Alertas por menores desaparecidos aumentan 700%

MIGUEL ÁNGEL SOSA ROMÁN

En Yucatán, niñas, niños y adolescentes desaparecen cada semana. A veces vuelven en horas, a veces en días… a veces no regresan.

La Alerta Amber ha crecido más de 700 por ciento en el Estado entre 2019 y 2025, pasando de apenas 27 activaciones anuales a más de 200.

Aunque la mayoría se desactiva tras la localización del menor, al menos 12 alertas permanecían activas en febrero. Más allá del incremento estadístico, los datos revelan patrones persistentes de vulnerabilidad, reincidencias no atendidas y fallas institucionales en los entornos donde niñas, niños y adolescentes deberían estar protegidos.

En total, entre enero de 2019 y febrero de 2025, un total de 646 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos en Yucatán a través de la activación de 573 alertas Amber y/o prealertas estatales.

La mayoría de estas alertas corresponden a adolescentes mujeres, con edades comprendidas principalmente entre los 13 y los 17 años.

Cada año, Mérida concentra el mayor número de casos, aunque municipios como Kanasín, Tizimín, Valladolid o Tekax han ido ganando presencia en este mapa silencioso de desapariciones.

¿Qué es la Alerta Amber y cómo funciona?

La Alerta Amber es un mecanismo urgente de búsqueda pública que se activa cuando una persona menor de edad desaparece y se presume que puede estar en riesgo grave.

Según el Protocolo Nacional Alerta Amber México, que rige también en Yucatán, deben cumplirse tres criterios mínimos para emitirla: que la víctima tenga menos de 18 años, que exista peligro inminente de daño grave y que se disponga de información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, así como del hecho en que desapareció.

Cuando no se cumplen todos los criterios para activar la alerta nacional, existe la posibilidad de emitir una prealerta a nivel estatal. Ambas tienen una duración pública de hasta 72 horas.

Una vez transcurrido ese tiempo pueden desactivarse por término, aunque eso no implica que la búsqueda se interrumpa.

La Coordinación Estatal del Programa Alerta Amber en Yucatán señala que, incluso en los casos en que se desactiva públicamente la alerta, la investigación continúa hasta dar con el paradero del menor.

La desactivación puede ocurrir por localización o por protección del menor. El protocolo prevé, por ejemplo, que la alerta se retire si mantenerla pública pone en riesgo la integridad de la persona desaparecida. En todos los casos, la ruta de comunicación de desactivación debe ser la misma que la de activación.

Crecimiento imparable de las alertas Amber

En 2019, Yucatán registró 27 activaciones de alertas Amber y prealertas, en 2020 fueron 25, pero a partir de 2021 el número comenzó a subir sin freno. Ese año se emitieron 55 activaciones, en 2022 se elevaron a 82, en 2023 fueron 141 y en 2024 llegaron a 217, mientras en los primeros dos meses de 2025 ya se habían registrado otras 26.

Esto significa que las activaciones anuales crecieron 703 por ciento entre 2019 y 2024. El año con mayor salto porcentual fue 2021, justo después de la pandemia, cuando el número de activaciones se duplicó. Desde entonces, la curva ha seguido en ascenso.

A simple vista, el aumento de alertas podría parecer una señal de mayor capacidad de respuesta institucional, pero los datos cuentan otra historia: cada vez desaparecen más adolescentes, muchas reinciden, y algunas lo hacen desde lugares que, en teoría, existen para protegerlas.

El perfil de la desaparición: adolescente y mujer

La estadística tiene rostro, y en Yucatán ese rostro es predominantemente femenino. Del total de personas menores involucradas en alertas entre 2019 y 2025, el 64.5 por ciento fueron mujeres y el 35.5 por ciento hombres. Esta relación se mantiene prácticamente constante año tras año.

Ocho de cada diez menores reportados tenían entre 13 y 17 años. Los de 15 años son los más reportados, con 124 casos, seguidos por los de 16 y 17 años. Esto sugiere que los factores de riesgo se agudizan justo en la etapa en que se incrementa el deseo de autonomía, pero persisten las condiciones de vulnerabilidad.

Las cifras apuntan a un problema estructural que va más allá de la seguridad. Abordan temas de género, cuidado y vínculos. Y exigen revisar lo que ocurre en los entornos que rodean a estas adolescentes, muchas de las cuales se ausentan más de una vez.

¿Qué tan efectiva es la Alerta Amber?

La autoridad asegura que el sistema de alertas tiene una alta tasa de resolución. De las 646 activaciones registradas entre 2019 y febrero de 2025, aproximadamente el 93 por ciento fueron desactivadas tras localizar a los menores.

Según datos oficiales, al cierre de ese periodo, 12 alertas continuaban activas. Además, 13 fueron desactivadas por término de vigencia, es decir, pasaron las 72 horas sin resultados, en cuyo caso la Fiscalía aclara que la investigación continúa hasta la localización de la niña, niño o adolescente.

Sin embargo, la falta de registros sistematizados sobre los tiempos de resolución impide saber cuántos casos se resolvieron en horas, días o meses.

La Coordinación Estatal del Programa Amber reconoció que no cuenta con un registro sistematizado sobre cuánto tiempo tardó en resolverse cada caso. Solo se sabe cuántas alertas fueron desactivadas y cuántas siguen activas, sin distinguir si la localización ocurrió en menos de un día, en una semana o en meses.

Sondeo: ¿Sabes qué es la Alerta Amber?

Reincidencias en la Alerta Amber

Uno de los datos más inquietantes es la cantidad de menores reportados como desaparecidos más de una vez. Entre 2019 y febrero de 2025, 37 niñas, niños y adolescentes fueron objeto de dos o más alertas.

En 2021 se registraron las primeras tres reincidencias, en 2022 fueron siete y en 2023, cinco, pero en 2024 la cifra se disparó a 12, y en los dos primeros meses de 2025 ya iban 10. Es decir, en los últimos 14 meses se concentró más de la mitad de las reincidencias del sexenio.

Esto refleja que muchas de las niñas, niños y adolescentes localizados no están siendo protegidos adecuadamente tras ser encontrados.

Hay fallas evidentes en la reintegración, el acompañamiento psicosocial o la vigilancia de sus entornos. Desaparecen, vuelven y desaparecen otra vez. Y el sistema parece limitado para intervenir a tiempo.

¿En qué municipios de Yucatán surgen más Alerta Amber?

Mérida es el epicentro. Año tras año, la capital concentra la mayoría de las alertas activadas en Yucatán. En 2024, por ejemplo, 116 de las 249 niñas, niños y adolescentes reportados desaparecieron en Mérida; le siguen, a distancia, Kanasín, Valladolid, Tizimín, Tekax, Progreso, Maxcanú, Motul, Izamal, Ticul y Umán.

Aunque podría pensarse que esta concentración se explica por el tamaño poblacional, la presencia recurrente de municipios del interior confirma que la desaparición de menores no es exclusiva de zonas urbanas.

Hay una red de factores sociales que se entrecruzan en distintos contextos: pobreza, violencia doméstica, falta de oportunidades, aislamiento y negligencia institucional.

Cuando los albergues para menores fallan

Otra arista preocupante es la desaparición de menores desde albergues e instituciones de resguardo. Aunque la Fiscalía General del Estado no brindó datos específicos en este punto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sí lo hicieron, tras una solicitud paralela.

Según la respuesta oficial del DIF Yucatán, entre enero de 2019 y febrero de 2025 hubo 616 ingresos de niñas, niños y adolescentes a centros de asistencia social dependientes del Estado.

En el mismo oficio, la autoridad identificó como principales instituciones de resguardo a Progreso Amigo C.A.C., Proyecto Amigo C.A.C. y el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE).

Aunque no se especificó cuántos de estos menores fueron reportados como desaparecidos desde estos centros, la Procuraduría confirmó que sí existen casos de ausencias no autorizadas, es decir, niñas, niños o adolescentes que escaparon del resguardo institucional.

Informó que estas situaciones derivaron en la apertura de carpetas de investigación ante la Fiscalía, aunque no se detalló cuántos casos correspondían a cada institución.

Lo que la autoridad sí dejó claro es que, incluso cuando un menor se ausenta sin autorización, la responsabilidad del albergue no desaparece. La institución mantiene la obligación legal de protección hasta que el caso se resuelva.

Sin embargo, la pregunta de fondo no es solo cuántos se han ido, sino por qué.
¿Qué está fallando dentro de esos espacios donde deberían sentirse seguros? y ¿Qué tanto escuchamos lo que niñas y niños intentan decirnos cuando deciden irse?

Información oficial que no se entrega

La solicitud original pedía algo muy sencillo: saber cuántas alertas se resolvieron en menos de 24 horas, cuántas en una semana, cuántas tardaron más y cuántas siguen activas, pero la respuesta oficial fue que no existe esa clasificación.

Los registros contienen la fecha de activación y la fecha de desactivación, pero no se sistematiza esa información para conocer el tiempo transcurrido.

También se pidió saber cuántas desapariciones habían ocurrido desde albergues o casas hogar. La Fiscalía no respondió nada, solo el DIF y la Procuraduría aceptaron que sí existen esas ausencias, aunque no entregaron datos puntuales. Esto evidencia una falta de trazabilidad institucional que impide tener diagnósticos certeros y diseñar políticas públicas más precisas.

Una deuda pendiente con la infancia en Yucatán

Las alertas salvan vidas, pero también son una fotografía de lo que no está funcionando. La Alerta Amber permite movilizar recursos y atención social ante una desaparición, aunque no resuelve las causas estructurales que la ocasionan.

El aumento sostenido de activaciones, las reincidencias, la falta de seguimiento, las ausencias en albergues y la desproporción de adolescentes mujeres desaparecidas reflejan una crisis más profunda.

Cada Alerta Amber es un grito de auxilio. Y si bien la mayoría de las veces se logra encontrar al menor, muchas otras el silencio persiste.

El reto no está solo en activar protocolos, sino en construir entornos donde no sea necesario hacerlo. Donde la infancia y la adolescencia puedan, simplemente, vivir en paz.

*Por su interés reproducimos este artículo escrito por Miguel Ángel Sosa Román publicado en Diario de Yucatán.

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