«La justicia que no es verdadera es el peor de los engaños.» San Francisco de Sales
En el corazón de Madrid, el Palacio de las Salesas se alza no solo como un monumento arquitectónico, sino como el último refugio de la seguridad jurídica en España. Sin embargo, sus muros de piedra hoy parecen vibrar bajo el asalto de un concepto extranjero que amenaza con demoler la independencia del juzgador: el Lawfare. Esta «guerra judicial» es la herramienta de quienes, incapaces de someter la realidad a su voluntad política, pretenden someter a los jueces a sus intereses de partido. Es la mutación del derecho en arma arrojadiza, una estrategia que busca convertir el estrado en una trinchera y la sentencia en un panfleto.
No es baladí que este bastión de la ley lleve el nombre del Santo de la Amabilidad. Hoy, las sombras del lawfare pretenden instalar el engaño en las salas donde antaño las abadesas salesianas practicaban el desapego y la rectitud. Ellas sabían, bajo su regla monástica, que el honor reside en no pedir nada y no rechazar nada que el deber imponga. El magistrado actual debe recuperar esa mística de la integridad: su única voluntad debe ser la norma que juró proteger, sordo a las promesas y ciego a las amenazas de la arena política.
Esta crisis ha levantado una muralla de indignación en la esfera pública. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha denunciado con vehemencia que nos encontramos ante un intento de sustituir la ley por la voluntad de un solo hombre, calificando la situación como un camino hacia la tiranía donde la independencia judicial es el último obstáculo a derribar. Para Ayuso, el ataque a los jueces es el ataque a la libertad misma de cada ciudadano.
Por su parte, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha diseccionado la trampa semántica del lawfare con una oratoria demoledora. Para ella, no existe tal «guerra judicial», sino una «guerra contra la justicia» perpetrada por quienes buscan la impunidad. Álvarez de Toledo sostiene que señalar a los jueces es una forma de prevaricación política, una claudicación del Estado ante quienes violaron la Constitución. Sus discursos en el Congreso han sido el eco de una sociedad que se niega a aceptar que la política sea un territorio libre de ley.
No solo la política resiste. Voces institucionales como la de Vicente Guilarte, desde la presidencia del órgano de gobierno de los jueces, han recordado que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos. El asedio al Palacio de las Salesas es, en última instancia, un asedio a la seguridad de cada español. Como bien sostenía el insigne profesor Francisco Tomás y Valiente: «El Derecho es la única alternativa a la fuerza».
Al introducir la sospecha del lawfare, se pretende que el juez deje de mirar la ley para mirar hacia atrás, hacia la conveniencia del poderoso. Es la quiebra absoluta del principio de igualdad ante la ley. El honor de la justicia española está siendo subastado en el mercado de la gobernabilidad. Manuel García-Pelayo, con su sapiencia habitual, nos recordaba que el Estado de Derecho es, ante todo, un Estado de límites. Cuando el poder legislativo intenta desbordar sus cauces para intervenir en la labor de los tribunales, se rompe el equilibrio necesario para la paz social.
Frente a la crisis, la única respuesta posible es la verticalidad. Los jueces que habitan el Palacio de las Salesas deben resistir el canto de sirena de la politización. El prestigio de un jurista no se mide por su afinidad con el poder, sino por su capacidad de decir «no».
Es imperativo que el respeto institucional vuelva a ser la norma. No podemos permitir que la justicia sea este sustento corrompido por la ideología que algunos pretenden servir en la mesa de la democracia española. La libertad, como fin supremo, solo es posible si el Palacio de las Salesas se mantiene como un territorio libre de [email protected] sombras del lawfare.
«Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir.» Miguel de Unamuno
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario