El Consejo de Ministros ha decidido este martes autorizar la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad.
El Gobierno llevaba deliberando casi un mes sobre esta operación, después de que el Ministerio de Economía decidiera elevar el caso al Consejo de Ministros al percibir posibles impactos en el interés general.
El departamento que dirige Carlos Cuerpo había percibido un potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social.
Esta decisión se produce después de que la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobara la OPA con condiciones y tras recibir la no oposición por parte del Banco Central Europeo.
El análisis del Gobierno es un trámite consecuencia de la aprobación de la operación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en fase 2 y con compromisos. Esta situación suponía que la OPA pasaba a ser analizada durante 15 laborables por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para decidir si aprobarla o elevarla al Consejo de Ministros.
Tras realizar su análisis y abrir una consulta pública «inédita» para recabar la opinión ciudadana sobre el posible impacto de la operación sobre cuestiones de interés general, distintos a los de la competencia, como el empleo, la inclusión financiera o la cohesión territorial, Economía decidió elevarla al Consejo de Ministros para que el Gobierno en conjunto tome su decisión.
En sus últimas intervenciones, los dos bancos afectados han abordado ya los posibles resultados de la resolución del Gobierno. El presidente de Sabadell, Josep Oliu, expuso el pasado martes que el Ejecutivo no puede entrar a valorar cuestiones de solvencia o competencia, pero sí puede poner «otras pegas o condiciones» a la operación que «determinarán, por así decirlo, las condiciones económicas que se contemplen en el folleto» de la OPA.
Deja abierta así la puerta a que se puedan imponer condiciones sustanciales que hagan a BBVA modificar su oferta a los accionistas de Sabadell.
Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, sostuvo ayer en una entrevista con ‘Onda Cero’ que su interpretación de la Ley de Defensa de la Competencia es que el Gobierno puede «mantener o suavizar» los compromisos que el banco pactó con la CNMC para que la OPA recibiera su aprobación.
De hecho, deslizó la posibilidad de recurrir a la vía judicial en caso de que el Ejecutivo endurezca estas condiciones, señalando que es posible recurrir la decisión gubernamental y a la vez seguir adelante con la OPA.