Bolaños ha indicado que nadie entendería que la institución religiosa española no actuara al igual que Irlanda, Francia, Bélgica y Estados Unidos
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos son muy antiguos, han prescrito o no han aportado pruebas suficientes.
Según ha señalado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el plan contiene cinco ejes de actuación: el primero, reconocer y reparar; el segundo, atender a las víctimas; el tercero, prevenir; el cuarto, formar y sensibilizar; y el quinto, informar e investigar sobre el primer eje.
“Queremos dar respuesta a esas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para tratar de saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales”, ha asegurado Bolaños, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Asimismo, el Ejecutivo tiene previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares. “Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos”, ha apuntado.
En todo caso, ha señalado que esa reparación simbólica “por sí misma no basta”, por lo que irá acompañada con una reparación material “adecuada” y “suficiente” en términos económicos para las víctimas de los abusos.
Ha indicado que se adoptarán las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial, por ser casos muy antiguos, por estar prescritos o porque no existen pruebas. “Adoptaremos medidas para ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban”, ha asegurado.
Bolaños también ha expuesto que el Gobierno quiere reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, en cuanto a las ayudas económicas que reciben las víctimas de violencias sexuales en España.
Respecto al segundo eje, ha precisado que el Ejecutivo hará hincapié en la prestación de un trato “adecuado” y “óptimo” en las oficinas de detención a las víctimas del delito que el Ministerio de Justicia, de Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes tiene habilitadas.
En este sentido, también tiene previsto generar “entornos seguros” con salas “amigables” para las declaraciones, para evitar que las víctimas puedan tener ningún contacto con su agresor. Asimismo, ha explicado que tienen previsto garantizar la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales que también quieran acceder a ella.
En cuanto al tercer eje, ha explicado que van a reforzar las labores de supervisión en las inspecciones educativas y que modificarán el Real Decreto de Inspección Educativa en España “para formar y dar mayores competencias a los inspectores educativos”.
Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo va a formar una nueva figura en los centros docentes, los coordinadores de bienestar y de protección. Fue la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que entró en vigor en 2022, la que reguló esta nueva figura, por lo que debería estar implantada ya.
También ha avanzado que el Ejecutivo tiene previsto realizar un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia, con el objetivo de conocer las causas donde se produce con mayor frecuencia, “para adoptar decisiones y políticas públicas que sean adecuadas a esta cuestión”. Asimismo, ha indicado que van a mejorar todos los sistemas de obtención de datos para poder adoptar “mejores decisiones”, con información que sea “actualizada” y que ayude.
