El error garrafal no forzado del Fiscal General del Estado

Álvaro García Ortiz podía haber delegado en su competente número dos, Ángeles Sánchez, la teniente fiscal pero optó por una vía indirecta que ha resultado un fiasco

¿Y ahora qué? Pues ahora manda Geli. Ya explicaré quien es Geli más tarde.

Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, frase que solía decir Rafael Torres El guerrita, el torero del ingenio, cuyo autor fue Charles-Maurice Talleyrand (1754-1838). Lo que era la crónica de un fiasco anunciado para el fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, se convirtió en realidad ayer en Fortuny, 4, sede de la FGE y de los fiscales de la sección primera de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

García Ortiz y su antecesora y mentora, Dolores Lola Delgado, viven al ritmo de los medios de comunicación, que les producen una adicción enfermiza. Y esta es la razón por la cual en lugar de hacer su trabajo, Álvaro García Ortíz, se dejó seducir por la estrategia de dejar en manos de la junta de fiscales el informe sobre la exposición razonada del juez Manuel García-Castellón -el Baltasar Garzón mediático del tiempo presente- dirigida a la Sala Segunda para imputar a Puigdemont y al diputado del Parlament Rubén Wagensberg por terrorismo en las acciones del Tsunami Demoràtic de noviembre de 2019 contra la sentencia del procés del 19-O.

Los tres fiscales del procés presentes, mira por dónde, no tuvieron persuadir a sus compañeros para votar 13 contra 2 en el sentido de que hay indicios de delito de terrorismo. Y 11 contra 4 de que los indicios que aporta el juez son suficientes para seguir en el Supremo la investigación.

Los fiscales del procés consiguieron sin proponérselo incluso más de lo que les llevó a la frustración cuando el tribunal presidido por Manuel Marchena rechazó condenar por delito de rebelión y optó por el de sedición de los hechos de 2017.

Y se ha conseguido también crear una situación en un abrir y cerrar de ojos falsamente dramática que evoca la de aquellos días del 1-O. 

La tragedia de aquellos días convertida ahora en farsa. Estos hechos ahora considerados gravísimos estuvieron en el cajón de la Audiencia Nacional durante más de cuatro años antes de ser atraídos por la oportunidad de torpedear la ley de amnistía.

El informe a la Sala de la Admisión lo redactará Ángeles Sánchez -¡qué paradoja, podía haber elaborado el informe dentro de las atribuciones de la FGE sin someter su punto de vista a la junta, que no era preceptiva- y ahora podrá plantear lo que la Fiscalía General del Estado estima­, en sintonía con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que milita activamente contra la calificación jurídica de terrorismo y sostiene que los indicios para relacionar a Puigdemont con los hechos es débil.

¿Por qué será así el desenlace en la Fiscalía?

Porque los dos jefes de la sección están en desacuerdo. Fidel Cadena a favor de la admisión; Sánchez-Covisa en contra.

Por tanto, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la decisión, por dicho desacuerdo de los jefes, pasa al superior jerárquico. A Geli, como la llaman todos. Y no se trata de que repita lo que se votó por mayoría. No. Su papel no es el de un relator que nos cuenta lo que sucedió este martes 6 de febrero.

Es lo que la FGE cree debe ser la conducta de la Sala de Admisión ante la exposición razonada.

La decisión que adopte, como la expresada mayoritariamente en la junta, no es vinculante. La Sala de Admisión del Supremo que preside Marchena y al que informará el magistrado Juan Ramón Berdugo como ponente decidirá lo que crea más conveniente, tanto sobre el terrorismo como sobre la participación de Puigdemont en las acciones de protesta de 2019.

Se podría creer que Álvaro Redondo actuó según aquella frase que se atribuye quizá sin fundamento pero ingeniosamente a los Hermanos Marx. Como un marxista grouchiano cuyos principios si no gustan se cambian.

Todas las fuentes consultadas por este periódico, y son muchas, estiman que sería injusto. Álvaro Redondo sintió una profunda herida mientras sus compañeros iban votando contra el informe. Nada más empezar se le trató de tranquilizar con la afirmación de que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión.

Tras asumir la ponencia, el fiscal Redondo redactó un primer borrador y se lo envió el mismo 26 de enero a algunos pocos colegas. Reproducía en él los argumentos de García-Castellón para concluir con un informe en el que daba su apoyo a la imputación de Puigdemont y al delito de terrorismo. Pero hizo una segunda reflexión y llegó a la conclusión de que ni los hechos eran graves ni los indicios daban para imputar a Puigdemont.

El 30 de enero pasado sobre las ocho de la mañana se lo envió a sus jefes por correo electrónico, según ha confirmado El Periódico.

Y antes de la reunión de la junta semanal de fiscales en Fortuny, 4, pasó ese martes 30 por el despacho del fiscal general del Estado, en el mismo edificio. Allí ya iba, pues, con el cambio de criterio. No tuvo lugar ningún intercambio de opiniones. Redondo informó al FGE que su ponencia era contraria a admitir la imputación de Puigdemont.

Redondo informó en la junta que había hablado con el FGE al hilo de un planteamiento sobre su posición contra la amnistía. Según ha publicado la amnistía no tiene ninguna cabida en la Constitución. Se sugirió que quizá se debía abstener. Pero el asunto no fue especialmente polémico.

Lo que se puede dar como hecho probado es que el fiscal Redondo hizo su nuevo informe y lo repartió a los jefes antes de departir con el fiscal general del Estado.

Siempre puede haber incentivos profesionales -la categoría de “fiscal de sala del Tribunal Supremo” es el sueño de todo fiscal que se precie y hay varias vacantes en estos momentos y es la cima de la carrera-, por lo que en el cambio de opinión pudieron operar diferentes factores.

Si uno lee atentamente los escritos -que hemos publicado en El Periódico de Cataluña- verá que su trabajo intelectual y procesal es extraño. Está de acuerdo primero con imputar y  dice después que hay que rechazar esa imputación. En la juntas explicó que su cambio de criterio se había debido a que está convencido de que con independencia de que la finalidad de las movilizaciones pudiesen ser calificadas de terrorismo, el resultado no había sido grave. Que lo creía firmemente.

Solo es consecuente en un punto: que los indicios contra el diputado Wagensberg son insuficientes. “Ninguna de dichas actuaciones aparece conectada personalmente con el investigado y la mera participación general del mismo en la organización del Tsunami no parece que alcance a satisfacer la exigencia territorial estatutaria…”, escribe el 26 de enero. Y el 30 de enero se pronuncia por rechazar tanto para Puigdemont como para Wagensberg la imputación.

“Los indicios -dice en su proyecto de informe del 30 de enero, rechazado en la junta- tenidos en cuenta por el instructor, en orden a elevar  la exposición razonada, resultan demasiado abiertos para poder afirmar que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Tribunal Supremo asumiera la competencia”.

Si son “demasiado abiertos” pero existen podría ser ese un argumento para justificar la profundización – es decir, ver si fuera posible cerrarlos- en el Supremo porque ahora el juez de la Audiencia Nacional no puede investigar a los aforados, Puigdemont y Wagensberg. Lo que se discute es si los indicios existen o no; no si son abiertos, cerrados del todo o al medio.

Redondo se iba desmoronando físicamente hablando a medida que avanzan las cuatro horas de sesión, entre las 10.00 horas y poco antes de las 14.00. Algunos de sus compañeros intentaron reconfontarle.

La estrategia del FGE ha dado más relevancia, mucho más de la que, en rigor, debería tener, a la exposición razonada que podríamos llamar de “urgencia” que el juez García-Castellón lanzó sobre la tramitación de la ley de amnistía.

A la luz de este circo -un error no forzado del FGE que ha terminado en un fiasco formidable- ¿qué pasará en la Sala de Admisión? Es probable, claro, que la Sala Segunda del Supremo, esté interesada en mantener la espada de Damocles sobre la ley de amnistía durante lo que resta de tramitación e incrementar las grietas entre Puigdemont y Pedro Sánchez, provocando más desgaste en el Gobierno. Eso puede hacerlo admitiendo la exposición razonada y encargando a Berdugo la investigación.

O devolvérsela a García-Castellón para que siga instruyendo los hechos y vuelva a pedir la imputación de Puigdemont más adelante. Dependerá de cuánto quiera implicarse la Sala de Admisión y su presidente en la guerra de guerrillas contra el Gobierno.