El ‘latigazo’ judicial a Albares por su arbitrariedad con el español al que injustamente le negó cinco veces un visado para estar con su mujer

«Es más fácil entrar hoy en España en cayuco o saltando la valla que hacer las cosas de acuerdo con la ley», aseguran fuentes jurídicas

La condena en costas dictada por un tribunal de Madrid por la actuación arbitraria del departamento que dirige el ministro socialista José Manuel Albares es un latigazo jurídico (y moral) a la desidia y nula empatía hacia sus ciudadanos que ha mostrado el Ministerio de Asuntos Exteriores, empezando por el ministro, en el caso del ciudadano español Miguel H., granadino de 59 años.

Durante casi dos años, Miguel H. ha intentado por todos los medios, y siempre con la ley por delante, que el Consulado de España en Manila otorgase a su esposa, de origen filipino, el correspondiente visado para salir del país y entrar en España para reunirse con él en Granada.

Miguel H. y Cherry B. facilitaron todo tipo de documentación oficial y notarial al Consulado de Manila, incluso un certificado de pareja de hecho concedido a ambos por la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Sin embargo, el cónsul general de España en Manila, un tal Javier Martín García, denegó a ella el visado hasta en cinco ocasiones al intuir -lo suyo «no fueron pruebas», solo intuición- que se trataba de un matrimonio «fraudulento».

Fue su errática intuición frente a la certificación oficial de pareja de hecho otorgada por la Delegación del Gobierno en Andalucía, según se desprende del contenido de la sentencia, que incluso condena al departamento de Albares a pagar las costas del proceso judicial al que tuvo que acudir el marido, 500 euros.

Desde 19.000 kilómetros de distancia, en Manila, y con un sueldo público mensual que superar los 10.000 euros, Martín García debió pensar que lo que certificaba su propio Gobierno en Andalucía no iba con él ni le incumbía.

Y poco le importaba denegar la petición de un matrimonio para reunirse en España. El marido es de Granada.

Pero a Martín García la legislación española y europea sobre matrimonios de hecho debidamente inscritos en el registro oficial no parecía afectarle ni incumbirle. Es decir, que podía hacer lo que le diese la gana. Justo lo contrario de la seguridad jurídica que debe imperar en la Administración.

Pues así ha actuado Martín García respecto a este visado durante dos años, dándole igual los quebraderos de cabeza, sufrimiento y perjuicios económicos que acarreaban al matrimonio sus injustificadas negativas.

Los motivos para denegarle el visado a Cherry B., se los inventó. Hubo dos veces en que ni siquiera se permitió a Cherry acceder a la consulado para aportar documentación. Los documentos que acreditaban solvencia económica en Miguel H. los despachó ninguneándolos.

No ha acreditado que regrese a Manila, no ha justificado medios de subsistencia en España… Esos eran otros de los argumentos que esgrimía el cónsul. No se leyó los documentos, que acreditaban lo contario, por ejemplo.

La sede de la legación también debió entender, además, que era suya, y no un espacio público que pagan todos los españoles. Incluido su abultado sueldo.

600 euros en gestoría

Eso sí, el Consulado avisó a Cherry B., en su primera petición de visado, que cualquier documentación que quisiera aportar debía pasar antes por el filtro de una gestoría amiga que cobraba por ello 300 euros. Mucho dinero en Filipinas. Tuvo que hacer dos entregas, 600 euros.

Tras un calvario de dos años en el que nadie entendía por qué el Consulado negaba a Cherry el visado una y otra vez, pese a disponer, entre otro papeleo, del certificado oficial de pareja de hecho otorgado por la Junta de Andalucía, el propio Miguel H. tuvo que coger un avión y viajar a Manila.

Para exigir al Consulado que no les marearan más y le diesen de una vez a su esposa el visado, que ya llevaban en ello dos años. Y eso ocurrió hace apenas diez diez.

Por fin se lo dieron, tras presentarse el granadino en el Consulado, 19.000 kilómetros, y lo mismo de vuelta. Un mes ha estado en un hotel de Manila esperando respuesta a la última petición de visado.

Antes de viajar a Manila, Miguel H. tuvo que ponerse todo tipo de vacunas, ya que tiene una salud delicada.

La, por fin, concesión del visado casualmente ha coincidido en el tiempo con la publicación de la citada sentencia del Tribunal Superior de Madrid en la que este da un varapalo al departamento que dirige el ministro del Gobierno/Sánchez José Manuel Albares en relación con este asunto plagado de arbitrariedad por parte de un funcionario público.

Lo que viene a decir la sentencia es que si el cónsul Martín García entendía que se trataba de un matrimonio fraudulento, pues que en un Estado de Derecho no basta su intuición, que eso hay que demostrarlo. Y que nada ha demostrado el ministerio.

Y, además, ni siquiera se ha molestado en entrevistar al matrimonio para ver si lo que le dictaba su errática intuición era correcto. No lo era.

Viene a decir también el Tribunal de Madrid a Martín García que ni él ni su intuición son nadie para restar veracidad al informe oficial de la Junta de Andalucía que certifica que Miguel H. y Charry B., aun no estando casados, «sí constituyen una pareja de hecho».

Es decir, que son un matrimonio y que, por tanto, debió dar a Cherry, en base a esta y a la otra mucha documentación aportada por el matrimonio, el visado que tanto ella como su marido habían pedido en al menos cinco ocasiones.

Si desde el Consulado, en este asunto, se ha mostrado una arbitrariedad que debe estar proscrita para cualquier funcionario público, desde la propia sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid la actitud desplegada ha sido ilegal e inhumana.

Empezando por el propio Albares, a quien Miguel H., en vista del despotismo y ninguneo que recibía desde Manila, envió un escrito contándole al ministro que estaba enfermo y las vicisitudes que estaba hallando en Manila para poder traerse a España a su esposa.

El embajador en Manila, Miguel Utray, tampoco ha dicho ni mu en este asunto.

El escrito, hecho por un eminente jurista español tras interesarse por el caso, exigía del ministro una explicación sobre lo que estaba sucediendo con el ciudadano Miguel H. en el consulado de Filipinas. Entre otras peticiones legales que debe observar toda Administración pública.

El escrito, amparado en una ley que obliga al ministro sí o sí a contestar, bajo apercibimiento de prevaricación, fue depositado en el registro del ministerio el pasado verano. Albares se ha pasado el escrito por la entrepierna y ni siquiera ha respondido al mismo.

Pero es que, además, antes de ese escrito al ministro, Miguel H. envió cartas al responsable de Consulados, Xavier Martí Martí, diciéndole que estaba enfermo y que necesitaba reunirse con su esposa. Y pidiéndole que intercediera ante el Consulado de Manila para que desbloquease la negativa de Martín García a dar el visado.

Xavier Martí Martí, al igual que su jefe Albares, ni siquiera contestó a la misiva. «Es más fácil entrar en España en cayuco o saltando la valla que ser respetuoso y hacerlo cumpliendo con la ley», señalan fuentes jurídicas. (Abajo, el embajador de España en Filipinas, Miguel Utray)