El juez del ‘caso Begoña’ y su hija reciben graves amenazas mientras Sánchez despliega decenas de policías para proteger a su esposa

Juan Carlos Peinado, el juez instructor del caso Begoña, lleva tiempo recibiendo escalofriantes amenazas e insultos a través de las redes sociales (él y su hija) y no dispone de ningún escolta ni nadie se lo ha ofrecido.

Por contra, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las dos ocasiones en que su mujer, Begoña Gómez, ha tenido que ir a declarar a los juzgados de la plaza de Castilla ha desplegado, dentro y fuera de esta sede judicial, a decenas de policías y unidades antidisturbios para que protejan a Gómez y evitasen que las cámaras de los periodistas captasen su imagen.

Nunca antes se había visto en la plaza de Castilla tantos policías custodiando a un usuario de la justicia, Begoña Gómez lo es, que no ostenta ningún cargo público ni tiene estatus especial alguno por ser la consorte del presidente.

Y es que nunca antes ninguna esposa de presidente de Gobierno había tenido problemas con la justicia ni nunca antes los periodistas habían sido alejados por la policía decenas de metros de la fachada del edificio judicial para que no inmortalizasen el paseíllo de Gómez ante el juez. Además, a ella se le ha otorgado un trato especial al permitírsele el acceso a la sede judicial a través de los garajes.

Peinado, que es el juez que investiga los presuntos chanchullos de Begoña Gómez, enmarcados provisionalmente como corrupción y tráfico de influencias, lleva muchas semanas expuesto a las iras de desahogados sanchistas que no cesan de insultarle y amenazarle en las redes, tanto a él como a su hija, quien ha recibido incluso amenazas de atentar contra su integridad.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el ejecutor servil de este despliegue policial. Y no ha tenido empacho en abarrotar de policías los juzgados tanto fuera como dentro del edificio judicial, a pesar de dentro del recinto la seguridad compete exclusivamente a la juez decana, María Jesús del Barco.

Marlaska, pese a las amenazas que está recibiendo Peinado, ni siquiera le ha ofrecido escolta. Y ni su policía ni los fiscales, que en este caso parecen más abogados defensores de Begoña Gómez que acusadores, están investigando la identidad de las personas que tratan de socavar el papel instructor constitucional del magistrado mediante soeces insultos y coacciones.

Amenazas que, según fuentes jurídicas, podrían tipificarse como delito de odio y contra la autoridad judicial.

De momento, el magistrado ha evitado pedir amparo al Consejo del Poder Judicial, consciente de la inutilidad de los pronunciamientos que suele realizar este organismo ante casos de ataques a otros magistrados.

Micrófonos y cámaras

Por otro lado, en el palacio de La Moncloa no ha gustado nada la orden dada por el juez Peinado a los técnicos informáticos de la Comunidad de Madrid para que instalen cámaras y micrófonos en el lugar del palacio que designe Sánchez para responder a las preguntas del juez, que tiene previsto interrogarle el próximo martes día 30 sobre los negocios de su mujer con las subvenciones públicas otorgadas por el Gobierno a socios y amigos de la imputada Gómez. Entre otros motivos, en La Moncloa se recela de los técnicos argumentando que estos dependen de la Comunidad de Madrid, que dirige la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aunque ciertamente por ley dependen de la Comunidad, para estos casos se hallan a las órdenes del juez.

La Ley concede a los altos cargos del Gobierno la prerrogativa de que sean los jueces quienes, en su caso, acudan a interrogarles a sus despachos oficiales. Sánchez podía haber rehusado este beneficio legal, pero no lo ha hecho. Tampoco ha dicho si piensa responder a las preguntas del juez o hará como su esposa, negarse a declarar.

La ley también permite a los testigos, es el caso de Sánchez, acogerse al derecho a no declarar contra un familiar directo; en este caso, su mujer. Pero si habla, Sánchez no podría mentir. Fuentes jurídicas creen que el presidente se acogerá al derecho a no declarar, con lo cual, explican, «meses después del estallido del caso Begoña, ni ella ni su marido habrán dado aún explicación alguna a los ciudadanos sobre los delitos que se ciernen sobre ella. Ni en el juzgado ni, de momento, en el Parlamento.

Lo único que ha dicho Sánchez es que no hay ningún delito (el juez y la Audiencia de Madrid creen, por contra, que sí hay indicios de infracciones criminales en la actividad de Begoña Gómez) y se ha ceñido a decir que todo forma parte de una «maquinaria del fango» activada por la derecha política. Pero no ha aclarado qué tienen que ver con el fango las fechorías que se atribuyen a su mujer y que ninguno de los dos ha desmentido, denunciado o refutado.

Quien sí ha declarado, aunque con muchas evasivas, ha sido el también imputado y socio de Begoña Gómez en sus tareas empresariales Carlos Barrabés, cuyas empresas han recibido en subvenciones de las arcas públicas, desde que este financió la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, cerca de 23 millones de euros.

Barrabés está enfermo, pero el juez tiene previsto desplazarse el próximo día 29 al hospital en que se halla para interrogarle por segunda vez. Quiere saber el magistrado de qué hablaron él, Begoña y Pedro Sánchez en las dos reuniones que mantuvieron los tres en el Palacio de La Moncloa. Barrabés ha confesado que se reunió en La Moncloa con la esposa del presidente en al menos ocho ocasiones, y que en dos de esas reuniones estuvo presente Sánchez.