Hoy: 6 de noviembre de 2024
El Gobierno quiere garantizar la fijeza de más de 67.300 sanitarios que llevan años encandenado contratos temporales -eventuales e interinos- en diversos puesto. El fin del real decreto ley que se prevé que el Consejo de Ministros acuerde este martes es prohibir que una plaza en los servicios de salud de las comunidades autónomas se prolongue durante tres años como temporal, una medida que pretende atajar la temporalidad y precariedad que caracteriza al sistema de contratación. A partir de ese instante, se instaría a las comunidades a generar ofertas de empleo público y crear las plazas en función de las necesidades sanitarias. Se estima que dos de cada cinco trabajadores están contratados de esta forma, una estadística agudizada un 50% más en los últimos 10 años.
Para ello, se evitará que el personal sanitario con contratos temporales de cualquier índole goce de derechos en términos de vacaciones o acumulación de trienios, dos asuntos de especial relevancia laboral. Algo que actualmente es una entelequia en el sistema y que, con una legislación garantista, procurará solucionar el Gobierno.
Conforme avanzó Pedro Sánchez al diario El País en una entrevista reciente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el fundamento reside en hacer fijos a 67.300 sanitarios que actualmente desempeñan temporalmente un puesto de trabajo en una plaza de los servicios de salud. Asimismo, se intentará que no se vuelvan a producir semejantes bolsas de eventuales. Para ello se prohibirá por ley que una plaza se mantenga con interinidades más de tres años. Las comunidades autónomas deberán cubrirlas con personal fijo después de ese tiempo. Fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por El País y recogidas por FUENTES INFORMADAS argumentan no es sinónimo de que que los profesionales sanitarios no puedan estar ese periodo de interinidad si se modifica el destino. Lo que se convierten en fijas son las plazas, no las personas. No obstante, se apunta quelo más frecuente será que la norma traiga ventajas a quien la esté ostentando.
Así las cosas, existen dos métodos, según señala El País, que tiene información sobre el contenido del decreto y su viabilidad ajustada a derecho. Por un lado, las que están ocupadas con carácter temporal e ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016 saldrán a concurso de méritos. Por otro lado, las que estén en esta situación al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 se organizarán mediante el sistema concurso-oposición, que hibrida el concurso de méritos de la carrera profesional con una baremación determinada y la oposición clásica donde se demuestran los conocimientos a través de un examen. La estructuralidad de las plazas y las que estén en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se encuentrarían amparadas, así como desde un sentido extensivo, todas las quese encuentren ocupadas. Hay que recordar que la RPT es el instrumento técnico sobre el que las Administraciones Públicas diseñan su estructura de personal para adecuarla a las necesidades del servicio público.
El decreto ordenará una situación extraordinaria que da cuenta del incumplimiento de la legalidad por parte la Administración para con su personal. Su intención es posibilitar un mejor desarrollo profesional de los sanitarios y restar incertidumbre a los que ocupen las plazas fijas, lo cual también tendría un impacto en los pacientes. Toda una política destinada a aumentar la calidad de la atención sanitaria puesto que una mejora en las condiciones de los profesionales puede repercutir en la ciudadanía.
No obstante, los sindicatos de este área critican que no atajará los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Algunos de ellos a los que hacen alusión desde estas organizaciones son escasez de médicos de la atención primaria o los problemas que afrontan este verano los hospitales y centros de salud.