El referéndum propuesto por el presidente Daniel Noboa abordará temas de seguridad, trabajo, inversión y funcionamiento del estado
El Tribunal Constitucional de Ecuador da luz verde a las diez preguntas presentadas por el presidente Daniel Noboa. Estas interrogantes abordan cuestiones fundamentales relacionadas con la seguridad, trabajo, inversión y el funcionamiento del Estado, así como aspectos vinculados a la Constitución.
El Gobierno, inicialmente, propuso un total de 20 preguntas, retirando una específica sobre casinos, lo que dejó en 19 las cuestiones remitidas al Tribunal. De estas, diez han sido aprobadas, con cuatro de ellas sujetas a enmiendas.
Entre las preguntas aprobadas destaca aquella relacionada con el “control de armas, municiones, explosivos y accesorios” por parte de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se ha aprobado la propuesta de reformar el Código Penal para aumentar las penas en delitos como terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, trata, secuestro, tráfico de armas, blanqueo de capitales y actividad ilícita de recursos mineros.
Otra interrogante avalada se centra en el cumplimiento íntegro de la pena de “personas privadas de libertad” en centros de rehabilitación social, así como la tipificación como delito de la posesión de armas, municiones o componentes “de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía”.
Además, el Tribunal Constitucional ha validado una pregunta que plantea si “las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, pueden destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas”.
La promoción de la inversión extranjera
Igualmente, se ha aprobado una pregunta que busca otorgar al Estado la titularidad de “bienes de origen ilícito o injustificado”, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Cuatro preguntas adicionales han sido aprobadas, aunque requerirán enmiendas para su implementación. Estas abarcan temas como la extradición de ecuatorianos, el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, la promoción de la inversión extranjera, y el reconocimiento del arbitraje internacional. También se busca reformular el Código de Trabajo para regular los contratos a plazo fijo y por horas.
Por otro lado, se han dejado fuera hasta nueve preguntas, muchas de ellas relacionadas con la seguridad. Entre las no aprobadas se encuentra la posibilidad de conceder indultos a miembros de la Policía, las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad del Estado que hayan sido imputados por un delito de uso de la fuerza.
Asimismo, no se ha aprobado la opción de que personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía sea juzgado “en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal y militar”.