El ex jefe de la Policía Local de Madrid, tras ser absuelto en firme de las falsas imputaciones que se le hicieron: «Yo acuso…»

«Se urdió contra mí una operación política y mediática ejecutada con precisión quirúrgica», se lamenta Pablo Enrique Rodríguez

El ex máximo jefe de la Policía Local de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, fue relevado en el cargo por el alcalde Martínez-Almeida tras verse salpicado, junto a otros altos cargos policiales, en una supuesta filtración de preguntas de unas oposiciones para ocupar vacantes y ascenso dentro del cuerpo.

Algunos sindicatos policiales denunciaron a todos estos cargos y pidieron la dimisión de Rodríguez, asunto que, sin prueba alguna, fue asumido por algunos ediles de la oposición (entre ellos, Marta Higueras), que pidieron con énfasis su dimisión al alcalde y este acabó destituyéndole.

Los dos procedimientos judiciales, fruto de las denuncias sindicales, que se le abrieron ya se han cerrado en firme indicando los jueces que no existieron las imputaciones que se le hicieron absolviéndole de todos ellos.

Por su interés, FUENTES INFORMADAS les ofrece íntegro y literal un relato escrito por el propio Pablo Enrique Rodríguez, en el que traza un paralelismo entre sus vicisitudes y el famoso Yo acuso, de Emile Zola, que se ofrece a continuación.

Rodríguez se halla de baja médica. Estas falsas imputaciones le han costado el cargo, aunque él sigue siendo comisario principal del cuerpo, y le han supuesto un injusto descrédito. «El daño», zanja en su escrito, henchido de impotencia, ya está hecho». Perdió su destino, entre otras aflicciones, «y su honor». Y no había hecho nada…

Este es el texto de Rodríguez:

«La historia se repite. En 1898, Émile Zola denunció en L’Aurore la mayor infamia política y mediática de su tiempo: la condena injusta del capitán Dreyfus.

Más de un siglo después, Madrid ha vivido su propio caso, distinto en forma pero idéntico en esencia: un servidor público inocente convertido en víctima de una maquinaria que sabía que no había pruebas, pero necesitaba un culpable.

He sido sometido a un proceso de destrucción reputacional que hoy, con la
causa archivada por tercera vez y con la Audiencia Provincial confirmando que no existe delito alguno, revela su verdadera naturaleza: una operación política y mediática ejecutada con precisión quirúrgica.

Los autos judiciales no dejan lugar a dudas. La Audiencia Provincial afirma que el material recabado es “débil, equívoco y ambivalente”, que no existe “ni un solo indicio” que vincule al ex director con filtraciones, irregularidades o tratos de favor, y que su nombre aparece en el sumario menos de seis veces, siempre de forma tangencial.

A pesar de ello, el Ayuntamiento de Madrid —gobernado por el Partido
Popular— ejecutó un cese fulminante, sin esperar a la justicia, sin escuchar
explicaciones y sin valorar que la denuncia anónima que lo señalaba carecía de cualquier sustento.

«Una decisión política sin sustento»

La decisión política se impuso a los hechos, igual que ocurrió en el caso del coronal de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, donde un mando policial fue destituido ilegalmente por negarse a vulnerar la independencia judicial.

El patrón es idéntico: cesar primero, investigar después, reparar nunca.
Durante meses, la presión mediática alimentó una narrativa que hoy se demuestra falsa.

Se construyó un relato de sospecha sin pruebas, se amplificaron filtraciones
interesadas y se instaló en la opinión pública la idea de una trama inexistente. La maquinaria mediática actuó como juez y parte, condenando antes de que los tribunales pudieran pronunciarse. Y, como en el caso Dreyfus, el silencio institucional fue tan elocuente como la acusación.

Nadie defendió al inocente.

Nadie pidió prudencia.

Nadie exigió rigor.

Pero, igual que Zola encontró en L’Aurore un espacio para denunciar la injusticia, en este caso hubo periodistas que se negaron a aceptar la mentira oficial.

Ellos son la L’Aurore contemporánea: los únicos que se atreven a contar que el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid ha dictado un auto afirmando
que no existía ninguna prueba contra el ex director.

Mientras otros callaban, ellos escribieron. Mientras otros miraban hacia otro lado, ellos señalaron la verdad. Mientras otros contribuían a la destrucción reputacional, ellos devolvieron contexto, datos y justicia.

Tres archivos seguidos en la Audiencia de Madrid

La causa ha sido archivada tres veces. La Audiencia Provincial ha confirmado que no existe delito alguno. La justicia ha hablado con claridad.

Pero el daño ya está hecho.

El exdirector perdió su cargo, su reputación y su posición institucional por
una denuncia falsa amplificada por intereses políticos y mediáticos.

Fue convertido en un “penado mediático”, aislado y señalado por hechos que nunca cometió. Y ahora, cuando la verdad judicial es incontestable, nadie asume responsabilidades.

La pregunta es inevitable: ¿Quién repara ahora el daño? ¿Quién devuelve la carrera truncada? ¿Quién restituye la confianza perdida? ¿Quién responde por haber sacrificado a un inocente para proteger la imagen de otros?

Zola escribió que la mentira pública es “un crimen cívico de tal magnitud que destruye almas y pervierte instituciones”.

Madrid ha vivido su propio crimen cívico.

Y como entonces, la verdad llega tarde, pero llega. La justicia ha hablado.
Ahora falta que hablen quienes callaron cuando más se necesitaba…», concluye el escrito del ex máximo jefe de la Policía Local de Madrid.

Postdata

¿Y ahora qué, señor Almeida…?