El Tribunal de Cuentas cree necesario revisar el diseño del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para “mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos”.
Así lo ha puesto de manifiesto en el informe de fiscalización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género entre 2018 y 2022. En el que indica que las dotaciones presupuestarias previstas de 1.000 millones se han aplicado y que la mayoría de las medidas se han implementado o están en curso.
Por otro lado, señala que los fondos del Pacto de Estado transferidos a las comunidades autónomas “han consolidado los servicios autonómicos de prevención y de asistencia integral de las víctimas”. Sin embargo, ha añadido que es preciso seguir mejorando los recursos de atención a los colectivos más vulnerables y las prestaciones en el mundo rural.
En esta misma línea, respecto de las entidades locales, apunta que, aunque estas han participado en la red para la atención integral de la violencia de género en cada comunidad autónoma, en los primeros años de aplicación los resultados “no fueron los previstos”.
Esto ha sido debido, según informa, a los criterios de reparto, que diluían el fondo en “pequeñas aportaciones” que no alcanzaban un mínimo que permitiese la creación de unidades administrativas en los municipios, ni estimulase la aplicación de las medidas especialmente en los de menor tamaño.
También afirma que la situación ha mejorado “sustancialmente” desde 2020, tras los cambios en los criterios de reparto y la duplicación del fondo anual hasta los 40 millones de euros, pero que, “se debe seguir avanzando para adaptar las actuaciones a las áreas de mayor riesgo en función de las particularidades de la población de cada municipio”.
Respecto a las actuaciones públicas de sensibilización y protección que se vienen realizando en los últimos 20 años, el Tribunal de Cuentas subraya que “están contribuyendo a reducir la violencia que sufren las mujeres y, particularmente, los feminicidios”. No obstante, añade que el objetivo de erradicación estaría “lejos” de conseguirse.
Asimismo, considera que el papel de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es “relevante” y que “debe reforzarse”. En este sentido, denuncia que no se ha reforzado la plantilla de las unidades de violencia sobre la mujer que dependen funcionalmente de la Delegación, función que resulta, según asegura, “esencial para la protección de las víctimas en cada provincia o isla”.
Finalmente, alerta sobre los malos usos de Internet y de las nuevas tecnologías entre los jóvenes. “Existe una preocupación generalizada”, asegura. Así, señala que es preciso mejorar la coordinación y colaboración entre los servicios educativos de las distintas administraciones.