Hoy: 28 de febrero de 2025
Hubo un tiempo, concretamente el 9 de noviembre de 2017, en que los jueces de la Sala Segunda del Tribunal, presidida por Manuel Marchena desde noviembre de 2014, se daban el lujo de desmarcarse de la Audiencia Nacional. Ese día, el magistrado Pablo Llarena, al tomar declaración a la mesa del Parlament de Cataluña por delitos de rebelión y malversación, les dijo: “Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional., y lo que ha pasado allí no tiene porque pasar aquí”.
Su ahora colega de sala, Carmen Lamela, entonces titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, acababa de decretar prisión incondicional para ocho exconsejeros del govern de la Generalitat.
Tenía su miga, sobre todo porque venía nada menos que del que había sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona desde 2011 hasta su aterrizaje en el Tribunal Supremo en enero de 2016.
En aquella época, el magistrado Ángel Hurtado, era miembro desde 2006 de esa Sala Penal de la Audiencia Nacional a la que aludía Llarena, pasando en 2019 a formar parte de su Sala de Apelación, hasta ser nombrado el 30 de septiembre de 2020 magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El juez Hurtado investiga desde mediados de octubre pasado, por decisión de la Sala de Admisión presidida por Marchena -fue su legado ya que se trata de la última decisión relevante sobre miembros aforados que adoptó antes de cumplir sus dos mandatos en la presidencia de la Sala Segunda- la revelación de un correo secreto.
Aquél que habría difundido presuntamente la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Madrid a un medio de comunicación. En ese correo, el abogado Carlos Neira, fiscalista que representaba a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, informaba, el 2 de febrero de 2024, a la Fiscalía de Madrid (Delitos Económicos), que su cliente había cometido dos delitos fiscales y esperaba alcanzar un pacto de conformidad.
Hurtado, según ha dejado constancia en un auto, tiene la convicción, apoyada en indicios más que suficientes, el pasado miércoles 26, de que la filtración de ese secreto fue obra del FGE Álvaro García Ortíz y de Pilar Rodríguez, a quienes Hurtado considera la banda de Fortuny 4, sin bautizarla, claro, de ese modo.
Ahora bien, el periódico que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y pareja de González Amador, seleccionó para hacer su campaña para defender la reputación de Díaz Ayuso fue el diario El Mundo.
Después de aparecer la información, el 12 de marzo de 2024, sobre el expediente de la Agencia Tributaria en el que se daba noticia, por el diario.es, de que Hacienda había denunciado a González Amador a los juzgados de Madrid por dos delitos fiscales ( 350.951 euros en los ejercicios 2020 y 2021), Rodríguez puso en contacto a un periodista de El Mundo con el abogado de González Amador. Carlos Neira le proporcionó otro correo, del 12 de marzo de 2024, es decir, diferente al de 2 de febrero de 2024, y le colocó el mensaje ideado por Rodríguez.
Era la Fiscalía de Madrid la que le ofrecía un pacto de conformidad, algo completamente surrealista, porque quien ofrece siempre es el defraudador. Pero servía de cortina de humo deliberada para proteger la reputación de Díaz Ayuso.
La manipulación vio la luz el 13 de marzo a las 21:29 horas en el diario escogido y ya apuntado. Y fue a través del correo del 12 de marzo de 2024 enviado por el fiscal Julián Salto al abogado Carlos Neira.
Claro que para explicar a qué venía la rocambolesca noticia de que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto a la pareja de Díaz Ayuso, era necesario mencionar los dos delitos en cuestión.
Pero he aquí que los dos delitos no se mencionaban en el correo del 12 de marzo.
El diario apuntaba que “la Fiscalía Provincial de Madrid ha trasladado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid un ofrecimiento formal para que se declare culpable de la comisión de dos delitos fiscales. La propuesta ha sido remitida por correo electrónico”.
Añadía la noticia que “el fiscal encargado del asunto, Julián Salto, se puso en contacto por escrito el pasado martes a las 8:50 horas con la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en los siguientes términos: “Le adjunto copia de la denuncia presentada el 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa. Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto.
Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible”
A las 22:10 horas, La Sexta informó que fue el abogado de González Amador quien ofreció el pacto al fiscal para “admitir dos delitos fiscales”, sin referirse a correo alguno.
La Cadena SER lee en antena parte del contenido del correo del abogado de González Amador.
A las 22:27 Miguel Ángel Rodríguez envía a un grupo de WhatsApp con decenas de periodistas el contenido del email del fiscal Julián Salto en respuesta al enviado por el abogado de González Amador en febrero.
Y a las 23:51 horas, la SER reproduce en texto, el correo del abogado de González Amador: “El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio”.
Ni Neira, quien recibió el correo del fiscal Julián Salto, ni su cliente González Amador, vacilaron a la hora de romper la reserva del correo del fiscal, al difundirlo a sus aliados en los medios primero al diario El Mundo, para confundir sobre la autoría de la propuesta. Decidieron, pues, que formaba parte de su derecho de defensa intoxicar con un correo que era la respuesta a otro del propio abogado. No les importó el uso del correo de un tercero, en este caso el fiscal.
Pero, además, la lesividad para la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Madrid era evidente: porque junto con el correo y su tergiversación -la Fiscalía es la que propone el pacto- Rodríguez (y Neira y González Amador) difundieron que el acuerdo se había frenado “por orden de arriba”. Estaban hablando en román paladino de una intervención política prevaricadora.
Durante las declaraciones ante el juez Hurtado, el abogado del Estado, en nombre del fiscal general del Estado, preguntó al periodista de El Mundo dónde se decía en el correo -que él citaba, el del 12 de marzo, que la propuesta del Julián Salto era la admisión de dos delitos fiscales.
-“Eso es, sí, eso es un dato que no figura en el correo electrónico, pero es un dato que fuentes directas intervinientes en las negociaciones nos contaron que se había producido, es decir, que las conversaciones iban en esos términos”.
¿No se le ha ocurrido al juez instructor que el periodista se podía haber inventado que eso se sabía por la información del día anterior, el 12 de marzo, donde se daba cuenta del expediente y los dos delitos?
Es decir: la filtración del correo del fiscal Salto por parte de Neira-González Amador-Rodríguez, con el apoyo de Díaz Ayuso, desvelaron el secreto. Antes de las 22:10 (La Sexta) y de las 23:51 (Ser). Hurtado y sus mentores de la Sala de Admisión investigan un secreto inexistente.