En diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y que fue revocado en verano de 2018
Alberto Fujimori, quien gobernó Perú en los años 90, salió de prisión en Lima el pasado miércoles después de cumplir catorce años de su condena de 25 años, acompañado por sus hijos Keiko y Kenji. Su liberación ha generado dudas por desafiar una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evoca la escena de su indulto en 2017, seguido de un breve tiempo en una clínica antes de regresar a prisión tras la revocación del fallo en 2018.
Horas antes de su liberación, en Barbadillo se vivió una escena peculiar: once niños junto a un grupo de mujeres mostraron una pancarta con el rostro de Fujimori y el mensaje “bienvenido”, un gesto polémico hacia las víctimas de su régimen. A pesar de su corta edad, no han conocido a Fujimori fuera de prisión, ya que fue condenado cuando apenas eran niños. Una mujer pelirroja que los acompañaba respondió tajantemente sobre el permiso otorgado por sus padres, identificados como fujimoristas.
Apoyo y controversia en la liberación
La liberación del expresidente peruano-japonés, conocido por instaurar una dictadura en los noventa, se convirtió en un mitin naranja con un centenar de simpatizantes en las afueras de Barbadillo. Su imagen estaba en pancartas, banderas, camisetas e incluso en latas de cerveza. A pesar de la presencia policial limitada, el lugar se llenó de periodistas y curiosos cada vez que un vehículo ingresaba o salía.
En medio del fervor, una mujer llamada Nikita Ríos lideró los aplausos y elogios al presidente que, en el 2000, renunció por fax desde Japón a seguir al frente del Gobierno peruano. Su agradecimiento se contrapuso a la postura de Flor de los Milagros Contreras León, miembro de La Resistencia, grupo leal al fujimorismo, que acusó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y proclamó la liberación inminente de Fujimori.
La liberación de Fujimori, ordenada por el Tribunal Constitucional, contravino la solicitud del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique. Además, surgió una controversia sobre la supuesta irregularidad en el fallo del Tribunal Constitucional, denunciada por uno de sus miembros, Manuel Monteagudo, quien afirmó su falta de conocimiento sobre la decisión.