José Macías, jefe educativo de la zona, acusa al periodista de Fuentes Informadas que afloró este escándalo, que es el mismo que destapó el ‘caso Gürtel’, de actuar con fines “comerciales”
Fuentes Informadas publica hoy, íntegro, el escrito que José Macías Velázquez (director del Área Territorial Madrid-Oeste de la Consejería de Educación, donde se ubica el instituto Padre Antonio Soler, de San Lorenzo de El Escorial) ha enviado a este periódico en el que rechaza facilitar el expediente administrativo sobre un escándalo de supuesto nepotismo en este centro. Este expediente fue abierto después de que el ex director de este instituto, Juan Manuel Colino, intentase por todos los medios que la matrícula de honor en el instrumento de flauta travesera fuese entregada a su hijo y no al alumno que el tribunal calificador de la materia, sus propios compañeros del área de música, catalogó como el más brillante.
En contra de la opinión de juristas expertos en Derecho Administrativo, Macías sostiene que la petición oficial que le elevó este periódico el pasado 26 de julio, solicitando el contenido del expediente administrativo (basándose en la Ley de Transparencia), “se encuentra incluida en las causas de inadmisión recogidas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Es decir, que no entrega el expediente porque la petición de este periódico es legalmente inadmisible. Se refiere Macías, en concreto, al apartado E) de esa norma. Entiende que la información solicitada es “manifiestamente repetitiva” y tiene “un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley”.
Fuentes Informadas, el medio que destapó este verano este escándalo, hecho que ha supuesto la destitución de Colino, señala al respecto: “Acaso no está justificado que los ciudadanos puedan conocer todo lo concerniente a la situación vividas este verano entre los profesores de este instituto en relación con la matrícula de honor que el máximo responsable del centro quiso que fuese otorgada a su hijo y no al alumno que, a juicio del tribunal calificador, era el más brillante”.
Según la interpretación que hace Macías de la Ley de Transparencia, “no puede aceptarse como información pública el acceso a un expediente administrativo instruido con motivo de una reclamación administrativa para la obtención de una matrícula de honor por parte de dos alumnos del primer curso de enseñanzas profesionales de música en la línea integrada, instrumento de flauta travesera, algo bastante común en los finales de curso, cuando las familias no están conformes con que sus hijos no superen una asignatura, no promoción de curso o no obtengan las titulación correspondiente”.
Lo que dice Macías no tiene nada que ver ni con lo que se solicita ni con el objeto de esta petición. No se trata de dos familias al azar que pugnan por las calificaciones de sus hijos.
Se trata, por un lado, del que era director de este instituto y de sus acciones, en confrontación con sus compañeros del tribunal -para los que llegó a pedir sanciones por no haberle dado la matrícula a su hijo- y de la familia de otro alumno, ajena al sistema educativo que ve cómo desde la dirección tratan de arrebatarle a su vástago la matrícula de honor en flauta que le había otorgado el tribunal calificador para dársela al hijo del director.
No había igualdad de herramientas. El director del centro tenía mucho más poder académico para conseguir la matrícula para su hijo. No obstante, se topó con la unanimidad del tribunal calificador, que no dio su brazo a torcer y otorgó la matrícula al alumno que creyó más brillante, pese a las acciones emprendidas por el director.
De hecho, quizás la historia habría sido otra de no ser por las publicaciones que realizó este periódico este verano sobre este asunto. Hasta el punto de que Colino fue depuesto a fines de agosto de su cargo, precisamente a raíz de este escándalo.
Además, Macías, en su respuesta, sobrevuela el tema de que lo que aquí se trató fue un caso de supuesto nepotismo. O un intento de nepotismo, un asunto que, a todas luces , tiene trascendencia pública. Tras saltar el escándalo y en los 11 días que Colino estuvo como director (fue nombrado el 1 de julio pasado, antes era el subdirector) destituyó de sus puestos a algunos de los directivos que no se pusieron de su lado en su intento de revocar la decisión del tribunal calificador para que la matrícula se la dieran a su hijo y no al otro alumno.
Macías apela, asimismo, a la “reiterada jurisprudencia” que hay sobre este tipo de asuntos y dice que en este caso “nos hallamos ante lo que se conoce como discrecionalidad técnica”, donde las opciones de fiscalización se limitan a “supuestos” en los que haya “irregularidades muy graves, tales como actuaciones dolosas, coacción, arbitrariedad, errores evidentes, etc”.
Se deduce de esta afirmación que para Macías no es grave ni irregular que el tribunal calificador de un centro decida que la matrícula de honor en flauta corresponde a un alumno y que el responsable del instituto, y jefe de los miembros de ese tribunal, algunos interinos, les pida por dos veces que se retracten. Alegando que su hijo era el mejor.
Ni tampoco es grave que Colino destituya a algunos cargos directivos del instituto que no habían favorecido sus intenciones, ni que eleve el caso a las autoridades educativas para que estas revocasen la decisión del tribunal en favor de su hijo. No lo logró. Educación mantuvo el criterio del tribunal. Macías tampoco ha debido de conversar con algunos profesores que en esos días se sintieron coaccionados con la actitud del director.
Ley de Transparencia
Macías concluye (en la parte superior de esta información se halla su escrito íntegro) que José Antonio Hernández, director de este periódico -en nombre del cual solicitó el acceso a dicho expediente de acuerdo con la Ley de Transparencia, para que los lectores conozcan realmente los intramuros de lo que sucedió realmente con esta matrícula de honor- actúa de “mala fe y abuso del derecho” (…) “pues en su calidad de director del periódico digital Fuentes Informadas”, razona Macías, “ejercita su derecho para obtener fines comerciales y económicos”. Esto dice Macías.
Lo que este periódico pretendió en realidad al solicitar el expediente, en contra de la, a nuestro juicio, esperpéntica interpretación que hace Macías, es informar a sus lectores, cumplir con el derecho constitucional a la libertad de información, el derecho que tienen todos los ciudadanos de conocer la gestión que se hace en los establecimientos públicos que ellos pagan, y el derecho a fiscalizar aquellas acciones que atentan contra la igualdad de armas de los alumnos en el marco de la Ley General de Educación.
El director de este periódico es autor de algunas de las grandes investigaciones sobre corrupción de este país en los últimos 20 años. Según este singular entender de Macías, el director de Fuentes Informadas actuó “con fines comerciales y económicos” cuando destapó, entre otros, el caso Gürtel. Y según se desprende de este parecer, José Antonio Hernández nunca debió destapar el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta a un partido político desde la transición, en este caso el PP, porque detrás de ello había “un fin comercial” por parte del diario El País, para el que entonces trabajaba como jefe de sección de Investigación José Antonio Hernández.