El regreso de Juan Carlos I: razones de Estado, memoria histórica y justicia para la figura que heredó de Franco todo el poder y lo cedió al pueblo

«Don Juan Carlos no fue un mero testigo pasivo, sino el motor decisivo que facilitó el tránsito pacífico de una dictadura a un Estado social y democrático de Derecho»

Quienes participamos y vivimos desde dentro el alumbramiento de nuestra democracia —desde la trinchera del compromiso socialdemócrata, de la lucha por los derechos laborales y de la conquista de las libertades cívicas— guardamos una memoria nítida de lo que supuso aquel tiempo de incertidumbre y esperanza.

En ese tablero histórico, la figura de don Juan Carlos I no fue un mero testigo pasivo, sino el motor decisivo que facilitó el tránsito pacífico de una dictadura a un Estado social y democrático de Derecho.

Por lealtad a la verdad y por convicción democrática, no albergo la menor duda sobre su fidelidad a España y al pueblo español.

Por ello, contemplar cómo quien personificó el pacto fundacional de nuestra convivencia reside en tierras lejanas en el ocaso de su vida no solo resulta doloroso, sino profundamente incoherente con la madurez que se le presupone a nuestra democracia.

La maldición del desarraigo: de Alfonso XIII a Estoril

El destino de la Corona española durante el siglo XX estuvo marcado por la herida del destierro:

La partida de Alfonso XIII y el nacimiento en Roma (1938): Tras las elecciones municipales de 1931, Alfonso XIII abandonó España para evitar un enfrentamiento civil fratricida, muriendo en el exilio romano.

Fruto de esa diáspora dinástica, don Juan Carlos nació en Roma el 5 de enero de 1938, en una clínica de la vía Salaria, como un príncipe nacido lejos de la tierra que estaba llamado a reinar.

El largo exilio de Don Juan en Estoril: El conde de Barcelona, Don Juan de Borbón, personificó durante décadas la legitimidad dinástica frente al franquismo desde la villa Giralda en Estoril, encarnando la esperanza de una monarquía parlamentaria que solo pudo ver consumada tras su renuncia formal en 1977.

Resulta un contrasentido histórico inaceptable que quien nació en el exilio romano, hijo del exilio portugués y artífice directo del regreso de todos los exiliados políticos a la patria reconciliada, termine sus propios días en un nuevo destierro.

Proporcionalidad frente a la desmemoria: luces, sombras y perspectiva

Un análisis riguroso exige abordar esta cuestión con templanza y sin hipocresía:

1. Responsabilidad y reparación: No se trata de justificar comportamientos privados que hayan carecido del decoro que su alta magistratura exigía.

Es razonable requerir el reconocimiento de los errores y el resarcimiento riguroso de cualquier deuda tributaria con el erario público. En un Estado de Derecho, la ley rige para todos.

2. Juicio comparativo: Cuando se contrasta su periplo con el panorama político actual —caracterizado por la degradación institucional, el partidismo ciego y los abusos cotidianos de poder—, las sombras achacadas a su vida privada se revelan de una dimensión menor frente a la magnitud histórica de haber traído la paz civil, la Constitución y el periodo de mayor prosperidad y libertad de nuestra historia contemporánea.

Como recordaba con lucidez el filósofo Fernando Savater:

«Puede que Juan Carlos se haya portado como hombre de manera menos digna de lo debido ante unas faldas o una chequera, pero cuando hubo que hacer de rey ante el peligro, desempeñó el papel estupendamente. A mí desde luego no se me olvida ni se me olvidará y me gustaría tenerlo en España como es debido para recordarlo mejor». 

A este juicio se suman voces de referencia intelectual e historiográfica, como el hispanista Paul Preston —quien, aun sin eludir la crítica, ha reiterado que sin el compromiso firme y el coraje político del Rey, la Transición pacífica hacia la democracia habría resultado inviable—, o la de tantos intelectuales y constitucionalistas que reclaman poner fin a un ostracismo que desmerece a la propia España.

Adhesión constitucional y grandeza de Estado

Mi adhesión a la Constitución de 1978 es absoluta. Precisamente desde ese marco emana la exigencia de cerrar esta herida:

–Legalidad ciudadana: Como ciudadano español no sujeto a condena judicial alguna, don Juan Carlos tiene el derecho inalienable a residir en su país.

–Lealtad a la Corona: Proteger la institución que hoy encarna con pulcritud Felipe VI no consiste en esconder o repudiar la historia, sino en integrarla con dignidad y sentido de Estado

–Generosidad cívica: Los pueblos maduros no condenan al olvido exterior a quienes lideraron su libertad.

Don Juan Carlos I debe regresar y fijar su residencia en España, rodeado del respeto de sus conciudadanos y con los honores y la dignidad que corresponden a quien sirvió con lealtad a la causa de la democracia española. 

Por JUAN DE JUSTO RODRÍGUEZ (socialdemócrata de la Transición)