Hoy: 5 de noviembre de 2024
Luis Pineda, responsable de la asociación de defensa del consumidor Ausbank, se pasó bastantes meses en prisión provisional bajo la acusación de haber coaccionado y estafado al BBVA, entre otros delitos, y a otras entidades financieras. Y que para ello se ayudó del sindicato Manos Limpias a través de su director, Miguel Bernard. Pineda fue condenado por las Audiencia Nacional a ocho años; y Bernard, a cuatro.
Pero tras ese calvario, el Tribunal Supremo decidió a absolver a ambos porque entendió que no cometieron ningún delito. Pineda culpa de lo que le ha sucedido al BBVA, que “corrompió a la cúpula policial”, sostiene, para que pergueñase una denuncia contra él que le llevase a la cárcel y evitar que pusiera demandas contra la entidad por abusos a clientes.
¿Que le sucedía al BBVA y, en concreto, a su entonces presidente, Francisco González, para querer llevar a la cárcel al presidente de Ausbanc?
Según Pineda, el motivo fue que había puesto demandas contra la entidad que le costaron muchos millones al banco, 1.200 millones en el tema de las cláusulas suelo, lo que benefició a miles de los clientes. Por ejemplo, la que derivó en que los jueces declarasen nula una cláusula suelo que se inventó la entidad y que le supuso detraer a los clientes casi 200 millones.
Se trataba de sacar a Pineda, y a Bernard, de la circulación, para que no pudieran demandar al banco con acciones judiciales en defensa del consumidor.
¿Qué hicieron Francisco González y su entidad el BBVA, según Pineda, para encarcelarle? Pues contactar con la cúpula policial (“corromperla, en algunos casos incluso con dinero”) y producir un caso inexistente que permitiese encausarle y encarcelarle. Y la jugada salió bien, aunque el Supremo, finalmente, la ha echado por tierra. No había delitos. Nunca debieron ir a la cárcel.
Este asunto pone de manifiesto algo que, sin ser habitual, sí ha ocurrido a veces en la práctica policial, según fuentes judiciales. Investigar la vida de alguien en busca de un delito, o forzar escritos dando apariencia delictiva de determinadas actuaciones.
Pineda quiere que se investigue, en una de las piezas del llamado caso Tándem, que afecta al comisario José Manuel Villarejo y que se instruye en el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, la actuación de la cúpula policial, en connivencia con el BBVA, para encarcelarle injustamente. Y que se depuren responsabilidades. Fueron a destruirle.
Uno de los comisarios de la cúpula policial que, según Pineda, participó activamente en las gestiones para encausarle fue Santiago Sánchez Aparicio, quien ordenó a policías bajo su autoridad que le investigasen a él y a Ausbanc. La idea era encausarle y que no pudiera “asistir al juicio en Luxemburgo para anular las cláusulas suelo a millones de españoles hipotecados”.
Pineda quiere que el juez lo considere “investigado” en la causa del Central 6. Y señala que debe investigarse la actuación de la cúpula policial, incluido Sánchez Aparicio. Porque entiende que, para anularle a él, el BBVA les “involucró y corrompió” con dinero, regalos y otras prebendas. “Hacían regalos y entregas de dinero en billetes. Ellos mismos lo han reconocido”, señala Pineda en un escrito que ha enviado al juzgado.
En el citado escrito, Pineda muestra su disconformidad con una resolución del juzgado que excluye como investigado a José Santiago Sánchez, y señala: “El Auto impugnado desestima, en primer lugar, la solicitud de incluir a José Santiago Sánchez Aparicio, en calidad de investigado, en el procedimiento abreviado en el que pasan a transformarse las presentes diligencias previas. Y lo hace, de acuerdo con la argumentación aportada por el ministerio fiscal, porque tal persona no consta como investigado en las presentes actuaciones”.
Pineda añade en el escrito que ha presentado su abogado: “El hecho de que el auto impugnado haya centrado la desestimación del recurso de reforma de esta parte en un argumento de naturaleza técnico procesal no significa que no se vuelvan a referir todos los indicios que vinculan a José Santiago Sánchez Aparicio, en su calidad de comisario jefe de la policía judicial en el momento de los hechos, con la trama urdida por BBVA, Francisco González Rodriguez, su subordinado Eduardo Ortega Martín y Julio Corrochano Peña [Corrochano, ex alto cargo policial y en ese momento jefe de seguridad del BBVA], entre otros, para terminar con AUSBANC y sus directivos con el apoyo espurio de la UDEF”.
¿Qué indicios hay contra el comisario principal José Santiago para imputarle? En la citada pieza 9 del caso Tándem salen esos indicios, según Pineda. “Están acreditadas entregas de dinero en efectivo llevadas a cabo por BBVA, al menos los años 2014 y 2015, pese a su negativa en la declaración, al constar los recibís con su firma. Está acreditada la comida que mantuvo con Julio Corrochano Peña y Eduardo Ortega Martín, directivos del BBVA, de resultas de la cual solicitó la fórmula que podría emplear la policía para poder actuar contra AUSBANC”.
“Además, acude con Julio Corrochano Peña (BBVA) al despacho de su [entonces] subordinado Manuel Vázquez López (comisario jefe de la UDEF) en el pórtico de las Navidades de dos mil catorce para entregarle extra oficialmente los informes de CENYT contra AUSBANC y el borrador de la falsa denuncia anónima contra AUSBANC redactada por Eduardo Ortega Martín” (Declaraciones de Julio Corrochano Peña.
Asimismo, “Participa en el almuerzo celebrado el siete de enero de dos mil quince en el complejo policial de Canillas entre la alta dirección de la policía nacional y los altos directivos del BBVA al tanto de la operación contra AUSBANC. Y consta un correo electrónico de 26 de julio de 2015 en el que manifiesta su voluntad de informar de la investigación, secreta en esos momentos, de la policía contra AUSBANC a Julio Corrochano Peña y con referencia a Manuel Vázquez López como comisario jefe de la UDEF, que es quien llevó dicha investigación”.
Contra el criterio de Pineda y de los indicios que pesan sobre esta conspiración bancario/policial, el juez también ha evitado imputar a Manuel Vázquez López, que llegó a ser jefe superior de policía de Madrid.
“Resulta paradójico que tanto algunas defensas, como el ministerio fiscal, como el propio instructor hayan empleado el argumento de la sentencia [la condenatoria de la Audiencia Nacional, luego revocada por el Supremo] dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 9 de julio de 2021 para refutar muchas solicitudes de las representaciones procesales de las diferentes víctimas de AUSBANC personadas en esta pieza, y, por el contrario, en este momento procesal, el ministerio fiscal y el juez instructor se refieran a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo como “documentación” o “documento público como cualquier otro”.
El ministerio fiscal, antes de la intervención de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado para quitar a uno de los fiscales que empezaron a investigar todo este asunto, Ignacio Stampa, quería investigar la intervención de la cúpula policial en la destrucción de Pineda. Pero ahora, se sorprende Pineda, el fiscal que ha sustituido a Stampa ha considerado lícita la actuación de los policías en el tema del BBVA con Pineda y Ausbanc. Es decir, que se ha investigado este asunto y que todo fue correcto. Pineda se pregunta: “¿Cuándo se ha investigado? No se ha investigado nada”.
“Estamos ante una grave infracción del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de nuestra Constitución, lo que determinaría las acciones que en Derecho están reservadas a tales efectos”, señala Pineda en su escrito al juez.
El relato de hechos es el siguiente: “A fines del año dos mil catorce, probablemente en diciembre, acudieron a su despacho de la UDEF [al de Manuel Vázquez López], el comisario general de la policía judicial Santiago Sánchez Aparicio y el director de seguridad corporativa del BBVA, Julio Corrochano Peña, para tratar la cuestión de AUSBANC, que extorsionaba a entidades financieras”.
“En el transcurso de la reunión, le entregaron una documentación que era un borrador que el BBVA había preparado contra AUSBANC. Este la leyó y se la entregó a los funcionarios del equipo de fraude policial (que luego llevaron la investigación CONTRA AUSBANC) para que llevasen a cabo una serie de comprobaciones”, prosigue.
El relato sigue así: “El escrito que le entregaron en esa reunión era el mismo que el que se presentó como denuncia anónima en el registro de la comisaría de la policía judicial de 2 de febrero de 2015. Manuel Vázquez tiene declarado asimismo que entregó la documentación recibida a los funcionarios de la UDEF que llevarían después la investigación contra AUSBANC, esto es, los inspectores con carné 81.636 y 96.902“.
“Esto es importante”, reseña Pineda, “porque ambos inspectores ocultaron dolosamente este hecho y dieron una explicación totalmente distinta en sus declaraciones como testigos policiales en las sesiones del juicio oral habidas en el procedimiento abreviado 4/2019 ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que refuerza la necesidad de que declaren en estas diligencias previas en calidad de investigados”.
En el juicio, Corrochano declaró: “Antes de la Navidad de dos mil catorce, fui a la UDEF, saludé al comisario jefe y le entregué una copia del informe de Redondo [Rafael, de la firma Cenyt, cercano al comisario Villarejo] sobre Ausbanc. Y le dijo al comisario que lo estudiarían antes porque seguro que el banco iba a interponer una denuncia al respecto“.
Pineda asegura que hay correos electrónicos en la causa que acreditan inequívocamente las relaciones Cenyt – BBVA – UDEF al más alto nivel, una vez que se había ya blanqueado la ilícita investigación parapolicial por medio de las diligencias incoadas por la UDEF.
Uno de los correos, según Pineda, absuelto por el Supremo de los hechos que le imputó la cúpula policial, “demuestra la ilícita relación existente entre el Comisario General de la Policía Judicial, el comisario jefe de la UDEF y el director de Seguridad Corporativa del BBVA, que traficaron con información de una investigación secreta desarrollada contra una asociación de consumidores plenamente legal”.
Por eso quiere que se investigue a todos estos mandos policiales, y al propio BBVA, por “corromperlos”, para sacar de la circulación a una persona cuyas demandas suponían mucho dinero al banco y al propio lucro personal de sus altos directivos. Sueldos de hasta cinco millones anuales.