El juez Moreno elevará la semana próxima su exposición razonada al Supremo para imputar al diputado José Luis Ábalos

El informe de la UCO describe una trama de corrupción en la que el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE se pone presuntamente al servicio de una trama corrupta

“Solo nos falta un detalle en las informaciones sobre Ábalos: que él salga como Luis Roldán en calzoncillos, como se le captó en sus fiestas orgiásticas celebradas en el hotel Victoria de Palma, cuando en agosto de 1990 visitó Baleares preocupado por la relajación de las medidas de seguridad de Juan Carlos I y la reina Sofía”, señaló a este periódico una funcionaria con años en diferentes administraciones.

La coincidencia temporal entre la difusión de las fotografías y los diálogos del entonces rey de España, Juan Carlos I, con el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) este pasado jueves retrotraen España a hace unos veinte años, en la década de los años noventa con los sucesivos casos de corrupción del gobierno de Felipe González, por un lado, y las andanzas, con sordina del actual rey emérito, con residencia fiscal disfrazada de autoexilio en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y presencia creciente en Sanxenxo (Galicia).

La cutrez en uno y otro, el ministerio de Ábalos y el reino de Juan Carlos es simétrica.
Ábalos, que hizo una aplaudida defensa de la moción de censura en junio de 2018 contra Mariano Rajoy sobre la base de la sentencia del ‘caso Gurtel’ -según la cual el Partido Popular había alimentado “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional-, se puso al servicio del rey de las coimas, Víctor de Aldama, y, a cambio de trabajar para él, usufructuó un chalé -búsqueda en la que participó junto a su pareja de corrupción Koldo García-, valorado en unos 590.000 euros, que disfrutó con una de sus parejas en la Alcaidesa Playa (La Línea de la Concepción); consiguió que el comisionista le enviará a una persona a hacer las pruebas de la covid-19 a su casa particular durante la pandemia y que, también, periódicamente le reservara para él y su familia una mesa en un restaurante.

Como una telaraña

La trama de corrupción se extendió como una telaraña por varios ministerios –en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de hidrocarburos, o la recepción del cicerone Aldama -con negocios en Venezuela- a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, en enero de 2020. Aldama ignoraba que esa presencia estaba prohibida por las sanciones de la Unión Europea, que había reconocido a Juan Guaidó presidente “encargado” de Venezuela siguiendo al presidente norteamericano Donald Trump.

Y Ábalos, que debía estar presente para dar fe de que el comisionista en efecto tenía influencia sobre él, acudió en efecto a a Barajas, causando una tormenta política espectacular. Ábalos, en efecto, consideró la petición como una oferta que no podía rechazar.

Antes de acudir le informó al presidente Pedro Sánchez al final de un largo whatsapp, como quien no quiere la cosa, que mantendría un discreto encuentro para otros fines distintos. Sánchez contestó con un lacónico “bien”. Ábalos comentó a Aldama que si bien le había dicho eso, al menos no le había puesto a caer de un burro, por así decir.

Aldama consiguió a través de Koldo García -con un sueldo de 10.000 mensuales, más otras premios- y de Ábalos entrar con facilidad en las comunidades autónomas gobernador por el PSOE empezando por vender material sanitario: mascarillas y pruebas de PCR para detectar el virus.

Rey de las coimas

Para el rey de las coimas era solo el primer paso para apuntalar más tarde otros negocios. Su primer negocio de venta de mascarillas al Ministerio de Transporte le había permitido un beneficio de 6,6 millones de euros (contrato de 53 millones a varios departamentos, después de que se cayera a última hora un contrato de 4 millones para suministrar material a Correos) porque contó con información privilegiada que le pasó su empleado el asesor del ministro Koldo García. Y porque, según la UCO, Ábalos así lo autorizó. De allí pasó al Ministerio del Interior, también por mascarillas y luego a Industria, pero esta vez para montar un desfalco a partir de la venta de combustible, operación por la que él y sus cómplices fueron enviados a prisión el pasado jueves, día 10 de octubre, por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Otro eslabón del informe es el rescate de la compañía aérea Air Europa por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Según señala, Aldama, que era consejero en la empresa aérea, y Ábalos, hicieron posible ese rescate por su prédica constante. Hay referencia a reuniones para preparar ese rescate, pero no hay nuevos indicios. Eso sí, si la UCO tiene razón, dada la rotundidad de su convicción, eso dejaría fuera de esa operación a Begoña Gómez, a quien también se le ha atribuido una participación.

Sin duda, el juez Juan Carlos Peinado, que ha intentado escarbar en el rescate de Air Europa, verá una posibilidad de resucitar el asunto, porque, además, el auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid, condiciona cualquier incursión en el tema Air Europa a la aparición de nuevos indicios. Como tales, indicios nuevos no hay más que referencias a reuniones en las cuales no se menciona a Begoña Gómez.
La doble condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hizo posible que con el respaldo de Ábalos, Koldo se paseara como Pedro por su casa en las CC AA gobernadas por el partido.

“Te mantengo informada de todo”

Y que cuando, por ejemplo, a su watsapp del 17 de agosto de 2020, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, contestó que estaba muy ocupada, y más tarde le hiciera llegar el teléfono de la consejera de Salud, Koldo, con su habitual desfachatez, campechanía y psicopatía, se diera el lujo de enviarle otro mensaje: “Vale, cariño, te mantengo informada de todo” (páginas 123 y 124 del informe de la UCO)

El juez Moreno, según información recogida por El Periódico, enviará a la Sala Segunda del Tribunal Supremo su exposición razonada para imputar al diputado Ábalos. La Sala tendrá que pasarla por el proceso de admisión lo que llevará algunas semanas, habida cuenta de que tendrá que solicitar informe de la Fiscalía del Supremo.

¿Adónde nos lleva esto? A un hecho: a la situación que se deriva de la difusión instantánea del informe de la UCO.

Por un lado, se va a perder un tiempo vital para acceder a todo lo que pueda esconder Ábalos en relación con los hechos descritos (cuentas bancarias, mensajes telefónicos, correos, dispositivos). ¿Por qué? Porque el juez Moreno no tiene competencia sobre Ábalos, tiene que pasar antes la solicitud al Supremo y ello, según se ha apuntado, lleva su tiempo.

Y esto no era inevitable. Porque el informe de UCO podía estar bajo secreto sumarial.

Última derivada: Ábalos está incinerado íntima y jurídicamente con este informe.

Los agentes dicen antes de informar y al concluir que “todo lo expuesto debe entenderse en términos de presunción por lo que quedan sometidas a valoración judicial”. Pero con los detalles y conclusiones al alcance del público, su derecho de defensa ha quedado tocado.

¿Es este sistema de instrucción penal el que todos estamos contentos de consolidar?

No deberíamos estarlo.