Supervivencia por volumen de ventas (I): El arquetipo

«El hombre que no es capaz de luchar por otros, no es capaz de luchar por sí mismo.» – Miguel de Unamuno

La mercantilización de la justicia penal

La justicia ha degenerado en un mercado donde la eficiencia ya no se cifra en la rectitud de los fallos, sino en la productividad estadística de las oficinas receptoras de denuncias. En este escenario, las unidades dedicadas a la violencia han sucumbido a la perversa lógica de la supervivencia mediante el volumen de ventas. Si el despacho no reporta un flujo incesante de expedientes, su existencia se torna prescindible ante los ojos de una burocracia que desprecia la calidad en favor de guarismos fríos. Los funcionarios, atrapados en esta maquinaria, operan bajo la amenaza de la supresión si sus indicadores no alcanzan la cuota impuesta, convirtiendo la tutela de derechos en una línea de ensamblaje donde la vida ajena es apenas un insumo para justificar su permanencia en la nómina.

El fratricidio institucionalizado: la sombra de Caín

El mecanismo es tan voraz como insidioso: el funcionario, lejos de ejercer una labor orientadora, se erige como un depredador del conflicto. En lugar de evaluar la viabilidad de la denuncia o de dialogar con la pretendida víctima sobre la veracidad y el sustento de sus pretensiones, opta por «sacar fruto» de la denuncia, por muy endeble que esta sea. Esta dinámica ha resucitado el arquetipo del fratricidio. Muchos hombres se prestan para ser verdugos de sus semejantes, tejiendo una red de infamias cuyo propósito es asegurar la «venta» del caso. La envidia profesional y la ambición de garantizar bonos los empujan a sacrificar la inocencia ajena; es la incapacidad de brillar por mérito propio lo que los impele a apagar la luz de quien, por honestidad, resulta un obstáculo para la vorágine estadística exigida.

La atrofia biológica y el imperativo de la denuncia

En estas instituciones rige una ley inexorable que se asemeja a un principio biológico: órgano que no se utiliza, se atrofia. Por ello, el funcionario teme la paz social, pues su oficina desaparecería sin un flujo constante de expedientes que le otorguen relevancia. La historia de esta decadencia nos revela que, tras una máscara de normalidad, operan individuos cuya actividad destructora es tan letal como una patología maligna. Promueven rencores, fraguan mentiras y tergiversan hechos con la única finalidad de que las cifras cuadren ante el superior. Para estos operadores, la justicia es un artefacto explosivo que debe activarse constantemente; se jactan de sus embrollos y buscan prosélitos que, por temor a perder su propia posición, se adhieren a una campaña donde el aplastamiento del hermano es la moneda de cambio para sobrevivir.

El sacrificio del debido proceso en el altar de la estadística

Las irregularidades en la cadena de custodia y la fragilidad de los informes periciales son la consecuencia directa de esta «venta» de expedientes. La celeridad, mal entendida como premura, sacrifica los derechos fundamentales en el altar de la estadística mensual. Los operadores judiciales actúan bajo una presión asfixiante, donde la supervisión de la cadena de custodia se reduce a un formalismo vacío y los peritos son constreñidos a ajustar sus conclusiones a la necesidad de mantener el volumen operativo. El derecho penal, lejos de ser un escudo contra el abuso, se ha transformado en un instrumento de subsistencia para quienes, temerosos de caer en el olvido laboral, convierten las sedes judiciales en espacios donde la supervivencia vale mucho más que la verdad procesal.

La degradación de la dignidad humana en la praxis judicial

Es imperativo cuestionar la legitimidad de un sistema que obliga al funcionario a convertirse en un vendedor de denuncias, atentando contra la ética judicial. La falta de independencia es manifiesta cuando el incentivo es la permanencia y no la justicia. Si no hay una reestructuración profunda que separe la gestión administrativa de la calidad de la respuesta judicial, seguiremos presenciando un sistema que condena a las partes desde el inicio, sacrificando la integridad del proceso y perpetuando vicios que se infiltran hasta las regiones más sensibles, incluyendo las anales regiones donde la dignidad humana debería ser inviolable. La ética no puede ser moneda de cambio bajo el yugo de la nómina pública.

Hacia un modelo de justicia alejado de la mercancía

Ante este panorama, la solución radica en la desvinculación absoluta entre la productividad estadística y la estabilidad laboral. Se requiere un modelo donde el desempeño se evalúe por el rigor jurídico, no por la cantidad de expedientes acumulados. Es imperioso devolverle al sistema su carácter de servicio público, alejándolo de la lógica mercantil donde el hermano es devorado por el hermano para alimentar el hambre del sistema. Solo recuperando el sentido de la justicia sobre el de las «ventas», será posible garantizar que ninguna oficina deba, para sobrevivir, destruir vidas ajenas. La justicia no es una mercancía y su valor no debe cotizarse en el mercado de la infamia, sino en la protección incondicional de la libertad.

Canon: El presente artículo constituye un ejercicio de análisis doctrinario y crítica constructiva, amparado en el derecho constitucional de contraloría social y la libertad de cátedra, destinado al examen de la praxis judicial contemporánea. El objetivo de estas líneas es exponer, mediante el uso de la hipérbole analítica y el contraste filosófico, las distorsiones procedimentales que afectan la integridad del debido proceso. Este análisis se realiza como un aporte académico orientado a la vigilancia del servicio público de justicia, con el fin de promover la rectificación de vicios y fortalecer el sistema institucional en beneficio de la sociedad.

«La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.» – Ulpiano.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario