El Poder Judicial denuncia que la amnistía que Sánchez ha pactado con un «fugado de la justicia» ataca al Estado de Derecho

El organismo acusa al presidente de «confundir el ‘interés de España’ con el interés suyo personal’

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó este lunes una declaración institucional en oposición a la amnistía que está siendo discutida por el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En este comunicado, denuncia que la eventual aprobación de dicha ley significaría la «abolición» del Estado de Derecho.

La declaración expone la intensa preocupación del CGPJ ante la proyectada ley de amnistía. Y alerta sobre su impacto negativo en el Estado de Derecho en España. Destaca que esta ley convertiría al Estado de Derecho en una mera proclama formal con consecuencias perjudiciales para el interés real de España.

Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces indican que la declaración fue aprobada con los votos de los 8 promotores, los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, más el voto de Wenceslao Olea, también del bloque conservador. Aunque solo se necesitaban 8 votos, lograron incluir a Olea mediante modificaciones al texto original.

El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, optó por votar en blanco y redactará una explicación de voto mostrando su desacuerdo con la amnistía, pero considerando conveniente esperar a una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.

Esta es la primera vez que el CGPJ se pronuncia sobre la futura amnistía, incluso antes de conocer un texto detallado. Los vocales progresistas critican la falta de una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados y argumentan que la declaración corre el riesgo de confundir a la ciudadanía al opinar sobre una norma inexistente.

El CGPJ ha explicado que había mantenido «una actitud de prudente expectativa», que decidió abandonar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompiera su silencio el 28 de octubre afirmando «dos cosas»: «la primera, que efectivamente ha pactado una ley de amnistía» y, «la segunda, que la medida se adoptará en ‘interés de España’ para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiera repetición electoral».

Quiere dejar claro que «no discute las potestades de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes para realizar cuantas propuestas de leyes consideren pertinentes», pero subraya que «tampoco puede aceptar que se acometa una iniciativa que cercene de una forma tan ostentosa los derechos fundamentales». de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial».

«En otras palabras, que las Cortes vendrían a incidir en el Poder Judicial», en lo que comporta «una invasión inadmisible» de las funciones que la Carta Magna reserva a los tribunales de justicia, señala el CGPJ.

Por ello, para el CGPJ «una ley de esas características no puede tener ni fundamento ni razón alguna», y «vanos resultarán los argumentos para su motivación» que puedan exponerse en el preámbulo de la futura ley.

El Consejo apunta que la «motivación real ya ha quedado expresada» por Sánchez y, en este sentido, advierte de que «confundir el ‘interés de España’ con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política».

A ello suma que aprobar una amnistía «para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas» supone «degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo».

Además, dice que «supone generar una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos», lo que, a su vez «supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley”.

«Utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política, constituye una perversión del régimen constitucional», fija el CGPJ.

Por último, pone la lupa en que no solo «se violenta» la Constitución sino también el Tratado de la Unión Europea respecto a los principios de Estado de Derecho e independencia judicial, anticipando el «riesgo de que llegue el momento en el que la UE decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios».

Frente a las críticas por pronunciarse antes de conocer la proposición de ley, el CGPJ reivindica tanto su «legitimidad» como «la oportunidad de hacerlo ahora».

Sobre la legitimidad, sostiene que «no puede considerarse en ningún caso ajeno» a sus funciones «alzar su voz cuando la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho puedan estar en peligro».