El PP (o la Policía Popular)

Estamos a nueve días de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012. El 16 de noviembre, la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz hace publicar en el diario El Mundo, que era, según el entonces comisario José Manuel Villarejo, su cañón Bertha, un documento apócrifo atribuido por los periodistas a la UDEF en el que se afirmaba que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el expresidente Jordi Pujol, habían cobrado dinero de empresas constructoras a través de la trama del Palau de la Música en cuentas de Suiza y Liechtenstein, un invento del confidente pagado de la Policía, el exconvicto Javier de la Rosa.

El jefe de la UDEF, comisario Manuel Vázquez López, desmintió que su departamento hubiera elaborado tal informe. Y Pujol, semanas más tarde, en una entrevista con Susanna Griso desmintió, una vez más, la noticia y añadió:

-Yo me siento un poco indefenso, porque todo esto de la UDEF… ¿Qué coño es eso de la UDEF? Ahora todavía no sabemos si hubo o no un borrador, si se hizo de una forma clandestina e ilegal, o si bien el Ministerio del Interior lo autorizó.

Con ocasión de la consulta soberanista de 2014, la Policía y el ministerio repitieron una operación parecida. El mismo medio, ya citado, publicó una inexistente cuenta del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza. Una maniobra ridícula protagonizada por el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO), que provocó la hilaridad de Villarejo en diversas comidas.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), creada en 2005 y regulada por una orden ministerial de 2013, está integrada por seis brigadas. Los agentes colaboran con los jueces, fiscales y tribunales, quienes les encargan las investigaciones. Pueden actuar también a raíz de denuncias. La UDEF depende, junto con otras cuatro unidades de investigación, de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ).

Según la Constitución (artículo 126) «la policía judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito, descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca». La ley de Enjuiciamiento Criminal regula ampliamente la actividad de la policía judicial en su artículo 182, incluyendo la necesidad de aprobación del juez cuando se destinan agentes encubiertos y se usan identidades falsas.

El comisario José Luis Olivera, como jefe de la UDEF, hizo esta institución a su imagen, semejanza e intereses, en línea con el Partido Popular en los asuntos más escandalosos, como el caso Gürtel, en los que ocultó, según Villarejo, mucha basura del PP para proteger a sus principales dirigentes, empezando por José María Aznar.

La explosión de casos de corrupción política y financiera en España ha puesto a prueba las leyes que regulan unas instituciones que no se han modernizado. Una de ellas es la policía judicial. Asimismo, los proyectos de actualización de la ley de Enjuiciamiento Criminal, donde podrían introducirse cambios, duermen el sueño de los justos.

“La policía siempre ha sido política”, escribe el sociólogo Alex S. Vitale, coordinador del Proyecto de Policía y Justicia Social en el Brooklyn College en su libro “El final del control policial”, quien destaca la intensa actividad de la policía e inteligencia americanas contra los movimientos sociales considerados peligrosos para la estabilidad del sistema o american way o life.

Una actividad que en España también ha sido particularmente enérgica, según se ha podido apreciar en la persecución policial y judicial de Unidas Podemos y de sus principales líderes, desde su proyección en la política española en 2015. Una persecución dirigida a criminalizarles y destruir su reputación (lo que los americanos llaman character assassination).

Ya en marzo de 2016, el citado Manuel Vázquez López hizo varias llamadas a magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ofreciéndoles detalles de un informe llamado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) habida cuenta de que debían pronunciarse sobre la admisión a trámite de una querella del sindicato Manos Limpias contra Iglesias e Iñigo Errejón por presunta financiación ilegal. Era un informe -PISA o Pablo Iglesias Sociedad Anónima- con recortes de periódico que carecía de indicios serios.

Algo parecido al informe sobre Mas y Pujol de 2012

Más allá de este tipo de gestiones, es lo cierto que la actitud desenfadada del entonces jefe de la UDEF revelaba el peso cada vez más creciente de la UDEF y la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) en la instrucción de los procesos sumariales de la Audiencia Nacional. El Supremo no le hizo caso. La querella fue inadmitida

“Este peso cada vez más grande en las investigaciones sumariales tiene su origen en las décadas de lucha antiterrorista. Son los policías quienes poseen y seleccionan la información”, dice un magistrado con amplia experiencia en instrucción de sumarios a EL PERIÓDICO. «Son policías judiciales pero dependen orgánicamente de sus jefes. Y no ocultan a sus jefes la información que recogen. Lo hemos visto en el caso del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos”, enfatiza.

Pérez de los Cobos fue destituido por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en mayo de 2020 y restituido en julio pasado al prosperar su recurso en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

En este caso, el coronel se negó a aportar información al Ministerio del Interior sobre una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid a raíz de la autorización de la manifestación del día de la mujer trabajadora el 8 de marzo de 2020 (desarrollo de los contagios del coronavirus).

Lo paradójico es que al tiempo que Pérez de los Cobos rechazaba aportar información al Ministerio del Interior, la Guardia Civil filtraba a medios digitales sus informes, en gran parte sus opiniones y valoraciones sobre los hechos.

El caso Rosell

«El caso del expresidente del Barça Sandro Rosell es paradigmático de una policía sectaria que le da a la jueza [Carmen Lamela] y a los fiscales la información que les interesa y ocultan otra. Y resulta que si se les hubiera dado todos los datos desde el principio, si se hubiera controlado de manera imparcial, pues se habrían dado cuenta de que ahí no había caso, porque estaba todo justificado», apunta el magistrado consultado.

El caso Rosell ha sido muy grave. “Pasar dos años en la cárcel por un invento es durísimo” ha declarado Rosell. Pero es que, además, existen indicios de que en este caso la información se ocultó en el propio juzgado de la Audiencia Nacional.

“Si es que los informes policiales se trasladan hasta con erratas a los autos de procesamiento y a los escritos de algunos fiscales”, añadió el magistrado consultado. En la última entrega de esta serie abordaremos los casos muy relevantes de la historia reciente del Estado Judicial Español. Uno de ellos es Gürtel; el otro es la instrucción de la causa del ‘procés’, donde la policía judicial representada por la Guardia Civil prácticamente llevó las riendas de lo que hizo el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Y, finalmente, la pieza Kitchen del caso Tándem- Villarejo.