El Gobierno vasco vuelve a conceder el tercer grado al etarra ‘Gadafi’, condenado a 1.123 años y responsable de 15 asesinatos

Entre sus crímenes más recordados figura el atentado de 1991 en Erandio, donde perdió la vida Fabio Moreno, un niño de solo dos años

El Gobierno vasco ha vuelto a otorgar el tercer grado penitenciario a Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, un histórico y sanguinario miembro de ETA condenado a 1.123 años de cárcel. Esta decisión llega apenas un año después de que la justicia revocara un beneficio idéntico concedido en 2025, obligándole entonces a regresar a prisión. Además de Iglesias Chouzas, el Departamento de Justicia ha extendido esta medida de semilibertad al también preso de la banda terrorista Eneko Gogeaskoetxea.

La trayectoria criminal de Gadafi es una de las más cruentas de la banda, estando implicado en un total de 15 asesinatos. Entre sus crímenes más recordados figura el atentado de 1991 en Erandio, donde perdió la vida Fabio Moreno, un niño de solo dos años. Pese a la gravedad de estos antecedentes y la previa desautorización judicial, la administración autonómica ha optado por insistir en un itinerario de salida para el recluso que le permitirá pisar la calle de forma inmediata.

Indignación entre las víctimas

La reacción del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) no se ha hecho esperar, calificando estas concesiones de «fraudulentas». Para la asociación, estas medidas no responden a criterios de reinserción, sino que representan «una nueva muestra de amnistía encubierta» hacia los condenados de ETA. Denuncian que se está permitiendo el acceso a la semilibertad a terroristas con delitos de sangre sin exigirles un arrepentimiento que sea, en sus propias palabras, «real, público y verificable».

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha sido especialmente crítica con la gestión del Ejecutivo autonómico, al que acusa de un «vaciamiento progresivo de las cárceles» motivado por intereses políticos ajenos a la legalidad vigente. Según Ordóñez, estas decisiones solo atienden a las exigencias de la izquierda abertzale. En referencia a la reincidencia administrativa con Gadafi, ha sentenciado: «No estamos ante errores aislados, sino ante una política deliberada».

El colectivo ha denunciado que el Gobierno vasco está intentando «forzar la legalidad» al ignorar las advertencias previas de los tribunales sobre este tipo de beneficios. La polémica se centra ahora en si el juez de vigilancia penitenciaria volverá a intervenir para frenar una medida que las víctimas consideran una humillación y una vulneración de la justicia debida por los múltiples crímenes cometidos por el terrorista.