La Policía expedienta al agente que agredió a una profesora en las protestas por la educación pública en Valencia

1 de junio de 2026
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Momento del empujón. | Fuente: X

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana anuncia una investigación para «depurar responsabilidades»

La Policía Nacional ha puesto en marcha un procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente que, durante la jornada del domingo, agredió por la espalda a una docente en Valencia. La víctima, que finalmente ha presentado una denuncia por los hechos, participaba en una movilización en defensa de la educación pública enmarcada en la huelga indefinida del profesorado de la Comunidad Valenciana. Lo sucedido quedó registrado en varios vídeos difundidos en redes sociales, donde se observa cómo un policía con casco corre hacia la mujer y la empuja fuertemente con la porra por la calzada, provocando que caiga al suelo.

Las imágenes han desatado una ola de indignación política y social, liderada por la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien calificó las grabaciones como algo «inaceptable» y anunció una investigación para «depurar responsabilidades». Bernabé defendió en la red social X que «proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia» y lamentó un hecho que considera que «empaña el trabajo de la Policía». No obstante, tras una reunión con el subdelegado del Gobierno y los representantes sindicales de la huelga, las partes se han emplazado a colaborar para garantizar el derecho constitucional de manifestación.

Por el contrario, las declaraciones de la delegada provocaron un profundo malestar en las organizaciones sindicales de la policía, que han salido en bloque a respaldar al agente. Desde la Unión Federal de Policía se justificó la intervención como una medida rápida para evitar la invasión de la vía pública, afirmando: «Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas». Asimismo, tanto este sindicato como la Confederación Española de Policía (CEP) acusaron a Bernabé de hacer política con su labor y de quebrantar la presunción de inocencia, recordándole que son los órganos competentes y los jueces, y no ella, quienes deben resolver la culpabilidad.

Críticas a Interior

La polémica ha escalado al panorama político nacional, donde diversas formaciones de izquierda han dirigido duras críticas hacia el Ministerio del Interior. El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, tildó lo ocurrido de «agresión salvaje e injustificada» contra alguien que «estaba tranquilamente hablando por teléfono», confirmando la presentación de una pregunta en el Congreso. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, censuró que no se expulsara de inmediato al agente, denunciando en redes que el policía «empuja por la espalda, tira al suelo y le rompe la nariz a un señora jubilada de 68 años».

Otras fuerzas como Podemos y Sumar también han tomado una postura firme ante el incidente. La líder de Podemos, Ione Belarra, afirmó que el Ejecutivo «está completamente fuera de control» y exigió el «cese inmediato de este agente y dimisión de Marlaska de una vez». Desde Sumar, Eduardo Fernández Rubiño celebró la apertura del expediente calificando las imágenes de «lamentables», al tiempo que criticó el contraste en los despliegues de seguridad en España, sugiriendo que la respuesta policial suele ser muy «tibia» ante las movilizaciones de la derecha y «muy contundentes» cuando las protestas provienen de la izquierda.

Este grave altercado ha reavivado con fuerza la tensión en un sector educativo que arranca ya su cuarta semana de huelga indefinida tras encallarse las negociaciones con la Consejería de Educación. El mismo domingo, cientos de docentes realizaron una sentada y una cadena humana alrededor del edificio oficial, mientras representantes de CCOO, UGT y Stepv pasaron la noche en su interior para forzar un diálogo real. En respuesta a la agresión, este lunes varios centros educativos han procedido a la lectura de un comunicado de condena, en un escenario donde las posturas entre la Administración y los trabajadores se mantienen en un punto muerto.

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