Supervivencia por volumen de ventas (II): El conflicto

La dialéctica de la deshumanización

«Lo que no se mide, no se puede mejorar, y lo que no produce resultados inmediatos, debe ser eliminado de la estructura para asegurar la viabilidad de la corporación.» – Axioma corporativo de la alta gerencia de ventas

«La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.» – Ulpiano

Introito: La dialéctica de la deshumanización

Al contraponer estos dos pensamientos, buscamos desvelar la profunda ruptura que fractura nuestra praxis judicial contemporánea. La yuxtaposición no es un ejercicio retórico gratuito, sino una advertencia necesaria: mientras el axioma corporativo impone la tiranía de la métrica como único horizonte de existencia, el mandato de Ulpiano nos recuerda que la justicia no es una cifra, sino un acto de voluntad sagrada. La finalidad de esta comparación es desenmascarar cómo la lógica del mercado ha colonizado el altar del Derecho, obligando al operador judicial a elegir entre su humanidad o su permanencia en la nómina. No buscamos la grosería, sino la precisión del escalpelo para exponer la patología de un sistema que, al perder su brújula ética, ha sustituido la búsqueda de la verdad por la manufactura de expedientes rentables.

La mercantilización de la justicia penal

La justicia ha degenerado en un mercado donde la eficiencia ya no se cifra en la rectitud de los fallos, sino en la productividad estadística de las oficinas receptoras de denuncias. En este escenario, las unidades dedicadas a la violencia han sucumbido a la perversa lógica de la supervivencia mediante el volumen de ventas. Si el despacho no reporta un flujo incesante de expedientes, su existencia se torna prescindible ante los ojos de una burocracia que desprecia la calidad en favor de guarismos fríos. Los funcionarios, atrapados en esta maquinaria, operan bajo la amenaza de la supresión si sus indicadores no alcanzan la cuota impuesta, convirtiendo la tutela de derechos en una línea de ensamblaje donde la vida ajena es apenas un insumo para justificar su permanencia en la nómina.

El depredador del conflicto: la deshumanización institucional

El mecanismo es tan voraz como insidioso: el funcionario, lejos de ejercer una labor orientadora, se erige como un depredador del conflicto. En lugar de evaluar la viabilidad de la denuncia o de dialogar con la pretendida víctima sobre la veracidad y el sustento de sus pretensiones, opta por «sacar fruto» de la denuncia, por muy endeble que esta sea. La ambición de garantizar bonos los empuja a sacrificar la inocencia ajena, convirtiendo el despacho en una trampa donde se tejen infamias para asegurar la «venta» del caso. Es la incapacidad de brillar por mérito propio lo que impele a estos operadores a destruir la estabilidad de quien, por honestidad, resulta un obstáculo para la vorágine estadística exigida.

La atrofia biológica y el imperativo de la denuncia

En estas instituciones rige una ley inexorable que se asemeja a un principio biológico: órgano que no se utiliza, se atrofia. Por ello, el funcionario teme la paz social, pues su oficina desaparecería sin un flujo constante de expedientes que le otorguen relevancia. Esta decadencia revela que, tras una máscara de normalidad, operan individuos cuya actividad destructora es tan letal como una patología maligna. Promueven rencores y tergiversan hechos con la única finalidad de que las cifras cuadren ante el superior. Para estos operadores, la justicia es un artefacto explosivo que debe activarse constantemente, buscando prosélitos que, por temor a perder su posición, se adhieren a una dinámica donde el aplastamiento del otro es la moneda de cambio para sobrevivir.

El sacrificio del debido proceso en el altar de la estadística

Las irregularidades en la cadena de custodia y la fragilidad de los informes periciales son la consecuencia directa de esta «venta» de expedientes. La celeridad, mal entendida como premura, sacrifica los derechos fundamentales en el altar de la estadística mensual. Los operadores judiciales actúan bajo una presión asfiante, donde la supervisión de la cadena de custodia se reduce a un formalismo vacío y los peritos son constreñidos a ajustar sus conclusiones a la necesidad de mantener el volumen operativo. El derecho penal, lejos de ser un escudo contra el abuso, se ha transformado en un instrumento de subsistencia para quienes, temerosos de caer en el olvido laboral, convierten las sedes judiciales en espacios donde la supervivencia vale mucho más que la verdad procesal.

La ceguera ante el propio destino

Ante esta maquinaria fría, cabe una interrogante que golpea la puerta de la conciencia de todo servidor público: si un hijo, un hermano o usted mismo ocupara mañana el lugar del procesado, ¿permitiría que su libertad fuera reducida a un simple dígito en la estadística? La ceguera burocrática olvida que la rueda que hoy tritura la inocencia ajena, mañana puede girar y colocarlo a usted mismo en el banquillo, sin amigos que lo respalden tras un inevitable cambio de personal. Cuando permitimos que la nómina prevalezca sobre la justicia, estamos pavimentando el camino para que nuestra propia integridad sea la próxima víctima de un sistema que hemos ayudado a corromper.

La degradación de la dignidad humana en la praxis judicial

Es imperativo cuestionar la legitimidad de un sistema que obliga al funcionario a convertirse en un vendedor de denuncias, atentando contra la ética judicial y contra la moral más elemental. La falta de independencia es manifiesta cuando el incentivo es la permanencia y no la justicia. Si no hay una reestructuración profunda que separe la gestión administrativa de la calidad de la respuesta judicial, seguiremos presenciando un sistema que condena a las partes desde el inicio, sacrificando la integridad del proceso y perpetuando vicios que se infiltran hasta las regiones más sensibles donde la dignidad humana debería ser inviolable. La ética no puede ser moneda de cambio bajo el yugo de la nómina pública.

Hacia un modelo de justicia alejado de la mercancía

Ante este panorama, la solución radica en la desvinculación absoluta entre la productividad estadística y la estabilidad laboral. Se requiere un modelo donde el desempeño se evalúe por el rigor jurídico, no por la cantidad de expedientes acumulados. Es imperioso devolverle al sistema su carácter de servicio público, alejándolo de la lógica mercantil donde el ser humano es tratado como un objeto para alimentar el hambre del sistema. Solo recuperando el sentido de la justicia sobre el de las «ventas», será posible garantizar que ninguna oficina deba, para sobrevivir, destruir vidas ajenas. La justicia no es una mercancía y su valor no debe cotizarse en el mercado de la infamia, sino en la protección incondicional de la libertad.

Canon: El presente artículo constituye un ejercicio de análisis doctrinario y crítica constructiva, amparado en el derecho constitucional de contraloría social y la libertad de cátedra, destinado al examen de la praxis judicial contemporánea. El objetivo de estas líneas es exponer, mediante el uso de la hipérbole analítica y el contraste filosófico, las distorsiones procedimentales que afectan la integridad del debido proceso. Este análisis se realiza como un aporte académico orientado a la vigilancia del servicio público de justicia, con el fin de promover la rectificación de vicios y fortalecer el sistema institucional en beneficio de la sociedad.

«El hombre que no es capaz de luchar por otros, no es capaz de luchar por sí mismo.» – Miguel de Unamuno.

Doctor Crisanto Gregorio León
Abogado, Profesor Universitario