El Supremo llama a declarar al abogado que envió el correo filtrado en el caso que acorrala al fiscal general

24 de mayo de 2025
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El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. | Fuente: Fernando Sánchez / EP

La decisión del juez coincide con la comparecencia de Alberto González Amador en los juzgados de Plaza de Castilla

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido prolongar la instrucción del caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo confidencial.

Esta decisión implica nuevas citaciones clave: el abogado Carlos Neira, defensor de Alberto González Amador, comparecerá el 27 de mayo; mientras que cuatro periodistas de El País —José Manuel Romero Salazar, Berta Ferrero, Fernando Peinado y Luis González— deberán declarar el 30 de mayo. Estas testificales han sido solicitadas por la Abogacía del Estado, en representación del propio fiscal general.

La declaración de Neira es especialmente relevante, ya que fue él quien envió el correo electrónico al fiscal encargado de investigar a su cliente por un presunto delito de fraude fiscal. En ese mensaje, Neira proponía reconocer el delito a cambio de un acuerdo con la Fiscalía. La investigación judicial se centra en cómo ese correo acabó filtrándose a la prensa, lo que ha derivado en una causa que sitúa al fiscal general como posible responsable de esa filtración.

Alberto González

La decisión del juez coincide con la comparecencia de Alberto González Amador en los juzgados de Plaza de Castilla. El empresario ha declarado en calidad de testigo y denunciante en el marco de la querella que presentó por presunta revelación de secretos, a raíz de la difusión del correo de su abogado. Esta denuncia fue el origen del procedimiento que ha puesto en entredicho al máximo responsable del Ministerio Fiscal.

Cabe recordar que González Amador también está siendo investigado por varios delitos. Además del presunto fraude fiscal, se le imputan cargos por falsedad documental y, en una pieza separada, por corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con sus actividades empresariales vinculadas al grupo Quirón.

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