Juicio histórico en el Supremo: el fiscal general que debe proteger la justicia se sienta hoy en el banquillo acusado de violar la ley

García Ortiz, que continúa en su cargo, se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel, doce de inhabilitación y más de 400.000 euros de multa

La expectación es máxima. No hay precedentes en la justicia española de lo que va a ocurrir hoy: por primera vez en la historia de la democracia española, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. Álvaro García Ortiz afronta desde este lunes un juicio ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber filtrado un correo electrónico relacionado con las negociaciones entre la Fiscalía y Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el marco de un caso por fraude fiscal.

El proceso ha generado una expectación sin precedentes: más de 200 periodistas acreditados, seis jornadas de vista oral y un tribunal compuesto por siete magistrados, con Andrés Martínez Arrieta al frente y Susana Polo como ponente. La sentencia podría conocerse antes de que termine el año.

García Ortiz, que continúa en su cargo, se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel, doce de inhabilitación y más de 400.000 euros de multa. Niega tajantemente haber filtrado nada y defiende que actuó para proteger la imagen de la Fiscalía ante lo que califica como “una campaña de desinformación”.

La noche de los correos y las sospechas

Todo comenzó la noche del 13 de marzo de 2024, cuando El Mundo publicó una exclusiva sobre un supuesto pacto entre la Fiscalía y la defensa de González Amador. La noticia desató llamadas, mensajes y prisas en los despachos del Ministerio Público. García Ortiz pidió recuperar la cadena de correos entre el fiscal del caso y el abogado del empresario. Los mensajes tardaron en llegar: el fiscal estaba en el estadio Metropolitano viendo un partido, según Europa Press.

A lo largo de esa noche, distintos medios difundieron fragmentos de los correos. Horas después, la propia Fiscalía emitió un comunicado detallando el intercambio, lo que llevó a la pareja de Ayuso a presentar una querella por revelación de secretos.

La investigación se centró en determinar quién filtró los mensajes. La Guardia Civil halló que el fiscal general había borrado sus chats y cambiado de móvil días después de que el Supremo abriera la causa. Él lo justificó como una medida de seguridad habitual.

El juez instructor, Ángel Hurtado, consideró que García Ortiz actuó con ayuda de una subordinada y bajo supuestas indicaciones del Gobierno. Sin embargo, la Sala de Apelación descartó esa versión al no encontrar pruebas.

Hoy, el caso llega al Supremo con un aire de excepcionalidad. Nunca antes un fiscal general había tenido que defender su inocencia desde el banquillo. Sea cual sea el resultado, el juicio marcará un antes y un después en la historia judicial española.