Pablo Iglesias, quien escribió que «azotaría» a la periodista Mariló Montero «hasta hacerle sangrar», critica al magistrado y señala que habría que apartarle de la carrera por «machista»
El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha enviado un escrito al juez Adolfo Carretero en el que le reclama para su análisis el vídeo con la grabación del interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá.
Elisa Mouliaá es la mujer que atribuye una supuesta agresión sexual al ex alto cargo del partido Podemos y ex portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados Íñigo Errejón.
Las redes sociales en han convertido en los últimos días en un hervidero de insultos y quejas contra el juez atizadas por el lobby ultrafeminista al trascender los vídeos sobre los interrogatorios judiciales a Errejón y Mouliaá.
Afirma Mouliaá en su denuncia y luego ratificó ante el juez que, hace cinco años, durante una fiesta en un piso, Errejón se la llevó agarrada del brazo a un dormitorio de la casa, la lanzó sobre una cama, se sacó el pene y le chupó las tetas, entre otros tocamientos.
Errejón, ideólogo del «no hay denuncias falsas y del no es no, sostuvo en su declaración ante el propio Carretero, por su lado, que todo fue consentido y que la denuncia de Mouliaá, en este su caso, «si es falsa».
Ricardo Conde ha abierto un expediente al magistrado Carretero tras recibir vía Internet un millar de quejas o denuncias, la inmensa mayoría procedentes del lobby feminista-
Este interpreta que el magistrado no fue lo suficientemente sensible en algunas palabras y preguntas que formuló a Mouliaá sobre lo que le había sucedido.
En la apertura de este expediente hay datos llamativos. Después de su declaración, Mouliaá se fue a varios platós de televisión y comentó, a preguntas de periodistas, que en ningún momento se sintió condicionada o intimidada con la forma en que el juez se dirigió a ella y le formuló las preguntas.
Lo que contrasta con la interpretación que hace el lobby feminista.
El líder en la sombra de Podemos, Pablo Iglesias, que en un mensaje y en canal de televisión ha indicado que al juez Carretero «hay que apartarlo de la carrera judicial por machista».
Lo dice el mismo Iglesias, ex marido de la eurodiputada Irene Montero y padre de sus tres hijos, que escribió otro mensaje en un móvil, que publicó Okdiario, en el que manifiesta que a la presentadora de televisión Mariló Montero él «la azotaría hasta hacerla sangrar», literal.
Y también el mismo Iglesias investigado por la Audiencia Nacional por tener en un móvil ocultas durante seis meses imágenes delicadas de su ex colaboradora Dina Bousselham–
Y que lo hizo con la supuesta finalidad de filtrar la información a la prensa para atacarle, según una resolución del juez García Castellón.
Un expediente célere
En un país donde la justicia no destaca precisamente por la celeridad, hay jueces, uno en Sevilla, por ejemplo, que tardan más de un año en poner las sentencias (y muchísimos otros que emplean años y años en instruir causas nada complejas), la mayor preocupación ahora del promotor Ricardo Conde es analizar el tono de las preguntas del juez Carretero.
Y ver si de ello puede derivarse una sanción.
«El lobby feminista causa pavor cuando se pone a empujar», señala un juez de Madrid.
«La justicia tiene que ser inmune a esas presiones y menos aún, para contentarlas, cometer alguna arbitrariedad por una actuación judicial normal en la que el juez solo busca conocer la verdad», añade.
En cambio, el caso de este interrogatorio, Conde apenas ha tardado unas horas en abrir un expediente sobre una declaración que se ha filtrado a las redes sociales y donde se ve a un juez que pregunta, a su modo, para descubrir la verdad.
Y más tratándose de un tema mediático en el que la denuncia de Mouliaá, desde la perspectiva penal y temporal.
Todo este barullo es porque a un sector del feminismo, que no parece preocuparle tanto la gruesa tardanza en general de la justicia, no le ha gustado la forma ni el tono en que Carretero formuló algunas preguntas a Mouliaá.
El juez está dolido por los ataques en las redes sociales y ha pedido amparo ante la cacería ad hominen que se ha desatado contra él.
El juez empleó en alguna ocasión un lenguaje coloquial con la finalidad, como es su labor, de ver si había elementos suficientes como para imputar a Errejón una agresión sexual. Ese es su deber.
La cárcel acechaba al cofundador de Podemos. Se trata de un asunto escurridizo desde la perspectiva penal.
La carga probatoria es muy exigua, solo la declaración de ella, y la denunciante ha tardado casi cinco años en elevar lo acaecido ante la justicia.
Mientras se esclarece la verdad, el lobby ultrafeminista está lanzando sus dardos contra el juez, que ha pedido amparo al Poder Judicial.