El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía investigar al Hospital de Torrejón por reesterilizar y reutilizar catéteres

La presidenta del colectivo recuerda que la normativa vigente prohíbe la reutilización de material marcado como de un único uso

La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que investigue al Hospital de Torrejón tras recibir nuevas denuncias sobre la presunta reutilización de material sanitario de un solo uso. La entidad informó de esta petición a través de un comunicado.

Según recoge Europa Press, varios empleados del centro alertaron de que se les habría ordenado reesterilizar y reutilizar catéteres destinados legalmente a un único uso. Este procedimiento no es legal y exige procesos industriales realizados por empresas externas especializadas, lo que descartaría su ejecución dentro del hospital.

Además, la presidenta del colectivo, Carmen Flores, sostiene que estas prácticas podrían representar “un delito más” en el expediente ya remitido a la Fiscalía. Recuerda además que la normativa vigente prohíbe la reutilización de material marcado como de un único uso.

«Premeditación y mala fe»

En concreto, menciona el Real Decreto 1591/2009, que considera infracción grave cualquier reutilización indebida debido al riesgo que supone para la salud de los pacientes. También subraya que estas actuaciones podrían encajar en distintos tipos penales, como la imprudencia profesional o la negligencia médica. Ambos supuestos, recogidos en los artículos 142 y 152 del Código Penal, contemplan penas de prisión y multas cuando una conducta imprudente provoca lesiones o fallecimientos.

Flores añade que los trabajadores denunciantes ya habrían advertido internamente de que la orden recibida “no era legal”. Afirma que la reutilización de este material podría haberse llevado a cabo, presuntamente, con “premeditación y mala fe”, un extremo que deberá aclararse durante la investigación.

Sin embargo, la asociación justifica su actuación en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a quienes, por razón de su cargo o profesión, tengan conocimiento de un posible delito público a comunicarlo al juez o al fiscal.