Supervivencia por volumen de ventas (III): El sistema

La dictadura del balance: la justicia como fondo de comercio

«El poder no corrompe; el poder atrae a lo corruptibles.» — Frank Herbert

La dictadura del balance: La justicia como fondo de comercio

El sistema actual de justicia ha mutado hacia una estructura corporativa donde el fin supremo no es la verdad, sino la supervivencia presupuestaria. Estas oficinas, lejos de operar como garantes del orden social, funcionan como unidades de negocios obsesionadas con la productividad. Existe una realidad ineludible en el mundo del management: si una división no presenta resultados medibles, corre el riesgo de ser eliminada. En el ámbito jurídico, esto se traduce en una carrera frenética por la cifra. La oficina no juzga personas, procesa indicadores de gestión; no busca el equilibrio de la ley, sino la validación de su existencia a través de un flujo constante de expedientes abiertos. La ética ha sido suplantada por una contabilidad perversa: cada condena es un activo que justifica el sueldo, los bonos por desempeño y la permanencia de un personal que ha olvidado el juramento de buscar la justicia para convertirse en meros mercaderes del castigo.

La lógica operativa

La lógica operativa de estas instituciones es tan sencilla como aterradora: si no vendemos, desaparecemos. Este mantra interno dicta que la paralización de la maquinaria es el mayor enemigo. Por ello, el funcionario de turno ha desarrollado una visión de «comerciante de la culpa». La denuncia, aun siendo falsa, es el inventario que permite mantener abierta la tienda. Se busca captar «clientes» —o más bien, víctimas propicias— para alimentar la estadística que reportarán ante las instancias superiores. No es una búsqueda de justicia, es una estrategia de ventas agresiva. Cuando el sistema se vuelve un fondo de comercio, el inocente se convierte en un daño colateral necesario, una cifra más en la hoja de Excel que garantiza que el presupuesto del próximo año sea aprobado. La maquinaria debe seguir girando, aunque sea a costa de demoler la vida de quienes tienen la desgracia de cruzarse en su camino.

El castigo como producto

Esta cultura organizacional del castigo como producto es el caldo de cultivo de la corrupción estructural. Para mantener la cresta de la ola, estas oficinas se ven obligadas a inflar la demanda. Como en cualquier sector donde la competencia es feroz y los bonos dependen del volumen de ventas, se incentiva la creación de expedientes con pruebas endebles, testimonios comprados y una indiferencia deliberada ante la exculpación. El funcionario que archiva un caso por falta de elementos de convicción es visto como alguien que «perdió una venta», alguien que no sabe maximizar el potencial de su cubículo. En este ecosistema, la probidad es un lastre, y la capacidad de fabricar una narrativa culposa/dolosa es la competencia más valorada por los gerentes de este mercado de la desdicha. La justicia se ha privatizado internamente, convirtiéndose en el negocio más lucrativo para quienes han hecho del cargo su feudo personal.

La propaganda y la monetización del sufrimiento

La gestión de esta «empresa» requiere una propaganda constante. Estas oficinas deben proyectar una imagen de eficiencia salvadora para que la sociedad, confundida y temerosa, no cuestione por qué los índices de criminalidad siguen siendo los mismos a pesar de tantas condenas. Se vive de la falsa apariencia de éxito. El management del dolor exige que, ante la opinión pública, cada sentencia se celebre como un triunfo de la civilización, ocultando que, tras bastidores, lo que se está ejecutando es una liquidación masiva de derechos fundamentales. Los bonos por condena actúan como comisiones de venta: entre más rápido se agilice el proceso —sin importar el debido proceso—, mayor será el incentivo económico. Esto ha creado una casta burocrática dedicada exclusivamente a la monetización del sufrimiento, donde la moral ha sido reemplazada por el reporte de metas cumplidas y la ética por el balance financiero.

El ser humano como dígito estadístico

Es imperativo reconocer que para estos funcionarios, el ser humano ha dejado de ser un fin en sí mismo para convertirse en un mero dígito estadístico. La vida de un inocente es, a ojos de este sistema, un insumo más para justificar el presupuesto, un sacrificio necesario en el altar de la permanencia laboral. Existe una máxima cínica que guía su proceder: «si nos hacemos necesarios, nos mantenemos en la nómina». No importa que el costo sea la destrucción de una vida; lo fundamental es figurar, facturar y ser estadísticamente relevantes para sostener una existencia burocrática que, de otro modo, carecería de toda justificación. Como dice el refrán popular, «a río revuelto, ganancia de pescadores», y estas instituciones han aprendido que, en el cauce de la mentira y la denuncia fabricada, siempre encuentran el caudal necesario para mantener sus privilegios; le importa un bledo la impronta moral, pues para ellos la vida del otro es solo un número que se borra para que el balance cuadre al final del mes.

Hacia la superación del mercado judicial

Para finalizar, la lucha contra este sistema mercantil es una batalla por la dignidad humana. No permitiremos que la lógica del lucro se apodere de la balanza de Temis. Aquellos que han convertido el estrado en un mercado persa deben entender que, aunque el «volumen de ventas» los mantenga hoy en sus cargos, la historia no perdona a quienes cambian la justicia por un bono o un salario. La verdadera excelencia institucional no reside en la cantidad de personas que logran encarcelar, sino en la capacidad de reconocer y proteger la verdad por encima de cualquier presupuesto. Aquellos que operan bajo el lema de «o vendemos o desaparecemos» terminarán siendo aniquilados por su propia irrelevancia, porque ninguna estructura, por más sólida que parezca su maquinaria burocrática, puede sostenerse perpetuamente sobre el artificio; pues la verdad, al igual que el agua, siempre encuentra su cauce incluso entre las grietas más estrechas del poder.

Canon: El presente artículo constituye un ejercicio de análisis doctrinario y crítica constructiva, amparado en el derecho constitucional de contraloría social y la libertad de cátedra, destinado al examen de la praxis judicial contemporánea. El objetivo de estas líneas es exponer, mediante el uso de la hipérbole analítica y el contraste filosófico, las distorsiones procedimentales que afectan la integridad del debido proceso. Este análisis se realiza como un aporte académico orientado a la vigilancia del servicio público de justicia, con el fin de promover la rectificación de vicios y fortalecer el sistema institucional en beneficio de la sociedad.

«La libertad y la inocencia no pueden ser tratadas como mercancías en el mostrador de la burocracia, pues cuando el hombre depreda al hombre para justificar su salario, ha renunciado definitivamente a su propia humanidad, convirtiendo su existencia en la impronta de una sombra que se desvanece ante la luz de la verdad.» — Doctor Crisanto Gregorio León

Doctor Crisanto Gregorio León
Abogado / Profesor Universitario