El Partido Popular ha dado un paso firme esta semana en el Senado. Con su mayoría absoluta, ha aprobado un conflicto de atribuciones contra el Gobierno. El objetivo es claro: exigir que el Ministerio de Hacienda presente cuanto antes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 ante las Cortes.
La sesión fue intensa. Hubo reproches cruzados entre PP y PSOE. Los populares criticaron la falta de Presupuestos en comunidades gobernadas por el PSOE, mientras que los socialistas recordaron las polémicas judiciales que afectan al Ejecutivo. En medio del debate, el presidente del Senado, Pedro Rollán, tuvo que llamar varias veces al orden a los senadores socialistas para que respetaran el turno de palabra.
Con esta decisión, el Senado adopta oficialmente el conflicto de atribuciones y lo remite al Gobierno. A partir de ese momento, el Ejecutivo tiene un mes para responder. Si no lo hace, o si su respuesta es negativa, será el Senado quien decida si eleva la cuestión al Tribunal Constitucional o no continúa con el procedimiento. La iniciativa del PP podría, por tanto, acabar en el máximo tribunal del país, según ha publicado Europa Press.
Según el texto presentado por los populares, el Gobierno tiene un deber claro: elaborar y presentar los Presupuestos. No hacerlo, sostienen, supone un incumplimiento de la Constitución. Además, alertan sobre lo que consideran una práctica irregular: modificar partidas presupuestarias fuera del Parlamento. Para el PP, esto vulnera el principio de legalidad presupuestaria y limita la función de control de las Cortes.
El PP recuerda que la situación que se podría repetir en 2026 ya ocurrió en 2020. Entonces, los Presupuestos de 2018 se mantuvieron prorrogados por la pandemia de COVID-19. Ahora, dicen, no hay ninguna razón objetiva para retrasar la presentación de los Presupuestos de 2026, salvo la dificultad del Gobierno para conseguir apoyos suficientes en el Parlamento.
El partido popular insiste en que los motivos políticos no pueden justificar el incumplimiento de obligaciones constitucionales. La ausencia de Presupuestos impide que el Senado y las Cortes ejerzan su función de control y planificación económica. En definitiva, lo que busca el PP es garantizar que se cumpla la ley y que el proceso presupuestario se lleve a cabo con transparencia y dentro del marco legal establecido.