La sentencia se dará a conocer en su totalidad el próximo mes de septiembre y servirá para arrojar luz sobre la mayor trama de corrupción urdida en nuestro país en las últimas décadas
El mayor caso de corrupción en nuestro país de los últimos años parece vislumbrar un final. Según ha avanzado hoy el Tribunal Supremo, la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se saldará el próximo mes de septiembre con la condena a nueve años de inhabilitación del expresidente de Andalucía, Manuel Chaves, y el encarcelamiento del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, durante seis años. El Alto Tribunal confirma así la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla.
El fallo del Supremo contará con dos votos particulares en contra, los de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer. En las últimas semanas ha resultado imposible alcanzar la unanimidad entre los cinco magistrados que conforman el tribunal. La Audiencia Provincial de Sevilla condenó por delitos de malversación y prevaricación en el caso de Griñán, y solo por el de prevaricación en el caso de Chaves.
La sentencia puede recurrirse ante el Tribunal Constitucional. Las defensas la tachan de “arbitraria, profundamente desacertada y carente de rigor jurídico”.
La trama de los ERE, como se ha conocido popularmente a través de los medios, fue una operación conjunta en la que 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía participaron para idear un “sistema fraudulento” que permitió repartir hasta 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009 para ayudar a empresas en crisis.
Los pagos se hacían vía transferencias de financiación. De esta forma, se eludía el sistema del expediente de subvención, sometido habitualmente a controles de intervención y amparado bajo los principios de publicidad y concurrencia.
Concluye la deliberación de los recursos de casación
Contra la sentencia se han interpuesto hasta tres recursos de casación que ya han siso estudiados por el Supremo.
Así, a la luz de las conclusiones arrojadas, quedan absueltos el antiguo asesor técnico de la Junta de Andalucía, Javier Aguado Hinojal, el ex miembro de la Administración de la Junta, Juan Francisco Sánchez García, y la exsecretaria general técnica de Empleo, Lourdes Medina Varo.
Asimismo, el Alto Tribunal también ha dictaminado una pena de tres años de presión y siete de inhabilitación a Juan Márquez Contreras, ex secretario general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, a quien se le imputan los delitos de malversación y prevaricación.