¿A qué esperan para hacer la entrada y registro en Acciona, principal beneficiario de los amaños, según el juez?

El representante de Acciona imputado, Fernando Merino, niega el pago de comisiones y declara que la Unión Temporal de Empresas con Servinabar fue decisión de sus superiores

ERNESTO EKAIZER / EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

¿Qué está pasando con el caso Santos Cerdán? Después de su entrada en prisión el viernes 30, las declaraciones de cinco empresarios imputados como presuntos pagadores de comisiones —dos hoy, lunes 7 de julio, y tres el viernes 4— no han arrojado indicios ni sombras de pruebas que justifiquen retrospectivamente la convicción del juez Leopoldo Puente de enviarle a prisión sin fianza, con el argumento de que, debido a su contacto con esos cinco empresarios —su llamada “posición funcional”, juez Puente dixit—, podría destruir pruebas.

Y resulta cada vez más incoherente que el propio juez destacara en su auto del 30 de junio el papel de la empresa Acciona y exhiba al respecto una incapacidad de actuación. Veamos. En su auto, el juez sostenía que Santos Cerdán cumplía una «posición funcional» que llevaba a que «Ábalos y García pudieran desconocer, acaso, quien o quienes eran las personas físicas en concreto que, en beneficio de la empresa favorecida por la adjudicación -Acciona Construcción actuando en U.T.E.- realizaba/n los pagos, cuál era el importe total de los mismos el mecanismo por cuya virtud se concretaban, limitándose a recibir lo comprometido cuando Cerdán distribuía con ellos los beneficios».

También subraya el juez que «finalmente, conviene no perder de vista tampoco que el total de las obras adjudicadas a la mercantil Acciona Construcción, importaba una suma muy próxima a los 550 millones de euros (concretamente 530.271.005 de euros)». Estas son dos de las numerosas referencias a la relevancia de Acciona Construcción en el auto citado.

Este lunes, 7 de julio, el representante de Acciona en aquellas fechas, Fernando Merino, ha respondido al juez y al fiscal sobre la constitución de la Unión Temporal de Empresas (UTE) con la empresa Servinabar en 2015.

A la pregunta del juez Puente sobre si él había constituido la UTE, Merino respondió:

-No, lo hizo mi superior.

A la pregunta sobre su relación con Santos Cerdán, señaló:

-Lo conocí también [como a Koldo García] el primer año que llegué a Navarra. En 2014, en una ronda de presentaciones.

-¿Y por qué quiso presentarse a Santos Cerdán como representante de Acciona?-indagó el juez.

-Suele ser habitual reunirse con los agentes sociales.

-Y Santos Cerdán ¿qué agente social era?-preguntó el juez.

-Formaba parte de la oposición en el Parlamento Navarro.

-¿Es posible que cenara con Santos Cerdán?-inquirió el juez.

-No. No lo veo posible. Hemos tomado un pincho en alguna ocasión. Pero tanto como cenar no lo veo posible.

-¿Ha pagado alguna comisión a alguno de los implicados en esta causa? -remató el juez.

-No.

A todo esto, en su recurso de apelación, la defensa de Cerdán sostiene que «en el atestado de la UCO no aparece investigada ninguna UTE entre Servinabar y Acciona».

Pero si el juez, a la luz de la respuesta de Merino en el sentido de que no fue él quien ordenó la creación de la UTE con Servinabar, no ordena la entrada y registro en la sede de Acciona, ¿qué sentido tienen sus afirmaciones sobre Acciona en su auto de prisión? Si el fiscal tampoco lo pide y la UCO está dispuesta a registrarlo todo menos a Acciona, ¿por qué no lo solicita la defensa de Santos Cerdán?

Y en lo que se refiere a la declaración de Antxón Alonso, propietario y administrador de Servinabar, que solo respondió a las preguntas de su abogada, según explicó el contrato entre él y Santos Cerdán nunca se llevó a efecto, como declaró el secretario de Organización defenestrado del PSOE, quien reconoció su existencia, pero al tiempo aclaró que nunca se llevó a la práctica. Alonso nego haber pagado comisiones.

Asimismo, como señaló en su recurso Salellas «no llega a comprenderse como el relato indicario se construye a partir de de la pretendida relación directa de Santos Cerdán con Servinabar si dicha empresa aparece relacionada con las adjudicaciones investigadas».

¿Qué esperan el fiscal Luzón y el juez Puente? A que el equipo de la UCO diga ¡Eureka! ¿Es eso? Va a ser cierto lo que el letrado Salellas recordó en su recurso? Que cuando Eduardo Torres Dulce, en calidad de fiscal General del Estado, declaró en su comparecencia el 23 de abril de 2014 señaló que «las causas más complejas, no las instruyen ni el juez ni el fiscal, sino que
llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la capacidad de filtrado crítico es muy limitada».

El juez Puente ya tiene indicios -las declaraciones de los cinco empresarios- para sospechar de que no todo lo que el atestado de la UCO decía va a misa. Y es una pena que Salellas no haya presentado primer recurso de reforma ante el propio juez y haya ido per saltum a la Sala de Recursos.

Precisamente porque hubiera sido interesante darle al juez la oportunidad de rectificar.