrid, que preside Díaz Ayuso, y también por participar en el contrato de compraventa de mascarillas que permitió ganar dos millones de euros a González Amador.

También se solicita esa declaración por la operación que llevó a la pareja de Ayuso a adquirir a Gloria Carrasco, esposa de Camino, en diciembre de 2020 la sociedad Circulo de Belleza por 500.000 euros, cuando según la Agencia Tributaria, carecía de valor. Camino era socio de la empresa de su esposa.

La «triangulación» Maxwell Cremona (González Amador) Círculo de Belleza ( pareja Carrasco-Camino) y Quirón (Camino, presidente) está en la base de las sospechas ee un posible delito de corrupción en los negocios.

Ello habida cuenta de la actividad del grupo sanitario Quirón en la Comunidad de Madrid, donde la pareja de González Amador, es decir, Díaz Ayuso, tiene la última palabra sobre los contratos millonarios de los hospitales que gestiona: Fundación Jiménez, Rey Juan Carlos, Infanta Elena (Valdemoro) y el General de Villalba, además de centros privados como el Hospital Quirónsalud San José, el Hospital Quirónsalud Sur, el Ruber Internacional y La Luz.