El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, no tiene inconveniente en acudir por segunda vez al palacio de La Moncloa para, esta vez, interrogar a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, pero ha puesto como condición que se le facilite una conducción oficial que le garantice la entrada y salida del Palacio sin dilaciones innecesaria.
Cuando acudió en julio pasado al palacio para interrogar al presidente Pedro Sánchez en relación con los delitos que se imputan a su mujer Begoña Gómez, fue ninguneado hasta la saciedad.
Estuvo esperando en la puerta de acceso al Palacio, para que le dejasen entrar junto a su comitiva judicial, durante más de 20 minutos. Hubo un momento en que estuvo a punto de volverse al juzgado y aplazar el interrogatorio.
En la recepción de entrada al recinto, los agentes pidieron a todos los miembros de la comitiva que se identificasen y mostrasen sus DNI, con los que rellenaron los formularios de acceso.
El juez podía haber decretado un registro de las dependencias de Begoña Gómez, la imputada, y en ese caso no hubiera tenido que estar a la intemperie durante más de 20 minutos esperando a que los Guardias Civiles de la Puerta rellenasen los citados papeles.
Los de él y los de toda la comitiva.
Y todo ello mientras, por ejemplo, el abogado de Begoña Gómez, el exministro de Zapatero Antonio Camacho, llegaba en un coche y entró delante de sus narices como pedro por su casa, sin tener que acreditarse.
La falta de delicadeza no solo fue para entrar al Palacio. Una vez dentro, al juez y a todos los demás, les pasaron una bolsa para que depositasen dentro sus teléfonos móviles.
Peinado no dijo que no ni que sí, pero evitó desprenderse de su móvil y dejarlo en manos de los miembros de seguridad del palacio.
En La Moncloa existen medios, y el juez lo sabe, para clonar un teléfono en cuestión de minutos.
Peinado, que legalmente era la máxima autoridad en la sala de Moncloa durante el acto judicial del interrogatorio, no lo entregó.
Se supone que la entrega de los móviles se hizo para evitar filtraciones, sin tener en consideración que el principal responsable en evitarlas, en ese momento, no era la seguridad de La Moncloa, sino el propio juez. Como principal autoridad en la sala.
Peinado investiga por delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y corrupción a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El día 16 acudirá de nuevo a La Moncloa, esta vez para interrogar a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Bolaños pidió al juez que le interrogase en las dependencias de Moncloa, y por escrito, y no en su despacho oficial de calle de San Bernardo, sede del Ministerio de Justicia, como pretendía el juez y marca la ley en casos de que se trate de ministros.
El juez ha accedido a interrogarle en Moncloa, nada de hacerlo por escrito, como también quiso hacer Sánchez sin éxito, pero eso sí, ha pedido a Bolaños que se le proporcione un coche oficial para no tener que estar esperando en la puerta.
O, al menos, se le garantice la entrada y salida sin tanta burocracia y demoras, máxime cuando el juez en ese acto judicial es la principal autoridad.
Al abogado Camacho ni se le pidió el DNI y entró en un coche oficial.
El juez advierte de que acudirá a Moncloa, sí, pero que se debe garantizar «la facilidad de acceso al vehículo judicial, o por parte del testigo, y en condición de Ministro de la Presidencia, se facilite a este Juzgado un vehículo del parque móvil Ministerial, para realizar el correspondiente traslado del Juzgado a la mencionada sede, del Complejo Presidencial, y el regreso a la sede judicial».
Peinado ha abierto una pieza separada en su investigación contra Begoña Gómez por malversación de caudales públicos en torno a la contratación de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez, que asistía en sus negocios a Begoña Gómez. Fue contratada por el departamento de Bolaños.
Es decir, tenía un sueldo público pero su misión era como una especie de secretaria de Begoña, que le ayudaba incluso en sus chanchullos económicos.
Eso se llama, según fuentes jurídicas, malversación de caudales públicos. «Es como si alguien es ministro, por ejemplo, contrata a albañiles para hacer reformas en el ministerio y luego se los lleva a que le reformen su casa, pagando el ministerio», ejemplifican.
Hay sentencias del Tribunal Supremo que castigan por malversación de caudales esta conducta. Y de este delito hay sobradas pruebas en las diligencias judiciales, mensajes, etcétera.
Junto al tema de la asistenta, otro de los delitos grave que se siguen contra Begoña Gómez, que muy probablemente acabará sentada en el banquillo, es otra malversación de causales, no apropiación indebida, y es por haberse apropiado del software que le hicieron INDRA, Telefónica y Google cuando hacía de catedrática en la Universidad Complutense.
Es malversación porque Begoña Gómez en ese momento tenía la consideración de funcionaria pública. Y el software no era para ella, sino para la Universidad.
Y a esto se une lo de la asistenta, Air Europa…
Este Gobierno está lleno de descerebrados. Creen que tratando mal al juez lo ahuyentan.
Es de locos lo de este gobierno, es de locos perturbados.