Sánchez Fornet, histórico dirigente sindical de la Policía, repasa los años duros del ‘plomo etarra’ y de la Transición

“Cuando España era la 10ª potencia económica mundial, se hacían carreteras, hospitales, viviendas sociales, pantanos… y los españoles no pagaban IVA, IRPF ni IBI”, destaca el policía en su nuevo libro, de pronta aparición

José Manuel Sánchez Fornet, policía durante 44 años (1980-2023), ex secretario general el Sindicato Unificado de Policía, SUP, y 28 años vocal del Consejo de Policía, cuenta en su nuevo libro, que pronto verá la luz, historias desconocidas y secretas de aquellos años en los que el plomo ensombrecía la paz en España con muchas mañanas de calles regadas de sangre terrorista.

Recibió entonces, como responsable del entonces sindicato mayoritario, decenas de querellas y expedientes. Eran los inicios de la democracia y raro llegó a ser el día en que ETA no mataba a algún miembro de las fuerzas de seguridad.

El SUP nació en clandestinidad en 1977 y levantó su acta fundacional el 28 de febrero de 1978. Fue clandestino en el régimen militar de la Policía Armada y Nacional hasta noviembre de 1984, cuando fue legalizado.

En su obra describe la cara oculta de la policía de la época. Relata las luces y sombras de héroes salpicados de corruptos y canallas, alejado del discurso corporativista que falsea la verdad.

El libro (cuyo título se conocerá pronto), se organiza en varios bloques cronológicos, empezando
por “Clandestinidad, una historia nunca contada”, que aborda la manifestación ilegal en diciembre de
1976 de policías y guardias civiles, que acabó con muchos de ellos en la cárcel y expulsados.

Los manifestantes demandaban asistencia en la Seguridad Social y elementales derechos de los que carecían. No tenían jornada laboral y por decisión del jefe podían permanecer días sin ser relevados ni ver a su familia. Cuenta Fornet el nacimiento del sindicato y algunos atentados que costaron la vida a policías en el País Vasco en 1978 y 1979 y las repercusiones que tuvo en el colectivo.

También detalla las medidas de presión que hubo contra los mandos militares, el boicot a los bares de los cuarteles e incidentes como el de Ceuta, donde un comandante sancionó por capricho a un número importante de miembros de la plantilla, lo que constituyó un obstáculo para la legalización del sindicato.

Cuenta que custodió al etarra Joseba Arregui, muerto por torturas en la Dirección General de la Seguridad que había en la Puerta del Sol en febrero de 1981, al que él mismo pagó y le dio de comer unos huevos con chorizo cuando llevaba varios días detenido. Una noche, señala, llegaron 3 inspectores de fuera, lo relevaron y cuando lo volvió a ver 30 horas después había sido torturado. Quienes lo hicieron no fueron condenados.

En El sindicato, legalizado, otro de los bloques, el veterano policía ya jubilado narra los conflictos con mandos militares, como la CRG de León, disuelta por el exministro Barrionuevo, la ley de unificación de 1986, la Ley Corcuera de la patada en la puerta, a la que se opuso el sindicato por vulnerar derechos civiles, o los problemas surgidos por el descontento policial con las condiciones del servicio en la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona.

Subraya que el enfrentamiento entre el PSOE y UGT, entre el expresidente Felipe González y el ex secretario general del sindicato, Nicolás Redondo, propició la ruptura del SUP en 1989 con el exministro Corcuera apoyando a un sector de la dirección nacional, y UGT a otro. Esa ruptura dio lugar tres años después al nacimiento de otro sindicato policial, la UFP, Unión Federal de Policía, señala en el libro.

El siguiente bloque del libro, avanza Fornet, trata de los 20 años que él estuvo en la secretaría general del sindicato (1993-2013); la polémica desatada por la expulsión de 103 inmigrantes sedados con Haloperidol, la oposición del SUP (en solitario) a la Policía de Proximidad o al Programa Policía 2000, y rememora que, por referirse Zapatero a él como “su amigo policía”, eso le creó muchos problemas con el Ministerio de Interior, con algunos intentos de sustituirlo en la secretaría general.

Destaca Sánchez Fornet que en España no se respetan los derechos civiles, y que hay millones de identificaciones arbitrarias sin justificación ni control cada año, lo que implica una desobediencia a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1993; asimismo, cita el informe de la Comisión de Venecia de 2021 contra la Ley Mordaza, al que no han hecho caso ni Gobierno ni oposición (el PP, que lo despreció, reclama ahora otro informe, urgente, sobre la amnistía). Y denuncia la cuantía de las sanciones administrativas sin control judicial, que son, explica, una pérdida de garantías y derechos de ciudadanía.

También narra en el libro casos sobre sentencias injustas, indultos a policías gestionados por el sindicato y abusos policiales jaleados por el colectivo, reclamando un “reseteo” de la formación y la práctica policial. Y publica el informe oficial donde certifican que su nombre apareció como objetivo de ETA en cuatro comandos (1992, 1994, 1996 y 2002), con nombres de los terroristas que querían localizarlo y matarlo y los jefes de ETA que lo ordenaron.

En “Cambio de rumbo, el hundimiento”, Sánchez Fornet detalla las maniobras de Ignacio Cosidó, director general de la Policía, el nacimiento del sindicato JUPOL y el hundimiento del SUP en las elecciones de 2019, perdiendo más de 15.000 votos y bajando de 7 a 2 vocales en el Consejo de Policía.

Dice que la denuncia del ático de Marbella de Ignacio González provocó que todos los resortes del poder dispararan contra él, incluso su sindicato, y que observa coincidencias en ese caso con Kitchen y Gürtel sobre financiación irregular.

Tricornio en Democracia

En el apartado Tricornios en Democracia, recuerda Sánchez Fornet el intento de guardias civiles de organizarse en asociaciones profesionales que acabó con muchos de ellos en prisión, otros jubilados anticipadamente y cuatro expulsados, situación en la que siguen y que confía que se resuelva este año.

Se trata de José Piñeiro, José Morata, Manuel Rosa y el ya fallecido Manuel Linde, expulsados en la década de los 90 y que ahora, por fin, ven luz al final del túnel porque el ministro de Interior y la ministra de Defensa, Marlaska y Robles, respectivamente, están de acuerdo en acabar con esa injusticia casi 30
años después.

La ley de Personal de la Guardia Civil del pasado año contiene una disposición restableciendo los derechos a los expulsados, sin abonarles salarios perdidos pero computando el tiempo de expulsados para su jubilación. No se aprobó por el adelanto electoral, pero al continuar en sus cargos ambos ministros hay posibilidades de que se limpie este asunto sucio de la democracia.

En Corrupción estructural, policías honrados cuenta con profusión de datos hechos que la omertà (ley del silencio) profesional y política no quieren que se conozcan. Aborda desde prácticas corruptas rutinarias a hechos que han marcado las noticias durante años, como el GAL, el 11M, el informe UDEF, o la cacería contra el comisario Villarejo.

También refiere procedimientos que deberían controlarse en sistemas de ingreso y ascenso interno por existir prácticas evidentes de nepotismo y corrupción. Relata un expediente a un sindicalista condenado por una falta a 60 euros de multa por criticar a un mando, y la Dirección General de la Policía elevó la sanción (al ser falta no debería ni abrirse expediente) a 20 días de suspensión de empleo y sueldo; y además se sancionó en el mismo pleno del Consejo dos expedientes por delitos (no faltas), de un comisario, por daños a un coche de policía local al darse a la fuga, y resistencia. Fueron sancionados con cinco días de suspensión cada delito.

También hubo una falta por criticar a un mando proveniente de un dirigente sindical de escala básica, 20 días; y dos delitos por resistencia y daños de un comisario, 10 días. Esto es régimen disciplinario policial, que en ese tiempo dependía del comisario principal y subdirector Antonio Rodríguez, mano derecha del exdirector general Ignacio Cosidó.

El siguiente bloque, “De la dictadura a la democracia”, trata la reconversión de la sociedad española en los últimos 50 años, del aislamiento de la dictadura, y el Estado centralista para participar en todos los organismos internacionales y ser un multi-Estado derrochador.

Constata Sánchez Fornet que España era la 10ª potencia económica mundial y se hacían carreteras, hospitales, viviendas sociales, pantanos (muchos), había sanidad y educación y los españoles no pagaban IVA, IRPF, IBI ni otros muchos impuestos actuales; con un salario un matrimonio tenía vivienda, coche y una vida digna, y eso hoy es imposible.

Culpa de ello al proceso de privatización salvaje desarrollado desde la década de los 80 hasta hoy, entregando a manos privadas ingente riqueza nacional con la que se pagaban los referidos gastos del Estado.

Antes mandaban 4.000 y hoy 400.000, cada uno com coche oficial y otros chiringuitos

Asimismo, culpa a la casta política franquista, y la que se incorporó desde 1977, de haber conducido a España por el mismo camino que hicieron los políticos en Argentina, que era el país más rico del mundo a finales del siglo XIX, y más rico que Alemania a principios del siglo pasado, y hoy está hundida en la pobreza por decisiones políticas erróneas.

En España se ha multiplicado el gasto, fraccionado el Estado y todo político, familiar o allegado tiene un sitio o una empresa con la que recibir subvenciones estatales o europeas; la casta política y su entorno son los señores feudales de este tiempo; donde antes había 4.000 decidiendo, cobrando y gastando recursos económicos públicos, hoy cobran y gastan con despachos, coches, chiringuitos o asesorando 400.000.

Aboga por más control, centralización de algunas competencias (sanidad, educación, hídricas, medio ambiente…) con gestión descentralizada para ser más eficientes, generar y repartir mejor la riqueza. Las personas en situación de pobreza del país no dejan de incrementarse desde hace 15 años. Y todo ello afecta a la sociedad y al trabajo policial.

El libro, que generará polémica cuando vea la luz, por el enfoque de algunos de los asuntos, como el 23F o los casos Faisán y Kitchen, expone sus conclusiones desde una perspectiva distinta a lo políticamente correcto, avanza Sánchez Fornet.