La UCO detecta indicios de irregularidades en la gestión de la cátedra dirigida por Begoña Gómez

El informe, fechado el 21 de mayo de 2026 y entregado al Tribunal de Instancia de Madrid, detecta una contratación «irregular» de Making Science, indicios de adjudicación dirigida a Deloitte y coincidencias entre la herramienta Transforma TSC y la sociedad homónima de la que Gómez es socia y administradora única

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza 41, un atestado de 158 páginas —más ocho anexos— en el que analiza la gestión económica de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el desarrollo de su plataforma digital, Transforma TSC. El documento, fechado el 21 de mayo, se enmarca en las Diligencias Previas 1146/2024, abiertas por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.

El informe responde al encargo judicial derivado de una querella presentada por la asociación HAZTE OÍR el 6 de junio de 2024, ampliada el 27 de junio del mismo año. Los investigadores insisten en que sus conclusiones se formulan «en términos de presunción» y quedan sometidas a la valoración de la autoridad judicial.

El origen: una cátedra con financiación privada y un desarrollo de más de 300.000 eurosLa Cátedra, dirigida por Begoña Gómez junto al codirector José Manuel Ruano de la Fuente, se nutre exclusivamente de aportaciones de colaboradores privados. Según el atestado, el desarrollo de la plataforma Transforma TSC —una herramienta gratuita de medición de impacto social y medioambiental dirigida a pymes— tuvo un coste directo para la UCM de 108.765,79 euros, a los que se suman entre 225.000 y 253.000 euros más en forma de trabajo aportado por colaboradores como Google, Telefónica, Indra, Devoteam, Flat 101, la Cámara de Comercio, Making Science y Deloitte.

La gestión interna recae, según el informe, en un reducido grupo de personas: además de Gómez y Ruano de la Fuente, la coordinadora Blanca María de Juan de Castro y María Cristina Álvarez Rodríguez, asistente de Gómez adscrita al Gabinete de la Presidencia del Gobierno. La UCO ha analizado también las llamadas del teléfono de Álvarez Rodríguez y los correos de la cuenta oficial de Gómez ([email protected]), de los que se identificaron 197 mensajes entre 2024 y 2026 sin que, según el atestado, se hallara ninguno de interés para la causa.

El informe dedica un capítulo extenso a la contratación de Making Science Group SA, responsable del back end de la plataforma. La empresa facturó 20.000 euros (24.200 con IVA) por un servicio que, por su cuantía, debía tramitarse mediante procedimiento de contratación abierto al superar el límite de los contratos menores. Sin embargo, según consta en el atestado, la contratación «se hizo obviando cualquier trámite administrativo».

La propia interventora de la UCM, Elvira Gutiérrez-Vierna, calificó la prestación del servicio como «concertada irregularmente» por apartarse de la Ley de Contratos del Sector Público y de la normativa presupuestaria de la universidad. Pese a ello, el pago se liberó finalmente para evitar lo que el informe describe como un «enriquecimiento injusto» de la Administración, dado que el servicio ya se había prestado. La factura fue firmada y dada por conforme por Begoña Gómez el 5 de junio de 2023. Sobre Deloitte Consulting SLU, contratada para tareas de asesoramiento y apoyo a la oficina del proyecto, el atestado es más explícito en sus indicios. Señala que la consultora habría iniciado sus funciones antes de la adjudicación formal del primer contrato y que los requisitos exigidos en la invitación a ofertar y en los pliegos posteriores «se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio». Los investigadores apuntan, además, indicios de que las ofertas de la competencia se habrían solicitado «de forma simulada» o en condiciones que limitaron la concurrencia en beneficio de la consultora.

El hallazgo central: la sociedad privada de Begoña Gómez

El capítulo más sensible del informe —el cuarto, dedicado a las «vinculaciones y analogías de la Plataforma con el entorno privado-empresarial de Begoña Gómez»— pone el foco en Transforma TSC SL, sociedad de la que Gómez es administradora única y socia única desde su constitución el 21 de noviembre de 2023.

La UCO detalla una serie de coincidencias entre la empresa y la plataforma desarrollada con fondos de la Cátedra: idéntica denominación, un objeto social igualmente centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la propia titularidad de Gómez sobre la marca registrada «Transforma TSC», información de carácter público a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas. El atestado concluye que estas coincidencias, unidas a la ausencia de un aviso legal que identifique a los responsables de la web transformatsc.org, «pueden derivarse dudas razonables» sobre si la sociedad privada es una de las entidades detrás de la herramienta pública.

El informe documenta además que Gómez asumió de su propio bolsillo el pago del registro de dos marcas (127,88 y 206,57 euros, más 23,19 euros por una modificación) y del dominio web (118,58 euros), mientras que otros gastos de importe similar o superior vinculados a la Cátedra sí se cargaron a fondos de la UCM. Por otro lado, desde la cuenta de Transforma TSC SL se realizó un pago de 3.570 euros el 10 de abril de 2024 a Sandra Anfaiha, persona con un papel relevante en la fase final del desarrollo de la plataforma, cuyo motivo, según el atestado, «se desconoce».

En cuanto a los ingresos de la sociedad, la UCO localiza 6.687,85 euros procedentes de Innovación Hexagonal SL en marzo de 2024 —su único cliente conocido— cuyos empleados coinciden con usuarios registrados en la plataforma Transforma TSC. La sociedad declaró su inactividad el 30 de junio de 2024, apenas semanas después de presentarse la denuncia inicial del caso, el 9 de abril de ese año. Un informe que se limita a aportar indiciosLos investigadores subrayan repetidamente el carácter preliminar de sus conclusiones: el atestado «se emite con base en los indicios obtenidos» y todo lo expuesto «ha de entenderse en términos de presunción», quedando sometido a la valoración que de ello haga la autoridad judicial. El documento se entregó formalmente en sede judicial en mayo de 2026 y queda ahora en manos de la instrucción determinar su alcance penal.