El Poder Judicial ‘tiene frito’ al juez Peinado pidiéndole papeles sobre los 4 expedientes que le ha abierto a instancias de afines al PSOE

El ministro Bolaños mueve sus hilos en el Consejo, a diez de cuyos vocales designó él mismo tras una negopciación con el popular Esteban González-Pons, para amedrentar al juez del ‘caso Begoña’

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene frito al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez (la pentaimputada mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez) porque no cesa de pedirles papeles y documentos en relación con los cuatro expedientes que le tiene abiertos, dos de ellos, a instancias del ministro socialista de Justicia Félix Bolaños.

Los expedientes abiertos a Peinado en el CGPJ, donde el PSOE tiene mayoría de vocales afines, 11 de 21, pues a esos 11 los propuso el propio Bolaños cuando negoció con el PP de Casado la renovación del órgano de gobierno de los jueces, nunca habrían tenido la menor atención disciplinaria en el CGPJ de no ser porque Bolaños, y en definitiva, el PSOE, están detrás de ellos.

Una de las 2 quejas al CGPJ del ministro Bolaños es que, según dijo, se enteró por la prensa de su citación judicial ante Peinado del pasado 16 de abril (es decir, cuando el juez acudió a la Moncloa para interrogarle por una malversación de caudales públicos relacionada con una asesora de Begoña Gómez llamada Cristina Álvarez).

Promotor disciplinario

En la oficina del promotor de la acción disciplinaria del Consejo se reciben cientos de quejas al año, de este tipo y de otros, tanto de abogados como de usuarios de la justicia, y por temas de mucho más calado que este. Casi todas las quejas son rechazadas, sin más.

Sin embargo, los expedientes contra el juez Peinado, que llevan meses abiertos, no solo siguen vivos, sino que el Consejo tiene breado al juez pidiéndole papeles sin tregua, pese al mucho trabajo que le depara la investigación del caso Begoña.

Dos de los cuatro expedientes se han abierto por denuncias del ministro Félix Bolaños y los otros dos por personas que, según todos los indicios, pertenecen a la esfera socialista.

Pese a los ataques que está sufriendo Peinado, él y su familia, es consciente de que desde esferas socialistas se les está investigando por doquier con la finalidad de buscar algún trapo sucio que desacredite al juez instructor de uno de los casos judiciales más relevantes desde que llegó la transición.

Caso Leyre

El caso de Leyre Díez, la fontanera del PSOE, la persona que está siendo investigada por un juzgado de plaza de Castilla por supuestamente amenazar y/o ofrecer prebendas y tratos de favor jurídicos a distintas personas con la finalidad de que le ayudasen a «limpiar» los indicios que apuntan a Begoña en los asuntos de corrupción que le atribuye Peinado.

Según explicó Leyre al exfiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, en una entrevista que mantuvo con él para sonsacarle información del jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, la orden de limpieza procedía del propio Sánchez.

El juez Peinado está, no obstante, muy tranquilo.

Lleva muchos años como juez y no es fácil inquietarle o doblegarle para que archive los indicios de cinco delitos que pesan sobre Begoña Gómez. Y sigue, pues, tirando de la manta.

Los abogados de la acusación en el caso Begoña le han vuelto a pedir que cite a declarar a Pedro Sánchez para preguntarle qué sabía él de la contratación y cometido de Cristina Álvarez, la amiga de Begoña que esta puso a su disposición en La Moncloa para que le gestionase incluso cuestiones lucrativas relacionadas con su cátedra fake en la Universidad Complutense.

Por este asunto el juez le atribuye un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

No está establecido legalmente que la mujer de un presidente tenga secretaria o asistenta. Eso, no obstante, sería pasable. Lo que el juez Peinado considera que puede ser una malversación de caudales es que Álvarez, en lugar de ser eso, una secretaria, se pusiera manos a la obra con Begoña en los asuntos personales de esta. Incluidos sus negocios.

El juez Peinado tenía todo previsto para concluir dos de las causas que investiga sobre Begoña, la antes mencionada y la de la cátedra fake, y elevarlas antes de Navidad a la Audiencia de Madrid para su enjuiciamiento, sin perjuicio de continuar sus pesquisas sobre los otros tres delitos (falsedad, tráfico de influencias y estafa).

El juez quería desgajar el delito de malversación de los otros para que se celebrase un juicio con jurado con él.

Pero ha sufrido un revés en la Audiencia de Madrid en este sentido, ya que este tribunal ha hecho saber al juez que no cabe desgajar ese delito del resto y que continúe con las pesquisas con la finalidad de celebrar con todos los delitos juntos, en su caso, un único juicio.

Por tanto, su idea de que antes de Navidad la Audiencia dispusiese de un delito totalmente instruido y listo para juicio se ha caído. Y el problema es que el juez se jubila tras el próximo verano y, tras la decisión de la Audiencia, ya no está claro si podrá cerrar el conjunto de la causa antes de esa fecha.

Es posible que no le de tiempo, pues aún le quedan, para poder cerrar los otros delitos y dejarlos listos para juicio, determinadas diligencias que previsiblemente no estarán listas antes de que llegue la hora de jubilación de Pinado.

Si ocurriese así, las causas contra Begoña Gómez podrían sufrir un parón enorme.

De la causa se haría cargo el juez que lo sustituyese, pero suelen pasar semanas antes de que se produzca un relevo judicial, y además el nuevo juez tendría también que tomarse su tiempo para estudiarse las causas.

Y entretanto, el CGPJ tiene agobiado al juez pidiéndole documentación y que responda a los cuatro expedientes que le tiene abiertos.

Lo grave de este asunto es que fue el propio Bolaños, en nombre del Gobierno, el que colocó y designó a 11 de los 21 miembros del Consejo, incluida la presidenta, Isabel Perelló, amiga de Margarita Robles.

Diez vocales más la presidencia, del total de 21 vocales que conforman el Consejo, dan, pues, al PSOE la mayoría en este órgano.

Y es el Consejo, a través de su comisión disciplinaria, el que puede sancionar a un juez. E incluso echarlo de la carrera si lo que hace es grave. Pues al CGPJ ha ido el ministro de Justicia, Bolaños, donde el PSOE tiene mayoría de vocales.